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Quién fue el último ministro de la Corte apartado a través del juicio político

En el marco del pedido de enjuiciamiento que enfrentan los miembros del Máximo Tribunal de Justicia, el último antecedente de desplazamiento en un cargo de tal magnitud se remonta al año 2005, cuando Antonio Boggiano fue apartado de sus funciones.
Antonio Boggiano Foto: Noticias Argentinas
Antonio Boggiano Foto: Noticias Argentinas

El pedido de juicio político que impulsará el presidente Alberto Fernández contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por presunto mal desempeño de sus funciones necesita -según establece el artículo 53 de la Constitución Nacional- la aprobación en Congreso con los dos tercios de los miembros presentes en una sesión.

La Cámara de Diputados aprobó el 16 de diciembre de 2004 la última acusación, que fue contra el exministro de la Corte Antonio Boggiano, y el resultado fue abrumador porque superó los dos tercios de los presentes al cosechar 159 votos a favor, 6 negativos y 5 abstenciones. Boggiano fue finalmente destituido por el Senado por 44 votos de los 56 presentes en la sesión -con lo cual superó los dos tercios-el 28 de septiembre del 2005. Al igual que Rosatti, fue acusado de "mal desempeño de sus funciones".

Fue el último magistrado del tribunal destituido por ese mecanismo y el juicio político había sido presentado por el expresidente Néstor Kirchner. Boggiano luego intentó recuperar su cargo a través de la presentación de diferentes recursos legales y apelaciones, lo cual finalmente no consiguió.

Dos años antes antes había sido destituido Eduardo Eduardo Moliné O'Connor, mientras que los restantes miembros del tribunal, Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vásquez, renunciaron cuando se inició el proceso de juicio político.

Cristina Fernández de Kirchner durante el proceso cuando era senadora y Antonio Boggiano.
Foto: NA.

De acuerdo con el reglamento de la Cámara, la comisión de Juicio Político podrá rechazar "in limine" o abrir a prueba un sumario sobre un pedido de enjuiciamiento presentado contra algún miembro de la Corte Suprema, ministros del Poder Ejecutivo o el presidente y vicepresidente de la Nación.

Para poder abrir la investigación debe tener mayoría en la comisión de Juicio Político y eso sucede en la Cámara de Diputados, donde al día de hoy el oficialismo posee 16 de los 31 miembros del cuerpo legislativo, que preside la legisladora entrerriana del Frente de Todos Carolina Gaillard.

Actualmente el FdT tiene los números para emitir el dictamen en la comisión de Juicio Político, pero no puede alcanzar los dos tercios de los votos de los miembros presentes en el plenario si Juntos por el Cambio mantiene su postura de rechazo a este enjuiciamiento contra Rosatti, ya que existe una extrema paridad entre las dos fuerzas políticas.

El artículo 53 de la Constitución Nacional fija que la Cámara de Diputados puede acusar "ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes".

El artículo 59 establece que "al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto".