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García Zalazar reglamentó la obligatoriedad de los detectores de monóxido

La ordenanza se había aprobado por unanimidad en 2020 pero nunca se aplicó porque se olvidaron de publicarla. Tras el reclamo de ediles de la oposición, semanas atrás lograron que se promulgara y hoy se conoció el decreto reglamentario firmado por el intendente.

A través del decreto municipal 3.094 el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, reglamentó la implementación de los detectores de monóxido en los inmuebles que se construyan en el departamento. De esta manera, culmina el proceso que comenzó en junio del 2020 cuando el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza que establece la obligatoriedad de contar con ese tipo de dispositivos, pero nunca se implementó porque se "traspapeló" el expediente.

Desde el bloque del Frente de Todos denunciaron la situación y exigieron que se publicara la ordenanza que llevaba tres años cajoneada. Ante el reclamo, se enmendó el "olvido" y el propio presidente del Concejo Deliberante, Fabricio Cuaranta reconoció el error. La ordenanza se publicó finalmente a fines de junio y el 7 de julio el intendente firmó el decreto reglamentario.

Según consta en el mismo, se seguirán los lineamientos dispuestos por el Enargas y se exigirá un aparato eléctrico para la detección de monóxido de carbono en locales de uso doméstico y un aparato eléctrico para la detección de gas natural o gas licuado de petróleo.

"Previo a otorgarse el certificado de habitabilidad y final de obra municipal, se deberá presentar ante la autoridad de aplicación, copia del certificado de Comunicación de Trabajo Terminado (CTT) emitido por la Distribuidora de Gas (ECOGAS), organismo que posee la competencia para dictaminar sobre este tema", señala el artículo 4. El artículo 6 agrega que quedarán "exentos todos los edificios de uso doméstico que no posean instalaciones de gas".

En cuanto a la autoridad de aplicación se determinó que el control quedará bajo la órbita de la Dirección de Obras Particulares. Justamente, el concejal del peronismo Martín González había apuntado contra el titular de esa dependencia, Darío Falcone, como el responsable de las demoras para que se hiciera efectiva la ordenanza que determina la obligatoriedad de la instalación de detectores de monóxido.

En concreto, González afirmó que Falcone estaba al tanto de la existencia de la ordenanza pero dejó de gestionar su implementación luego de que el propio González se constituyó como querellante en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Los detectores cuestan entre $7 mil y $30 mil.

"Nosotros en su momento estuvimos en contacto con la autoridad de aplicación que es la Dirección de Obras Privadas del municipio y desde allí nos decían que estaban trabajando en la reglamentación de la ordenanza. Después el director no nos dio más bolilla y presentamos un pedido de informe preguntando en qué situación se encontraba. El director no nos contestó más por cuestiones obvias, porque nosotros lo denunciamos por enriquecimiento ilícito. Hay una causa penal en este momento por ese tema contra Darío Falcone que es la autoridad de aplicación de este tema puntualmente", manifestó en MDZ Radio el edil del Frente de Todos.

Más allá de esas suspicacias, en junio de este año se desempolvó el proyecto que se había aprobado por unanimidad en el 2020 y a partir de ahora las nuevas edificaciones en Godoy Cruz deberán contar con los dispositivos de forma obligatoria.