Confirmado: 97 mendocinos perdieron el plan Potenciar Trabajo por irregularidades

Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 17/2023 del Ministerio de Capital Humano. A través de la misma la ministra Sandra Pettovello suspendió más de 4500 pagos del programa Potenciar Trabajo y entre las personas alcanzadas aparecen 97 mendocinos. 

Según consta en la resolución, la decisión se tomó en base al informe remitido por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) en el cual se determina la identidad de personas detectadas en posible infracción. Los trabajos judiciales arrojaron que "luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan".

El fiscal Marijuan había solicitado en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad, a fin de cruzarlas con el padrón del plan social. Según la información remitida por la secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno de Mendoza, hay 97 personas que estarían en infracción.

Los titulares de Potenciar Trabajo cobran $78.000 y el Gobierno del presidente Javier Milei ya aclaró que ese monto se congelará, por lo que no habrá aumentos en los próximos meses. El objetivo del programa es "mejorar los ingresos de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, cuya finalidad es contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios y sus familias y promover el sostenimiento, fortalecimiento y sustentabilidad de las actividades que lleven a cabo".

Sin embargo el año pasado se detectó que había beneficiarios del plan que viajaban al exterior y tenían vehículos de lujo a su nombre en base a ello el fiscal federal Guillermo Marijuán inició una investigación con el objetivo de identificar los casos en los que  existen irregularidades en torno al cobro del beneficio.

“Cada 1.000 planes irregulares, son 80 millones de pesos que mensualmente tiene que poner el Estado, que tiene que recaudar de nuestros impuestos, de los ingresos, para poder pagar eso”, comentó meses atrás el fiscal Marijuán.