A 10 años de la sanción de la ley de ingreso democrático al Poder Judicial

Esta legislación representa un hito importante en la búsqueda de igualdad en el acceso a los cargos judiciales y sienta las bases para una institución más justa, independiente y democrática. Sin embargo, a pesar de su relevancia, aún queda mucho por hacer. Esta normativa se erige como una respuesta a la desigualdad existente en el sistema judicial. Al establecer medidas y criterios que fomentan la diversidad y la inclusión en la selección de personal, se busca superar los obstáculos que han limitado la representación de diferentes grupos en el ámbito judicial.

Esto se vuelve aún más crucial en un contexto en el que el Poder Judicial enfrenta una creciente deslegitimación por parte de la ciudadanía. La desconfianza hacia el sistema judicial surge de la percepción de que este no ha logrado satisfacer las necesidades y demandas de la mayoría. Sectores como los trabajadores, jubilados, desempleados, mujeres y personas con identidades diversas han experimentado la falta de una respuesta efectiva por parte de la justicia. Esta situación genera exclusión y desconfianza, alimentando la idea de que el sistema judicial es parcial, desconectado de la realidad de las mayorías y permeado por prácticas elitistas.

En este sentido, la normativa que promueve la igualdad en el acceso a los cargos judiciales se convierte en una herramienta fundamental para abordar los desafíos actuales. Al fomentar la diversidad y garantizar procesos de selección más inclusivos, se busca superar los prejuicios y sesgos que han limitado la representación de diferentes grupos en la justicia. El objetivo es fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema judicial, creando un ambiente más plural, transparente y receptivo a las necesidades de todos los ciudadanos.

La ley se aplica al ingreso de personal en el ámbito del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Aunque su alcance es nacional, los sistemas provinciales mantienen sus propios métodos de selección, aunque se les invita a adherirse a los principios establecidos. Además, la normativa establece que el concurso público es el principio general para el ingreso a la Administración de Justicia, incluso en cargos interinos, transitorios y contratos en relación de dependencia, poniendo fin a la práctica de selección directa por parte de jueces, fiscales, defensores, entre otros.

Sin embargo, a pesar de los avances, la resistencia de algunos actores judiciales ha impedido la implementación integral de esta ley en todos los ámbitos de la justicia. Mientras que en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa su aplicación ha sido irregular, en el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura, gracias a estrategias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nunca se ha aplicado más allá de un intento fallido en 2014. Es momento de considerar una reforma de la norma para corregir sus principales defectos.

Esto implica designar al Consejo de la Magistratura como órgano de aplicación para los concursos del Poder Judicial, establecer una coordinación institucional que unifique las convocatorias, los exámenes y las listas definitivas, eliminar el azar como método de
selección y reducir la arbitrariedad en las entrevistas personales, entre otros aspectos. Además, la nueva ley debe establecer un sistema de mérito que también considere las desigualdades estructurales de nuestro país, que las tenga en cuenta y trate de
equilibrarlas. La paridad de género en el ingreso, sobre todo la los cargos letrados, es fundamental para que la ley tenga un alcance profundo en la transformación de una justicia elitista y patriarcal.

La ley de ingreso democrático al Poder Judicial es un paso hacia la transformación necesaria en nuestra justicia. Sin embargo, su plena implementación y las reformas pertinentes son fundamentales para lograr una institución más inclusiva, transparente y
confiable. Solo así podremos superar los desafíos presentes y construir un sistema judicial que esté verdaderamente al servicio de todos los ciudadanos.

* Pablo Serdan. Abogado. Docente UBA. Referentes espacio de estudiantes y trabajadores del derecho La Centeno.