La seguridad jurídica como presupuesto de un buen gobierno
Habló de cuatro conceptos: certeza, eficacia, previsibilidad y respeto de los derechos. La ley tiene que ser clara. Muchas veces se contaminan a propósito las leyes para que la corrupción pueda filtrarse por cualquier rincón. La candidata en este sentido habló
de descontaminación normativa, limpiar la hojarasca para que el cuerpo legal del país sea nítido y no sea poroso para los delincuentes. Con ello se vincula también la irretroactividad de las leyes: las leyes rigen hacia el futuro y eso confiere certeza: el ciudadano sabe qué tiene y que, no.
La eficacia se vincula a la imparcialidad, que podría resumirse en independencia del Poder Legislativo, independencia de los jueces y adecuados tiempos de la justicia. Cuando el Poder Ejecutivo avanza e invade el Poder Legislativo o el Poder Judicial con presiones, sobornos o decretos de necesidad y urgencia, el sistema se resiente. En este punto cabe destacar la presión que está ejerciendo el oficialismo actual en la Argentina sobre la Corte Suprema de Justicia de La Nación con el inicio de un juicio político artificioso y artero.
En lo que concierne a la independencia de los jueces, hay que resaltar que en nuestro país todos los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero, en última instancia, es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la última palabra, razón por la cual cualquier presión sobre ese tribunal disuelve los principios sobre los que se basa una república y una democracia moderna.
Foto: MDZol.
La ley no puede ser a la medida de un sector, la ley es para todos. En sistemas corporativos, como el que ha construido el kirchnerismo, se hacen normas a medida para que los amigos del poder puedan acceder a negocios.
El tercer punto es la previsibilidad: no puede haber quiebres institucionales y debe haber estabilidad de la jurisprudencia. Lo mismo pasa cuando las políticas fiscales y monetarias son cambiantes y quedan supeditadas a las necesidades de la política. El mejor ejemplo es la inflación, que impide cualquier cálculo económico.
Por fin, es central que se respeten los derechos individuales, políticos y económicos. Lugares como Nicaragua, Venezuela o Cuba dan cuenta de una hoja de ruta inversa, sonde se avasallan todos los derechos. Y lamentablemente la Argentina va por esa pendiente. Es fundamental que la ley esté por encima de cualquier gobernante, que no puedan elegir qué ley usan y cuál no. Sin seguridad jurídica puede haber crecimiento económico, pero nunca desarrollo de un país. Existen formas de medir esta seguridad jurídica.
En 2022, Dinamarca, Finlandia y Noruega encabezan la lista de países que la respetan. Contrariamente, los países con más
inseguridad jurídica son Camboya, Haití y Afganistán. En el medio está América Latina. Uruguay y Chile son los que mejor miden. Perú es un caso extraño: tiene un sistema político muy inestable, donde los presidentes pueden ser removidos por el Congreso con cierta facilidad, donde hubo varios escándalos de corrupción, pero hay previsibilidad en materia de contratos, propiedad privada y política monetaria, con un Banco Central completamente independiente y muy profesional.
Por eso, tiene una moneda estable y sigue creciendo a pesar de los cimbronazos políticos. Habrá que ver si eso se plasma en
desarrollo o si la inestabilidad política resulta un ancla en el mediano y largo plazo. Del lado contrario tenemos en América latina otro grupo de países que adoptaron la inseguridad jurídica como política de estado: Venezuela es el ejemplo más trágico. Según
el ranking de World Project Justice, Venezuela es el país con menor seguridad jurídica del mundo, con un índice de 0.26, contra 0.90 de Dinamarca.
En cuanto a la Argentina, Bullrich citó un lote de decisiones y políticas que han puesto al país entre los menos confiables en materia de seguridad jurídica: golpes de Estado, remoción arbitraria de jueces, privatización de una empresa y luego nacionalización por el mismo partido, confiscación de los depósitos de los ciudadanos en los bancos, hiperinflaciones, pesificaciones asimétricas, expropiación de los fondos de pensión, o estatizaciones como la de YPF, que terminó en una reciente catástrofe judicial en los
tribunales norteamericanos.
Si eliminamos las regulaciones superfluas, si dejamos que la iniciativa individual florezca, si fijamos reglas claras y las cumplimos, vamos a poder explotar todo ese potencial. El estado tiene que sacarle el pie de encima a sus ciudadanos y centrarse en sus cometidos naturales: educación, salud, justicia, seguridad y vigilancia de los mercados financieros, para lo cual debe renacer de las cenizas. Con mayoría parlamentaria y un potente cambio cultural, la epopeya será posible.
* Diego Casasbellas Alconada, abogado.