Sin salud pública, no hay futuro
La inversión argentina en salud, del 9.4% del PBI, nominalmente es una de las más elevadas de la región, sin embargo, los resultados obtenidos no son los esperables, lo que nos pone de frente a la necesidad de construir consensos para la modernización integral e integrada del sistema sanitario.
Según el Censo 2022, se estima que la seguridad social nacional (PAMI y obras sociales nacionales) cuenta con 22 millones de beneficiarios, la seguridad social provincial (obras sociales provinciales) con 7,6 millones, el subsector público con 16,4 millones y el subsector privado (empresas de medicina prepaga) con 2,1 millones.
Desde el punto de vista formal, la totalidad de la población tiene cobertura pero el acceso a las prestaciones de salud no siempre es efectivo ni oportuno. Muchas veces estas prestaciones son inadecuadas, existiendo profundas inequidades según la región, el subsector o la organización que brinda la cobertura.
El objetivo principal es desarrollar un sistema de salud federal, equitativo, accesible, oportuno y tecnológico, que brinde el cuidado adecuado a las personas, según el ciclo de vida, con prestaciones de calidad homogénea y universal para todo el territorio nacional.
Debemos contar con un padrón único sanitario nacional, con una historia clínica unificada, interoperable y universal, que permita hacer el seguimiento en tiempo real del cuidado de la salud de cada ciudadano, su prestador responsable y su financiador, más allá del lugar físico de residencia donde reciba las atenciones y de la organización o subsector al que pertenezca. La receta electrónica nacional es imprescindible para obtener información sanitaria para la correcta toma de decisiones y el control del fraude, con un Programa Médico Obligatorio (PMO) con alcance nacional y abarcativo a todos los subsectores.
La Atención Primaria de la Salud es la estrategia para garantizar el mayor nivel de salud y bienestar de la población, cuya distribución debe ser equitativa y centrada en la atención de las personas, desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta los cuidados paliativos.
La necesidad imperiosa de concentrar las acciones de programas estratégicos, ampliamente dispersos con resultados sanitario-económicos ineficientes, hace repensar en agrupar ordenada y estratégicamente los mismos para potenciar y optimizar sus resultados.
La autoridad sanitaria nacional debe cumplir un rol ordenador y rector, orientando las políticas nacionales al cumplimento de los fines estratégicos y evitando la duplicación de acciones con las jurisdicciones provinciales.
Es fundamental redefinir, articulando con provincias y establecimientos privados, el Sistema Nacional de Residencias del equipo de salud, asignando prioridad a aquellas especialidades críticas. No sólo hay que formar el recurso humano que el país necesita sino también fortalecer la capacitación, los incentivos y los pagos.
Aquellas personas que se jubilen deberían tener la opción de continuar, sin restricciones, en su obra social previa a su jubilación o poder solicitar ser transferidos al PAMI, que requiere una amplia reforma con el objetivo de alcanzar su sustentabilidad. La Seguridad Social, nacional y provincial, debe estar al servicio de la salud de los trabajadores y no de los intereses de los dirigentes sindicales. El 75% de las obras sociales, no llega a cubrir la cápita promedio de la seguridad social y, muchos de ellas, no llegan a cubrirla aún recibiendo diversos subsidios.
Debemos crear el Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud (INETS) dependiente de la ANMAT. Con la finalidad de fortalecer la política de medicamentos y tecnologías médicas.
El desafío está planteado, el futuro espera las impostergables transformaciones del sistema sanitario argentino.
*Por Mgtr. Oscar Sagás