¿Quién controla al que controla?

Aun cuando las organizaciones de Derechos Humanos tengan las mejores intenciones -o alguna vez las hayan tenido-, la realidad existe, las personas somos personas y quiénes financian estas iniciativas nunca son inocentes y siempre tienen una preeminencia en el comportamiento de ellas, por más ecuánimes que sean (en teoría) en su comportamiento. El “Balance del financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana 2009 - 2021” del Global Center for Human Rights intenta poner luz sobre cómo la cuestión de quién sostiene a estos entes influye directamente sobre su accionar. El informe hace un análisis detallado del tema y termina proponiendo alternativas para que el sesgo ideológico al que están sometidas tanto la CIDH como la Corte Interamericana pueda evitarse, o al menos atenuarse.

Afirma que “quienes deberían supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados están, en ocasiones, comprometidos financieramente con quienes vulneran los tratados o, al menos, con los responsables de la distorsión de una
interpretación auténtica de los derechos humanos". Por eso destaca la necesidad de incorporar procesos imparciales y transparentes de rendición de cuentas, cuestión fundamental para un control mínimo de estándares de objetividad. En el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión y Corte), existe un doble financiamiento.

Por un lado, se nutre de los llamados “Fondos regulares” de la OEA, que vendrían a ser el presupuesto general. Por el otro, de
Fondos Específicos, es aquí donde comienzan los problemas. Puntualiza el informe que los fondos específicos generalmente incluyen una asignación específica y, por tanto, no entran al presupuesto general sino que son destinados a causas particulares. Se trata básicamente del financiamiento de una agenda, y no de un sistema. Es por este tipo de cuestiones y de la colonización ideológica que ciertas ONGs han ejercido sobre su secretaría ejecutiva que, tanto la Corte como la Comisión están desprestigiadas.

Por eso cuando este fin de semana la CIDH se pronunció en forma “indirecta” contra el gobernador Morales por el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales ante la violencia casi sediciosa de un grupo financiado por el gobierno nacional para torpedear una reforma constitucional, lo único que causó fue un revoleo de ojos y una sensación de “obviamente, qué iban a decir. Si gobernara otro, no habrían dicho nada”. No solo resulta cuanto menos suspicaz la velocidad de reacción de la CIDH ante los
eventos de Jujuy cuando todavía aguardamos su pronunciamiento respecto de graves violaciones a los derechos humanos perpetuadas en plena pandemia en nuestro país; sino que lo irónico del asunto es que nuestra Vicepresidente se monta sobre un
comunicado de prensa de la CIDH que se dirige a su Estado Nacional.

Así es, a pesar de los intentos de la Comisión por responsabilizar al gobierno jujeño, el sistema interamericano solo puede efectuar recomendaciones al ejecutivo nacional, es decir, al gobierno de la propia Cristina Fernandez. Es por eso que, si bien no estamos
ante una recomendación propiamente dicha, el comunicado no deja de intimar a “las fuerzas de seguridad del Estado” que “tienen un rol fundamental en garantizar la seguridad de quienes se manifiestan”. Teléfono para Aníbal Fernandez que se hace el
distraído mientras cita fallos de la Corte Suprema.

Algo similar ocurre con el reciente pronunciamiento del alto comisionado de la ONU con el que también se embandera rápidamente nuestra Vicepresidente. Allí, el Representante de la Oficina Regional para América del Sur expresa prematuramente que la reforma constitucional en cuanto a la prohibición de cortes de calles y de rutas “no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”. Sin embargo, parece que no le informaron al Sr. Jan Jarab y que tampoco leyó el texto completo del mismo artículo que critica porque allí se prescribe expresamente que la ley reglamentaria deberá ser “clara, precisa proporcional y respetar estándares internacionales de derechos humanos”.

Hace bien en pedir una audiencia con el Gobernador Jujeño para interiorizarse del texto constitucional. Lástima que adelante opinión en forma tan temeraria. Si una reforma constitucional aprobada por unanimidad de los convencionales constituyentes electos hace menos de dos meses es pasible de cuestionamientos institucionales, políticos e internacionales y si los organismos que deberían hacer una bandera de la imparcialidad solo se rasgan las vestiduras cuando los gobiernos les caen mal, estamos frente a un retroceso democrático-institucional peligroso. Esto no es novedad, pero no por remanido deja el tema de ser fundamental. Más bien todo lo contrario.

Casualmente, este viernes 23 de junio hay elecciones de integrantes de la CIDH. Es el momento propicio para instar a los Estados a seleccionar candidaturas que apuesten al fortalecimiento de la Comisión y demuestren genuina independencia, formación, experiencia y pleno compromiso con los derechos humanos tanto de las minorías como de las mayorías, y no solo los derechos de una parte identificada con una ideología política determinada. A mí me gusta la definición que dice que la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto absoluto a las minorías. No dejemos que nos la den vuelta y sigamos firmes en la defensa de que la mayoría se mide por cantidad de gente en un territorio y no por el mainstream ideológico mundial.

* Jimena de la Torre, Abogada y consejera en Consejo de la Magistratura Nacional.