El riesgo al desmadre que acecha el fin de ciclo del gobierno de Rodolfo Suarez

Las elecciones por lo general tienen una lógica. Y la del próximo 24, en la que elegiremos a un nuevo gobernador, parece no estar saliéndose de ese carril. Sin embargo en la Argentina y en la provincia actuales ya constatamos, elección tras elección, que a veces la lógica no es la que se termina imponiendo en las urnas.

Dos aspectos clave ya podrían tomarse como seguros. Estamos frente a una elección polarizada entre Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, en la que el exgobernador estaría sumando la mayor intención de voto cuando faltan solo quince días para el comicio. La guerra de encuestas  es la que busca explicar de cuánto es esa diferencia. Para el gobierno, la luz de ventaja es considerable. Para La Unión Mendocina es corta y remontable de acá al final.

Cornejo se enfrentó cara a cara en esta campaña con el peor de los escenarios. De Marchi le terminó peleando al peronismo el rol de opositor y además padeció tanto el desgaste de su propia figura política como la carga que significó explicar la gestión de Rodolfo Suarez. Dos detalles acá. La campaña publicitaria de Cambia Mendoza es clara en este aspecto. Se muestra a un Cornejo sonriente y “de tu lado” en los carteles, como una forma de buscar despegarse ya de esa imagen de dirigente duro, peleador y con ciertas inclinaciones autocráticas que marcaron su estilo de casi todos sus tiempos. El problema fue que esa impronta histórica le funcionó en elecciones anteriores, pero lo afectó en esta vuelta. 

Algunas encuestas nacionales de imagen lo mostraron con un diferencial negativo importante y además con pérdida de intención de voto en los sectores jóvenes. Un dato a favor, es que conserva el voto en la franja superior a los 40 años de edad. Y el segundo aspecto a mencionar que refleja el estado de cosas interno: cuentan que en una gira reciente por San Rafael, mientras debatía con un grupo de docentes, uno de ellos le tiró encima las falencias de la actual administración radical. “Yo no  estoy en la gestión”, le contestó lacónico a quien lo interpelaba, dejando traslucir lo que es su rezongo concreto. ¿Cuál? Qué si él hubiera estado al frente, muchas cosas no hubieran pasado.

Ya es sabido. Cambia Mendoza viene golpeando contra su techo electoral comicios tras comicios en este año. Y un dato no menor. Mendoza se comportó, históricamente, de una manera bastante cruel con los exgobernadores que volvieron a probarse en las urnas. Más allá de esto, una frase dicha por el propio Cornejo a su equipo pone blanco sobre negro el real estado de precupación: "Ninguna elección (y menos en Mendoza) esta ganada de antemano. Pero yo no veo peligro".

¿Dónde apuesta a crecer De Marchi para remontar la cuesta? Primero en convertirse en el receptor de todo el descontento con el gobierno provincial. Por eso la campaña tiene su slogan “12 años es mucho”. Y acá será vital la cantidad de votantes de Luis Petri que terminen inclinándose por él (descuenta que ocurrirá) así como también algo de ese porcentaje de más de 30% que no fue a votar en la PASO. “Cornejo tiene todas las de ganar, es cierto. Pero claramente no es el de antes”, se envalentonan alrededor del lujanino.

La Unión juega todas sus fichas además a otro plano: que les termine rindiendo electoralmente el aglutinamiento de dirigentes en el que se terminó convirtiendo su frente, sobre todo la pata peronista. Todo parece indicar - dentro de este último juego- que De Marchi se quedará con las ganas de pavonearse con el pase peronista  del año que apuntaba a concretar. Un llamado desde Buenos Aires lo frenó a Matías Stevanato, que tenía todas las intenciones de anunciar públicamente su deseo de participar activamente del espacio anticornejo. El intendente de Maipú ya puso a su gente a trabajar con la gente de De Marchi, pero no había que esperar mucho más que eso. ¿Quien lo llamó a Stevanato? “Lo llamaron desde la tribuna de la cancha de Tigre”, confesó con sorna un referente vinculado al Frente Elegí.

Independientemente de las estrategias de marketing electoral que entrarán en su etapa más frenética durante los próximos días, otra cosa también ya es segura a esta altura de la disputa: las propuestas de los principales candidatos oscilaron entre los lugares comunes (sobre todo en materia de desarrollo económico), mucha aplicación del Teorema de Baglini en caso de la oposición y, por parte del Gobierno, una notoria intención de buscar impacto con anuncios populistas. Pero se constató algo más peligroso en estos días y fue la visualización concreta de cierto desmadre en la relación con algunas empresas, que la administración de Suarez está mostrando en esta etapa en la que ya está de salida.

Para ir por partes. En un asunto clave, como el desarrollo económico a futuro por ejemplo, Cornejo planteó que si la matriz productiva está centrada en el agro y en el turismo, lo que hay que hacer entonces es darle valor agregado a estas actividades. No fue mucho más allá de este concepto durante todo este último tiempo. De Marchi siempre expresó que primero hay que ordenar el funcionamiento del Estado y mejorar además su calidad institucional, para que el sector privado salga del estancamiento en el que está sometido (según él) desde hace más de trece años. Una cosa se terminó por confirmar. La minería no fue debate en esta oportunidad, como sí lo fue en la campaña de 2019. Cornejo no quiere comprarse un problema y De Marchi está muy condicionado para avanzar con algún tipo de modificación a la Ley 7722 después de haber acordado en su momento con Jorge Difonso, uno de los redactores de esa norma tan restrictiva para la actividad. Y ahora, en su búsqueda incesante de sumar gente, terminó por incorporar a Marcelo Romano, otro sancarlino que operó siempre como cancerbero de la ley antiminera.

El candidato de LUM soltó esta semana una promesa fuerte. Dijo que si es gobierno, rebajará un 50% el Impuesto Inmobiliario para las viviendas unifamiliares y que además eliminará una veintena de tasas y hasta dejará de cobrar el Impuesto a los Sellos. Nada más atractivo en la escena de hoy que anunciar que se disminuirá la presión impositiva. Pero para avanzar con reducciones o eliminaciones de impuestos efectivas, del otro lado tiene que producirse una reducción del gasto para que la medida resulte viable. De Marchi parece no haber resuelto acabadamente esta ecuación. A la par que promete quita de impuestos, anuncia que mejorará los sueldos de maestros, policías, médicos y enfermeros en el sector público. Hoy, pagar salarios le representa al Estado casi la mitad de lo que recauda. En agosto pasado el gasto en salarios de los empleados públicos de Mendoza ascendió a los $30.000 millones y, si se decidiera otorgar un aumento del 10%, el costo sería de unos $3.000 millones. La cifra suena demasiado dura como para poder ajustar.

El gobernador se está mostrando muy activo en este tramo final de la campaña. Y expuso de manera brutal, en una de sus apariciones públicas más recientes, la contradicción entre criticar permanentemente como método al populismo hasta  que en algún momento se precise apelar a él. ¿Qué otra cosa que no pueda presentarse como populista fue el anuncio de que, unos días antes de las elecciones, el Gobierno va a sortear algo más de 2000 viviendas? Un montón de cuestiones aquí. La primera es que el IPV modifica la forma histórica de adjudicar viviendas que, desde hace años, se entregan ya con titularidades confirmadas. Nunca van a sorteo. La segunda y, no menor, es que de la totalidad de las casas que entregarán solo unos 150 estarían en condiciones hoy de ser adjudicadas. El resto, deberá esperar hasta bien entrado 2024 si es que se terminan. Existe a su vez otro tema que podría complicar mucho: para anotarse, los potenciales beneficiarios deben llenar un formulario en donde a su vez les exigen una serie de requisitos. El sorteo se hará dentro de diez días y se especula con que, dada la altísima demanda de viviendas, sean decenas de miles los que se anoten. Una carpeta del IPV tarda meses en analizarse antes de su aprobación. ¿Qué sucederá, como es muy seguro que ocurra, si algunos de los que resulten adjudicados en este sorteo no cumplen con los requisitos? Y por último. Se supone que el gobierno hará este sorteo en plena veda, esa misma que impide mezclar actos de gobierno con los de campaña. Suarez salió a jugar con la ilusión de muchísima gente que no logra acceder a su casa propia. Y a demostrar, asimismo, el poco apego a las normas cuando de juntar votos se trata.

Pero hay un aspecto más agudo aún para analizar en los anuncios oficiales de estos días. Rodolfo Suarez volvió a dar nuevamente muestras lo que fue su constante durante los últimos tres años y pico y fue su vinculación poco transparente con algunas empresas. Siempre, por desgracia, durante los últimos meses de varias gestiones en Mendoza hay que estar atentos porque es el momento en donde se apuran licitaciones y se producen movimientos de dinero ante el irremediable fin de ciclo. Podrá cambiar de mano el gobierno o no. Pero siempre hay un gobernador y un grupo de funcionarios que indefectiblemente se despiden de la gestión.

Suarez fue a San Rafael para poner a disposición de las empresas privadas toda la información disponible para que participen de la licitación de la represa El Baqueano. Ya está puesta desde hace bastante tiempo la lupa la forma en que la actual administración viene manejando los procesos licitatorios de dos mega proyectos: la extensión del Metrotranvía y el plan para la construcción de esta represa en el Sur. La obra del Metrotranvía estuvo rodeada de escándalo. Fue adjudicada a la constructora CEOSA, como única oferente por un costo de $40.000 millones que después se supo que fueron más y que originó una denuncia por el pago de sobreprecios por parte de De Marchi.

El Baqueano viene formando parte de una controversia entre Suarez y Cornejo que da la impresión que aún no está zanjada. El gobierno lanzó su plan para hacer esta obra, luego de que se cayera Portezuelo del Viento y allí comenzaron a circular todo tipo de especulaciones entre las empresas constructoras. La más fuerte, fue que lo que se desplegó formaba parte de una decisión del Ejecutivo de compensar a las empresas que se quedaron afuera de la construcción de Portezuelo y que pusieron mucho dinero en su momento (y ejercieron muchísimo lobby asimismo) para quedarse con una obra millonaria que finalmente no se hizo. A CEOSA de alguna manera la compensaron con el Metrotranvía. Obras Andinas e IMPSA (las otras dos empresas que se quedaron sin Portezuelo) podrían terminar siendo parte de El Baqueano. IMPSA ya está adentro.

Pero el punto de la discordia interna es otro. Cornejo dio por caído a Portezuelo en el mismo momento en que apareció en escena Alberto Fernandez (hace tres años ya) y entiende que El Baqueano deberá replicar el esquema que permitió la construcción del dique Potrerillos hacia finales de los 90, es decir, que no sea el Estado quien aporte la totalidad de los fondos sino que empresas privadas participen de la inversión. En aquella ocasión, la provincia puso su parte que resultó de los fondos provenientes de la privatización de las empresas de servicios y las empresas de Enrique Pescarmona y de José Cartellone también aportaron financiamiento para quedarse, finalmente, con el negocio de la generación de energía hidroeléctrica.

¿Por qué esta exigencia? Porque entiende que un acuerdo que Suarez firmó con Sergio Massa en torno a El Baqueano en el mes de mayo, les permitirá a las empresas garantizar un negocio extraordinario por la tarifa que el Estado nacional les pagará por la generación de energía. Y por ello el Estado no tiene por qué - entiende Cornejo- poner hoy todos los recursos para construir el dique. El tema de fondo es que acá están en juego la mitad de los mil millones de dólares disponibles del fideicomiso de Portezuelo que Suarez apuntó a gastar en El Baqueano y Cornejo lo frenó porque tiene planeado otro destino para esa fabulosa cantidad de recursos en caso de ganar.

Cuando fueron a presentar el plan al Sur esta última semana, quedó poco claro el asunto. Según el gobernador la empresa que se quede con la obra “ va a tener una inversión de más de 500 millones de dólares, con la particularidad de que también puedan venir privados a realizarlo y después cobrar la tarifa y el repago de la obra porque es lo que hemos conseguido con el gobierno de la Nación. Para Cornejo, no hay cambio de opinión. No es una “particularidad que puedan venir privados”. Si no hay participación privada, no se adjudica la obra que, como ya se sabe, será decisión que tomará el próximo gobierno.

Fue muy singular la celebración oficialista de la inauguración del hotel instalado en las cercanías de la Terminal de Ómnibus, el jueves. Está muy bien. La obra, junto a otros emprendimientos privados instalados en el lugar, revitalizaron una zona que es clave para el movimiento turístico. Pero un detalle: el desarrollo del alojamiento de categoría tres estrellas estuvo a cargo de la empresa Fuente Mayor SA, del Grupo Kristich, que a su vez administra las salas de juego en el hotel Fuente Mayor de Tunuyán y se quedó en 2021 con el negocio de una sala de Casino habilitada en San Martín por el propio Suarez.

La empresa incumplió con el contrato que firmó con el Estado provincial en el momento de la adjudicación para manejar el juego en el Este. Ese acuerdo incluía, además de la instalación de un casino, la obligatoriedad de la construcción de un hotel cuatro estrellas que debería estar terminado a finales de este año. Antes de terminar agosto último, el gobierno aceptó prorrogar estos plazos hasta el 2024 bajo el argumento de que lo hacía para permitirle al Grupo Kristich terminar con el nuevo emprendimiento de la Terminal.

Ya cuando se adjudicó el casino en San Martín la polémica estaba instalada. En primer término, si resultaba conveniente volver a impulsar el juego en la provincia. Pero además, cuando Suarez adjudicó, lo hizo dentro de un proceso complejo. Dos oferentes que se quedaron afuera, Desarrollos Maipú S.A (cuyo accionista es Daniel Angelici) y Traylon S.A. (vinculada al empresario Cristóbal López) y la Unión del Personal de Juegos y Casinos (UPJCM) presentaron denuncias ante la Fiscalía de Estado que luego no prosperaron. Cristóbal López obtuvo una compensación meses después. El Gobierno le adjudicó la licitación del Casino Central a Traylon para administrar las tragamonedas.

Otro elemento para analizar la decisión de permitirle a Fuente Mayor no hacer todavía el hotel que tiene comprometido en el Este. Además de abrirle el negocio, al momento de la adjudicación Suarez le subió de 49% a 68% el porcentaje de la recaudación (el resto se lo queda el Estado) lo que le permitió a la empresa por caso, quedarse con utilidades de $142 millones solo contabilizando lo que facturó en agosto pasado.

Para cerrar, falta aguardar todavía por el gran final. El ministerio de Economía y Energía que conduce Enrique Vaquié lo maneja todavía como una incógnita, pero el universo empresarial ya descarta que la Minera Aguilar se quedará con la licitación de Potasio Río Colorado que, en los papeles, será el último gran anuncio de esta gestión de acá hasta el final de mandato. Minera Aguilar es la compañía del rubro más antigua de la Argentina, estaba en manos del fondo Glencore y hace dos años anunció su cierre porque había agotado el yacimiento de plata, plomo y cinc que explotó por más de 90 años en la provincia de Jujuy. Aguilar fue adquirida por José Luis Manzano en enero de 2022 y sería ahora, junto a inversionistas brasileños, quien se quedaría con la explotación de las sales en Malargüe. El punto aquí no es solo a quien se le otorgará la concesión minera, sino qué hará con ella. Dentro de todas los interrogantes que presenta el tema, uno de ellos es qué empresa invertiría a riesgo hoy en la Argentina. Como anticipado descargo, voceros oficiosos argumentan que los cappitales brasileros que acompañan a Manzano son hoy importadores de sales de Potasio y que por eso apuntan a poner plata para poder abastecerse a ellos mismos. Pero también, el negocio tal cual aparece estructurado  conlleva un riesgo. Es decir, si efectivamente a quien se le termine entregando el negocio, se dedicará a la inversión y a la producción o, como ocurrió en adjudicaciones de gobiernos anteriores en el rubro petrolero y a uno de los mismos protagonistas, se tratará únicamente del intento por hacer un negocio inmobiliario.