Máxima tensión: Alberto pide sesionar y la oposición no dará quórum
Alberto Fernández envió los 27 proyectos que incluyen reformar la Corte, el Consejo de la Magistratura y enjuiciar jueces. La oposición avisó que no dará el debate y aumenta la presión oficial para tener el número y sesionar. Están rotos todos los puentes entre el Gobierno y Juntos por el Cambio.
El Decreto 17/2023 lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete Juan Manzur. Es un paquete diverso, punzante, determinante para el funcionamiento democrático. Nada de lo que mandó Alberto Fernández se va a aprobar, pero sí es posible que la Corte tenga que dar explicaciones, su objetivo primordial. Ni dictamen ni quórum, no va a haber nada hasta que no se resuelva dar de baja el juicio político a la Corte Suprema y acordar la reforma al Consejo de la Magistratura. El poroteo ni empezó, porque si bien Juntos por el Cambio no tiene un liderazgo nítido en la cámara, ya se acordó que nada pueda empezar en este contexto de absoluta tensión entre Gobierno y oposición como pocas veces hubo desde el retorno de la democracia.
Alberto Fernández cree que si paralizan el Congreso, están yendo a contra mano de la democracia y va a ir a fondo. Los 27 proyectos alternan entre lo intrascendente y lo absolutamente nodal para un año electoral. La Corte Suprema había dado 120 días para tratar la reforma del Consejo de la Magistratura y ya se vencieron hace tiempo, es allí donde se cobijan parte de los sueños electorales de JxC y el FdT. Se enjuician jueces y se los desplaza, puede ser un órgano clave y más aún ahora con Cristina Fernández de Kirchner condenada por corrupta. Hay 12 gobernadores que apoyan la moción oficial.
El Gobierno busca remover jueces que, a ojos del oficialismo, son parte del problema. El proceso de remoción de los supremos abordará dos cuestiones: la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937, y la otra cuestión es el análisis de medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la CABA. Alberto jura en privado que ese dinero no es justo y que Mauricio Macri le regaló plata a Horacio Rodríguez Larreta con esa medida.
Sobre los pedidos de juicio político que tanto ruido generan, el oficialismo lleva las de ganar. Del total de 31 miembros que conforman la comisión, el FdT cuenta con 16 diputados; Juntos por el Cambio, con 14, y el Interbloque Federal, con uno. Una vez logrado el dictamen, se podría llevar al recinto junto con los otros 26 proyectos, pero no va haber quorúm, y se lo confirmaron a MDZ fuentes parlamentarias.
La que tomó la posta fue Sabrina Ajmechet "Estamos en una situación excepcional en la que se está atropellando la división de poderes, el oficialismo no puede controlar a la Justicia y entonces lo que hace es tratar de modificarla, y, al mismo tiempo, se victimiza, crea una ficción en la que los jueces están en contra de ellos", dijo.
Y agregó: "Los jueces no están persiguiendo a nadie: las pruebas condenaron a Cristina y determinaron una sentencia de corrupción y el amparo por la coparticipación de CABA salió favorable para CABA porque la quita que hizo nación fue arbitraria e ilegal, es decir, la Corte está impartiendo justicia, no persiguiendo a nadie, pero cómo el resultado al Gobierno no le gusta, se victimiza", confirmó a este medio, más allá de que públicamente la oposición dijo que no aceptarán los proyectos.