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Quién es Sebastián Capizzi, el fiscal que más incomoda a los políticos

Fue el fiscal anticorrupción de Mendoza y encabezó las investigaciones contra los exintendentes Sergio Salgado y Luis Lobos, ambos condenados por corrupción. Lo apartaron del cargo luego de que se avocara a investigar una denuncia contra el oficialismo.

Mariano Bustos
Mariano Bustos miércoles, 12 de julio de 2023 · 11:12 hs
Quién es Sebastián Capizzi, el fiscal que más incomoda a los políticos
Capizzi, en la audiencia realizada en el Senado antes de ser designado como fiscal. Foto: Twitter LegislaturaMDZ

Este martes el gobernador Rodolfo Suarez salió a desmentir presiones políticas en el Poder Judicial y dijo que es "absurdo" que se diga que los fiscales son obligados a imputar por coacción a la funcionaria lasherina Janina Ortíz. De esa manera intentó minimizar lo que el fiscal de Delitos no Especializados, Sebastián Capizzi, dejó por escrito en un documento que la fiscal adjunta Paula Quiroga lo obliga a imputar a Ortiz dejando constancia pública de su "posición personal de total desacuerdo con la medida ordenada". Pero no es la primera vez que Capizzi tiene que lidiar con las presiones políticas que existen en el Poder Judicial de Mendoza. Más bien ha sido una constante a lo largo de su carrera.

Como jefe de la fiscalía de Delitos Económicos, Capizzi tuvo a su cargo las investigaciones que terminaron en las condenas de los exintendentes peronistas Sergio Salgado y Luis Lobos. En 2018 Salgado fue condenado a cinco años de prisión gracias al trabajo de Capizzi y el fiscal Santiago Garay. Un año después, en 2019, logró junto a la fiscal Susana Muscianisi la primera condena contra Luis Lobos, sentenciado a 4 años y medio de presión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Luis Lobos tiene dos condenas por corrupción.

Durante largo tiempo fue jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos de forma interina sin que el Senado lo ratificara en el cargo. Había reticencia a su formalización como fiscal y el motivo parecía ser claro: su eficiencia. Finalmente, en 2019 consiguió el aval legislativo para su confirmación al frente de la fiscalía.

Sin embargo, eso no evitó que el fiscal anticorrupción de Mendoza fuese trasladado de un plumazo cuando decidió darle marcha a una denuncia presentada por el propio Sergio Salgado contra Alfredo Cornejo. Una vez más Capizzi cumplió con su trabajo: investigar. Ordenó realizar una pericia contable y confeccionó una serie de pedidos de informes. Fue lo último que hizo como fiscal de Delitos Económicos porque el procurador Alejandro Gullé determinó que el mejor lugar para que Capizzi continuara su trabajo era en la Unidad Fiscal del Valle de Uco. Con una firma en la Resolución 316, lo trasladó a Tunuyán con nuevas tareas. La maniobra fue denunciada años atrás por la agrupación Xumek ante el Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados como un ejemplo de la falta de independencia que existe en el Poder Judicial de Mendoza.

Las ideas y vueltas volvieron a poner a Capizzi en el centro de la escena. Nadie imaginó que la fiscalía de Delitos no Especializados sería un lugar desde el que pudiese generar inconvenientes pero ocurrió. En el departamento de Las Heras la campaña electoral se ha transformado en una "guerra de bandas" entre el cornejismo y Daniel Orozco. Desde que este último decidió ser candidato a vicegobernador de Omar De Marchi, se dispararon decenas de denuncias cruzadas con claras intencionalidades políticas. Pero fue Capizzi el que dejó por escrito lo que muchos afirman que está pasando en la Justicia.

Específicamente, reconoció por escrito que lo obligaban a imputar por coacción a la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, a pesar de que personalmente sostenía que era inconveniente imputarla "cuando aún faltan incorporar pruebas documentales y producir testimoniales que resultarían relevantes para formular una hipótesis de acusación sólida, con un contenido confiable, plausible y verificable". En otras palabras, afirmó que la orden de imputar a Ortiz la dio la segunda del procurador Alejandro Gullé, la fiscal adjunta Paula Quiroga, y que él está obligado por ley a acatarla a pesar de no estar de acuerdo con ella.

Al ser consultado sobre esta situación, el gobernador Rodolfo Suarez aseguró que se trata de "un absurdo" y negó que existan presiones políticas en el Poder Judicial. “Si hay algo que funciona bien en Mendoza es la institucionalidad, la división de poderes, la no injerencia de un poder sobre el otro”, manifestó durante una conferencia de prensa, luego de una entrega de viviendas en General Alvear. “Realmente son bastante osadas esas declaraciones e inciertas”, finalizó.

 

 

 

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