LEVRINO BAJO LA LUPA

Una gestión fallida en Seguridad que se está despidiendo con todo

El ataque a la fiscal Claudia Ríos y el gigantesco incendio en la playa San Agustín volvieron a poner el foco sobre la gestión de Raúl Levrino. Ya sobre el final de mandato la política implementada tiene su balance: bajaron los delitos graves, pero nunca se pudo atacar el problema en la calle.

Marcelo Arce
Marcelo Arce domingo, 17 de septiembre de 2023 · 14:18 hs
Una gestión fallida en Seguridad que se está despidiendo con todo
El ministro ha tenido momento cuestionables en su gestión.

Con una cuota importante de cinismo (aunque bastante cerca de lo que marca la realidad muchas veces) Rodolfo Suarez jugó siempre el mismo juego cada vez que su ministro de Seguridad, Raúl Levrino, quedó parado justo en el medio del ojo de alguno de los varios huracanes que le tocó atravesar en estos tres años largos años que ya lleva de gestión. “El quilombo va a pasar y ya se hablará de otra cosa”, fue casi siempre la salida encontrada, cuando los pedidos de renuncia sobre quien fue sin dudas su funcionario más cuestionado arreciaron.

Ahora, en este fin de ciclo que se acerca, la gestión fallida de Levrino se está despidiendo con todo. El ataque a la fiscal Claudia Ríos desnudó la negligencia en el accionar del Servicio Penitenciario que está a su cargo y las llamas en la playa San Agustín volvieron a encender las sospechas de que allí, lo que sucede en realidad, es que o bien la policía se dedica al negocio de canibalizar los vehículos secuestrados. O que, como ocurre asimismo en otras ocasiones, se vuelve incontrolable el accionar de delincuentes que ingresan al predio para desguazar automóviles.

Algo aliviado debe haber respirado el ministro, sin embargo, en medio de tanta convulsión: en los dos casos se podría haber desencadenado una tragedia. Con la fiscal ni hablar, si no hubiera sido por el accionar de su gas pimienta. Raro aquí lo que sucedió. Claudia Ríos tenía a su aerosol de defensa en la cartera y decidió ponérselo en el bolsillo solo minutos antes de que comenzara la audiencia contra su atacante Hugo Arredondo. O algo presintió Ríos o algo sabía que podía llegar a suceder.

Claudia Ríos, la fiscal atacada. 


Todavía no existen demasiado detalles de la investigación, pero algo ya es seguro y es que las requisas de los penitenciarios fallaron. ¿Dónde tenía Arredondo la chuza con la que atacó a la fiscal? Perdió peso con el transcurso de las horas la alternativa de que se la dejaron en un baño, para que cobre fuerza la posibilidad de que la llevó escondida en un lugar del cuerpo al que, por norma, los agentes no pueden revisar. Eduardo Orellana, el director del Servicio Penitenciario, asumió la gravedad del hecho pero se molestó cuando le preguntaron si pensaba asumir políticamente el costo de tamaña negligencia de un grupo de los suyos. Es más, se lo escuchó despotricar contra la relativa falta de experiencia de uno de los penitenciarios que luego del hecho fueron pasados a disponibilidad, que era el encargado (por orden del propio Orellana) de mantener esposado a Arredondo durante la audiencia. El juez ordenó quitarle las esposas y el penitenciario obedeció. Según el relato del director del servicio penitenciario, debió haberse mantenido firme con la instrucción inicial ante el magistrado dada la peligrosidad del reo en cuestión.

En el incendio de San Agustín no murió nadie de milagro también. La voracidad de las llamas alcanzaron a las viviendas cercanas al depósito de autos oficial y esas familias, más de quince en total, si bien perdieron todo, al menos no tuvieron víctimas fatales que lamentar. No es la primera vez que se incendian vehículos en ese lugar. De hecho cada tanto se tienen noticias de episodios similares, aunque esta vez todo se desmadró como consecuencia del viento Zonda que sopló justo en ese momento. A las siete de la tarde del viernes ya se había apagado un primer foco de incendio en la zona. En la madrugada, con otro foco, terminó por arder todo con columnas de humo de centenares de metros de altura.

No es un secreto a voces desde hace años que San Agustín se transformó en una especie de desarmadero de autos que opera por lo general con los vehículos que se encuentran judicializados y que están parados allí durante meses o años. El tema es si esas operaciones ilícitas son llevadas adelante por delincuentes que ingresan al predio a robar, o si la Policía Vial, que está a cargo de la custodia de la playa, participa de esas operaciones irregulares.

Prender fuego los autos allí siempre tuvo dos objetivos. O la policía los quema para ocultar un posible robo, o los malvivientes lo hacen para distraer la atención en un sector de la playa para entrar a vandalizar por otro. Según la versión oficial de lo ocurrido el viernes, pasó esto último. El fuego se inició en el sector de San Agustín en donde están amontonados los autos que secuestra la municipalidad de Capital y se inició fuera de los límites del predio. Si después todo se fue de madre fue porque el viento hizo lo suyo.

Hace años que se viene detrás de un plan para compactar la mayor cantidad de autos posibles en ese lugar y terminar con el problema. En 2021 se sancionó una ley en la Legislatura y se creó el Programa Mendoza Compacta, pero la provincia no tiene una máquina compactadora y licita a privados los pocos autos que se destruyen por año.

Levrino, el ministro nuevamente cuestionado. 



Desde el origen de los tiempos de esta gestión en Seguridad, se viene refutando con datos propios las críticas que nunca disminuyeron en intensidad. El argumento central de defensa de Levrino y equipo mantuvo a lo largo de estos tres años y pico el mismo hilo conductor: que se controló la tasa de homicidios y que también se logró disminuir la cantidad de robos agravados. Sobre el primer punto, según las cifras oficiales, entre enero y agosto de este año los homicidios en Mendoza fueron treinta y seis. Lejos (y acá el segundo punto de la argumentación oficial) de distritos como Rosario o el Gran Buenos Aires en donde, en la primera de las ciudades mencionadas, la cantidad de homicidios trepó a los doscientos en el mismo lapso de tiempo.

“En Mendoza no se vive ni de cerca la realidad de la inseguridad de Rosario”, se defendió el jueves el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, jefe de los fiscales y brazo ejecutor de la política criminal del gobierno desde la gestión de Alfredo Cornejo, mientras ensayaba una explicación acerca de qué había sucedido con la fiscal Ríos. Es cierto eso. Aunque el nudo de la inseguridad en la provincia está corrido desde hace tiempo hacia otro foco. Y ese es el punto: el ministerio de Seguridad apenas si pudo controlar el problema que tuvo siempre delante de sus ojos.

Comparado con años anteriores, la cantidad de delitos simples creció, existen zonas rojas que no son otras que las de gran movilidad urbana y los hechos particularmente ocurren entre las 19 y las 23 de los días jueves, viernes, sábado y domingo. En Mendoza apenas si se logró mantener a raya el robo de autos y de neumáticos y no se detienen los hurtos, el robo de celulares y las entraderas a las viviendas. Además, existe otro elemento vital que refleja la situación y distorsiona las estadísticas. No existe actualización reciente, pero las encuestas de victimización le reflejan al gobierno que la mayoría de los delitos que se producen no se denuncian. Esa cifra el año pasado llegó al 80% cuando históricamente rondó el 50%. Desde 2016 que ese síntoma de que la víctima de un robo no tiene expectativas de que la Justicia le brinde algún tipo de respuesta viene creciendo. Ese año la “cifra negra del delito” como se la conoce llegó al 60%, siguió trepando en 2019 (65%), hasta llegar a los valores actuales que demuestran que, en el fondo, lo que baja no es el delito. Sino que lo que descienden son las denuncias.

Por supuesto que el Gobierno y la oposición están enfrascados hace tiempo en una disputa política alrededor del problema sin haber encontrado soluciones de fondo y esta campaña electoral no fue la excepción. Sin embargo un informe elaborado por el Frente de Todos en la Legislatura detectó que desde 2014 hasta 2023, el presupuesto destinado a Seguridad viene creciendo por debajo del incremento general de partidas dentro de las sucesivas leyes de Presupuesto. Como parte de ese dato entre el 2019 y el 2023 (años de gestión de Suarez) el gasto total creció un 609% mientras que los fondos destinados a Seguridad solo se incrementaron un 477% en el mismo lapso de tiempo. En términos de plata, la disparidad en el aumento de esas partidas representan unos $10.000 millones. En definitiva, el déficit de inversión se refleja en la calle. Falta de personal policial que además no está bien pago, dificultades para financiar obras de infraestructura, compra de móviles y de cámaras de vigilancia, solo por mencionar los efectos más importantes.

Número más o menos, la cantidad de policías que se suman a la fuerza siempre está equilibrada con los que se retiran (entre 400 y 500 por año) y desde hace una década aproximadamente que el total de miembros de la fuerza no supera los 9.500. En los últimos cinco años un problema se agravó: al elevarse los requisitos para ser policía solo el 20% de los aspirantes logra superar el primer año de capacitación en el Instituto Universitario de Seguridad Pública. La crisis económica del país y la gran cantidad de menores que terminan volcados al delito (que son inimputables para la Justicia) no terminan más que por empeorar el estado de cosas.



 

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