Argentina amanece hoy bajo una clara amenaza para la democracia

Argentina amanece hoy bajo la presión de una nueva amenaza al sistema democrático. Jujuy opera en ese sentido como un laboratorio donde el actual oficialismo nacional parece querer demostrar lo que le puede pasar al país si no renueva en la Casa Rosada a un Gobierno peronista. Esta certeza no es una mera especulación: basta recopilar las declaraciones de los últimos meses de dirigentes, militantes, jefes de organizaciones sociales que vienen cayendo casi en ritmo de letanía como una adevertencia para cualquier futuro gobierno que no sea de su signo.

Sobran las pruebas y ayer se sumó una más por si hacía falta: "Si la oposición toma el Gobierno, habrá convulsión social como hoy existe en Jujuy", dijo ayer Eduardo Valdés, siempre cercano al corazón de Cristina Fernández de Kirchner, aunque en algunos momentos haya sido víctima de enojos presidenciales. Es una amenaza más de las muchas se vienen escuchando en el mismo sentido y parecida a la promesa de multiplicar hasta “28 toneladas” de piedras en la calle que hizo Daniel Catalano de ATE en caso de perder las presidenciales; apología del delito en estado puro.

Las calles y las rutas de Jujuy fueron ayer la muestra más clara de esto: no hubo asistencia alguna de Gendarmería Nacional para liberar el tránsito en las rutas nacionales cortadas por militantes. El inicio de una protesta que, en tono civilizado, tuvo como protagonista a los docentes, terminó virando 72 horas después en un acto claramente destituyente hacia las autoridades de la provincia.

Mas allá de la participación de la izquierda, exportada desde Buenos Aires a Jujuy para liderar la protesta, reaparecieron mas activos algunos focos de la Tupac Amaru de Milagro Sala. Ese dato no sorprendió a los jujeños que ven desde hace tiempo como el Gobierno nacional sigue financiando a Sala con millonarias transferencias no presupuestarias a organizaciones que le responden pero con otros nombres, como el caso de "Judith Presente" que de acuerdo a los pedidos de informe que esperan en el Congreso recibió $465.979.909 de asistencia en menos de tres años.

La violencia de Jujuy se contradecía, por otra parte, con el inexistente involucramiento del Gobierno nacional, los organismos defensores de derechos humanos y las representantes del Ministerio de la Mujer en el caso de Cecilia Strzyzowski en Chaco. Parecía más lógico pensar que la protesta de Jujuy quedo a la medida de la necesidad de invisibilizar el homicidio y la relación de la familia Sena con la política chaqueña.

En esta dolida Argentina hace tiempo que los derechos individuales de los ciudadanos y las obligaciones de la dirigencia están claramente desvirtuadas: la regla en cualquier país normal no es garantizar la protesta a cualquier precio, sino respetar el disenso pero vigilando que la vida diaria de sus ciudadanos no se vea comprometida. Es lo que no hace Argentina desde hace 20 años en los que la palabra “orden” intencionalmente se asoció a la de “represión”.

Al contrario de lo que sostiene hoy el peronismo-kirchnerista, el Gobierno que llegue el 10 de diciembre deberá enfrentar el desafío de normalizar la calle y la vida diaria de los argentinos o perderá legitimidad con mucha velocidad. No será por la amenaza que hoy propagan dirigentes del oficialismo nacional o piqueteros trasnochados, dispuestos a dar vuelta el sistema democrático con tal que no se frene el sistema de financiamiento de su vida a través de fondos públicos, sino porque el votante medio está marcando que hoy se llegó a un límite en nuestra ya imposible convivencia social.

El primer deber de Morales como gobernador es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y hacerlo con el menor riesgo posible para la salud, el patrimonio y el honor de los jujeños. Es lo que le ordena la Constitución de la provincia y, por si alguien se olvidó,  lo que le indica también la Carta Magna nacional como obligación del presidente. El costo de llevar adelante esa acción fue muy alto ayer para el Gobierno provincial, pero tanto Morales como Juntos por el Cambio saben que es un test imposible de evitar.

La crisis de ayer aparece más grave aún si se la entiende en medio del proceso electoral local y nacional. Jujuy avanzó con la reforma constitucional después de haber elegido un nuevo gobernador, Carlos Sadir, elección en la que Juntos por el Cambio se impuso por 49,52% de los votos. En el caso de los convencionales constituyentes el resultado de la elección fue igualmente contundente. El Frente Cambia Jujuy logró 49.73% (29 convencionales) en una lista liderada por Gerardo Morales, el Frente Justicialista 22.30% (13 lugares) y el Frente de Izquierda 11.82% (6 lugares). La nueva Constitución, además se aprobó en votación con el peronismo presente. No parece que hubiera aquí algún vicio a la legitimidad del proceso, sino mas bien una presión sobre la elección presidencial nacional.

Finalmente un dato imprescindible para entender la dinámica de lo que sucedió en Jujuy. Lamentablemente la izquierda argentina confirmó en la última semana todas las sospechas sobre su rol histórico de mano de obra útil para el kirchnerismo. Las imágenes de las calles de San Salvador eran elocuentes. Los militantes y dirigentes de la Izquierda lideraron el frente de ataque al Gobierno de Morales mientras que el Frente de Todos alimentaba la violencia desde la seguridad de Twitter. Por alguna razón que financieramente aun no puede aun probarse, pero con claras razones de sociedad política, Myriam Bregman primero y luego Eduardo Belliboni, Gabriel Solano y Romina del Plá hicieron en las calles jujeñas todo el trabajo desestabilizador que luego cosechó el kirchnerismo. Triste papel.