La empresa que maneja los recursos más preciados de Mendoza: energía y dólares

La Empresa Mendocina de Energía (EMESA) se transformó en el principal instrumento de gestión para vincular al Estado con las empresas privadas en la administración de recursos naturales y bienes estratégicos como el petróleo, el gas, la energía y también  otro bien que Mendoza tiene disponible y y no es para nada renovable: dólares. Justamente tiene a su cargo la administración del fideicomiso de la "joya" del futuro inmediato de la provincia; los 1023 millones de dólares que la Nación paga por resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial y que se deben usar para obras hidroeléctricas tras el fracaso de Portezuelo del Viento. 

Pero no es lo único, pues EMESA tiene las acciones provinciales de las represas, como Hinisa e Hidisa, y capta las regalías  que generan esas empresas. También se vincula con las empresas petroleras y energéticas como Distrocuyo, IMPSA y el grupo de empresas vinculadas a CEOSA. Es, junto con el Ministerio de Economía, quien pivotea con uno de los fondos más suculentos: el Fondo de Infraestructura Eléctrica (FOPIATZAD).

La empresa quedó involucrada en la polémica por las maniobras financieras realizadas por el Gobierno con parte de los dólares de Portezuelo, luego de haber contratado a agentes de bolsa para buscar rendimientos en el exterior. La oposición denunció esa gestión y la justicia federal debe decidir si vale investigar la posible comisión de un delito. A través de un convenio firmado en enero del 2020 la Provincia le otorga a EMESA la administración del fideicomiso. En ese mismo convenio se permite "administrar los fondos provenientes de los flujos que generen las letras" y se autoriza a "invertir los fondos" y, si es necesario, "securitizarlos". 

El origen y los problemas

La empresa fue creada durante la gestión de Francisco Pérez y a recomendación del gobierno nacional, particularmente el ex ceo de YPF Miguel Galuccio. Pero fue Alfredo Cornejo quien le dió impulso y más aún Rodolfo Suarez, que tiene como modelo de gestión a lo que ocurre en EMESA. Desde allí salen los proyectos estratégicos como El Baqueano, Uspallata y los planes de energías renovables.

En comparación con modelos similares el resultado ha sido distinto. La empresa EPSE de San Juan, por ejemplo, ejecuta de otra manera la vinculación: invierte en infraestructura, prepara y expropia terrenos y promueve la inversión privada "alquilando" la infraestructura energética estatal. La respuesta ha sido exitosa, pues esa provincia se convirtió en un polo de generación de energía renovable. En Mendoza la empresa EMESA es parte del negocio y de las pérdidas, como lo ocurrido con los frustrados emprendimientos licitados por CEOSA y sus empresas anexas. 

Como publicó MDZ, la empresa estatal tuvo pagar sanciones millonarias en dólares por contratos incumplidos. En su último balance figuran esos pagos. En junio del año pasado la empresa estatal pagó 385 mil dólares por cuenta de CEOSA  por los incumplimientos de “Walta Energía”. Es que la Secretaría de Energía había emitido la resolución 1.260 por la cual las empresas que habían sido adjudicadas en los programas Renovar y tenían contratos de abastecimiento con CAMMESA, debían hacerse cargo de los incumplimientos, no solo con la desafectación sino con multas. Lo mismo pasó con la empresa Allen, formada por la misma EMESA y CEOSA, tras dejar de lado un proyecto en El Carrizal que generó una sanción por 372 mil dólares y otro por 872 mil dólares por otro incumplimiento de la empresa SPE.

También tuvo que afrontar una penalidad por los incumplimientos en la entrega de energía del parque solar de Palmira. En ese caso es por 391 mil dólares, aunque lo abona en cuotas. En total son más de 2 millones de dólares de sanciones por contratos "tóxicos" para las finanzas de esa empresa.

EMESA es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, similar a AySAM. El estado provincial es el principal accionista y los municipios tienen participación. La curiosidad es que se designaron directores foráneos, como  Daniel Gustavo Montamat, ex secretario de Energía durante el gobierno de Fernando De La Rúa y consultor, y Daniel Rabinovich, también referente en el tema energético, pero con arraigo afuera de la provincia. Ambos son asesores de Juntos por el Cambio en el tema y son parte de la empresa mendocina. 

La principal fuente de financiamiento de obras eléctricas es el Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar. Ese fondo se nutre con recursos de varias fuentes:

• Los aportes que surgen del re-direccionamiento de montos fenecidos o a fenecer en concepto de Amortización de Cargos por Ampliaciones del Sistema de Transporte Regional y Nacional, incluidos en los cargos tarifarios de los Usuarios de los Sistemas de Transporte y Distribución de la Provincia de Mendoza, vigentes al mes de mayo de 2017 y el re-direccionamiento de los montos resultantes de Ampliaciones del Sistema de Transporte Regional y Nacional que pudieran incluirse en las tarifas con posterioridad a la sanción de la presente ley, y cuyos cargos por Amortización fenezcan durante su periodo de vigencia.
• Aportes de Grandes Usuarios del Mercado Mayorista Eléctrico o Usuarios de Grandes Demandas de Distribuidores, o cualquier otro tipo de agrupaciones de usuarios, que pongan a disposición recursos para el Fondo durante la vigencia de la presente ley, por resultar interesados y beneficiarios de las obras.
• El reembolso por parte de los agentes prestatarios de los servicios públicos, de las obras o equipamientos que financie el Fondo en previsión de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 5° de la presente ley.
• Aportes financieros que pudiera realizar el Poder Ejecutivo Provincial.
• Los pagos en concepto de multas o sanciones a que se refieren los artículos 21 y 28 de la Ley de Hidrocarburos de la Provincia de Mendoza N° 7.526.
• Los Fondos que, en concepto de regalías hidroeléctricas perciba la Provincia de Mendoza, debiendo la Autoridad de Aplicación determinar la proporción y condiciones de integración, con excepción de las que correspondan a la obra Nihuil IV, o que estuvieren afectadas por cualquier disposición a los Municipios

 EMESA es el agente fiduciario, por lo que la clave está en esa empresa estatal y el Ministerio, que priorizan obras y las ejecutan. Uno de los ejemplos es la interconexión Cruz de Piedra - Gran Mendoza, un proyecto que debería haberse realizado hace 20 años y se ejecuta ahora. Lo curioso es que la obra la licitó la provincia, la adjudicó EMESA y fue seleccionada Distrocuyo. En las tres partes participan los mismos actores. La provincia creó otras empresas gestionadas políticamente, aunque son sociedades anónimas. Es lo que ocurre con Potasio Río Colorado y con la flamante Impulsa Mendoza. Mientras se desinflan los organismos estatales específicos, como la Dirección de Minería, se apuesta al impulso de sociedades estatales que intervengan. 

El Gobierno tiene decidido avanzar con la represa El Baqueano, cuyos estudios previos fueron realizados por EMESA. Una buena noticia fue la compra asegurada de energía por 15 años que redituarían más de 1000 millones de dólares de ingresos en ese período. El contrato con CAMMESA le da un sentido de oportunidad extra a una obra que no parecía prioritaria. El año que viene también se tiene que definir si las represas que ya están en la cuenca del Río Diamante y las del Atuel se vuelven a licitar, si se estatizan o se extiende el contrato a favor de Pampa Energía. El Gobierno trabaja en un modelo de gestión para proponer. 

El contrato del fideicomiso que administra los 1023 millones de dólares