Celulares en las cárceles: esta semana se define si los presos podrán seguir usándolos o no

El juez Sebastián Sarmiento, diferentes autoridades de la Justicia, el Gobierno, el Servicio Penitenciario y una asociación participaron este lunes de una audiencia para tratar el beneficio que permite que los presos tengan celulares dentro de las cárceles de Mendoza. Algunos se manifestaron en contra y otros a favor de la propuesta, por el momento, el magistrado trabajará esta semana en resolver la situación. 

En dialogó con MDZ Radio 105.5 FM, el juez a cargo de la definición explicó cómo se determinará lo que se hará en Mendoza y cómo se van a manejar dentro de los penales. El magistrado comenzó dando un contexto sobre el debate: "La situación se ha dado desde el año 2020, cuando se autorizó de manera excepcional. A partir de allí, las sucesivas declaraciones de emergencia motivaron un nuevo análisis para determinar si continuaba o no este permiso que me tocó resolver en aquel momento. La última declaración de emergencia del ex presidente Alberto Fernández llegaba hasta el 31 de diciembre, es por eso que días antes de esa finalización un conjunto de defensores oficiales de la provincia de Mendoza presentaron un pedido de continuidad de prórroga del uso de telefonía celular".

Respecto a la audiencia realizada este lunes 8 de enero, comentó: "Este pedido fue acompañado también por la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial y el señor Procurador de las personas privadas de libertad. Los otros organismos fueron los que han participado el día de ayer en la audiencia que se fijó para los efectos de que compartieran sus fundamentos, y además le dimos intervención al Ministerio Público Fiscal y al Servicio Penitenciario. La idea era poder escuchar a todos los actores para conocer los argumentos y poder resolver de una manera más apropiada una situación que es bastante compleja porque tiene un impacto muy significativo en el ámbito carcelario, pero también en el ámbito social. Luego de esta audiencia me toca analizar todos los argumentos y durante esta semana se procederá a resolver".

"Durante la pandemia las soluciones fueron dispares. Los servicios penitenciarios más grandes, en Córdoba y Santa Fe, no autorizaron el uso de telefonía celular, a diferencia de Mendoza y provincia de Buenos Aires, por ejemplo. En este sentido, la argumentación principal del día de ayer tenía que ver, por un lado, con que el actual presidente Milei dispuso una nueva salida de emergencia sanitaria, pública, económica, y en virtud de ello entienden que esto sería nuevamente un marco que ampararía esta circunstancia; y además los efectos que entienden beneficiosos que ha provocado el uso de telefonía celular, principalmente lo que tiene que ver con el contacto familiar, social, la baja en el índice de violencia carcelaria y algunos aspectos que tienen que ver con el acceso a la educación", agregó.

Además, explicó que "la regulación que dispuso el servicio penitenciario una vez que nosotros autorizamos el uso, fijó básicamente que el teléfono solo se utilizaba en el ámbito de su lugar de alojamiento específico dentro del pabellón. No se podía utilizar en otros lugares, ya sea en el ámbito de los talleres, aulas, ni en cualquier acto procesal judicial que tengan que llevar adelante las personas privadas de libertad. Esos eran los límites, no hay un horario porque es bastante complejo limitar el horario de uso. Además está la prohibición del uso de redes sociales y cualquier tipo de contacto que tengan prohibido".

El juez advirtió que "es un derecho tipo universal, no se estableció ningún tipo de prioridad en el momento de la autorización porque se tenía en cuenta la circunstancia general que era la limitación del contacto con su familia. Eso fue un poco el principal fundamento, en un primer momento no había directamente contactos familiares, luego comenzaron las visitas dentro de las cárceles poco espaciadas y hoy son cada 14 días". 

Respecto a los delitos registrados a través del uso de la telefonía dentro de las cárceles, sostuvo: "El Ministerio Público Fiscal informó en la audiencia que hay unos 160 o 180 delitos que se habían investigado en un contexto carcelario, es decir, cometidos con celulares ubicados dentro de las cárceles. En algunos casos se ha podido determinar la responsabilidad penal. El tema es que no hay estadísticas comparables respecto a los años anteriores, porque no era un criterio estadístico a analizar, por eso no se puede comparar si ha crecido o no con la utilización de los celulares dentro de las cárceles".

"El número que se brindó ayer se podrá comparar de acuerdo a la resolución que se termine dando. Hay otra circunstancia, y es que la propia ley ordena el sistema de bloqueo o inhibición de señal. Esto último sería la única garantía concreta del no uso de celulares porque antes de la pandemia era muy común debido al ingreso ilegal. Es decir, que la única forma de necesariamente determinar o garantizar esta normativa tiene que ver con la inhibición de la señal, situación que también es técnicamente bastante compleja", finalizó Sebastián Sarmiento.

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