Mendoza y el Banco Central van a una conciliación por el acceso a los dólares oficiales
El gobernador Rodolfo Suarez y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, fueron convocados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una audiencia de conciliación en el marco de un conflicto por las limitaciones al acceso a dólares. El cara a cara tendrá lugar el 6 de septiembre a las 12 en la sede de la Secretaría de Juicios Originarios, dependiente del alto tribunal.
La provincia cuestiona la prohibición para acceder al Mercado Único Libre de Cambios (MULC), señalando que le imposibilitaría cumplir con el pago de sus deudas públicas, cuyo vencimiento opera el 19 de septiembre próximo.
El gobierno de Suarez inició una acción contra el Estado Nacional y el Banco Central en la que solicitó que se declare si está alcanzada por la Comunicación "A" 7782 del BCRA, la cual limitó el acceso de las provincias a dólares para cancelar vencimientos de deudas y las obliga a pagar la mayor parte de las amortizaciones con dólares propios o conseguir una nueva financiación.
Esta norma dispuso que el punto 3.17 de las normas de "Exterior y Cambios" del Central, sobre refinanciación de vencimientos de capital de pasivos en moneda extranjera, resultará aplicable a partir del 2 de junio de 2023 “a los vencimientos de capital de los gobiernos locales que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior o a emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera, le resulta aplicable”.
En este sentido, Mendoza solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la norma, en caso de estar alcanzada por la misma. El Ejecutivo provincial entiende que esta medida implica serias restricciones para que la provincia acceda al Mercado Único y Libre de Cambios y pueda adquirir los dólares para cancelar en tiempo y forma su próximo vencimiento. Señala que el órgano nacional “ejerce competencias delegadas de manera abusiva, inmiscuyéndose en la autonomía administrativa y financiera de la provincia, atentando contra la buena fe y lealtad federal, pilar de la Constitución Nacional”.
El vencimiento al que debe hacer frente la provincia corresponde a la deuda en dólares tomada en 2016 durante la gestión de Alfredo Cornejo, la cual fue refinanciada en el 2020, a través de una operación que fue autorizada por la Nación. A raíz de ello se emitieron nuevos títulos -también en dólares- bajo denominación PMM29, los cuales tienen un próximo vencimiento de capital y servicios programado para el 19 de septiembre de 2023.
La Procuración General de la Nación intervino en la causa y dictaminó que, “en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito”, la cuestión corresponde a la competencia originaria de la Corte.
Por eso, el Máximo Tribunal instruyó a que se convoque a las partes a una audiencia que se celebrará en el ámbito de la Secretaría de Juicios Originarios el día 6 de septiembre de 2023, a las 12.