El Partido Demócrata se suma a los reclamos del PRO por la reforma de la Corte que impulsa Rodolfo Suarez

Desde el Partido Demócrata (PD) respaldaron los aspectos planteados por el PRO respecto al proyecto de reforma de la Suprema Corte de Mendoza, que fue presentado por el gobernador Rodolfo Suarez. El partido presidido por Roberto Ajo y que tiene a Mercedes Llano como representante en la Legislatura adhirió a lo expresado por el diputado nacional Omar De Marchi respecto a la designación de jueces.

"Creo oportuno que se debe calificar con mayor exigencia las condiciones que debe tener cualquier ciudadano para acceder a integrar el máximo Tribunal de Justicia de la provincia, entre ellas, es fundamental no haber ocupado funciones ministeriales o de relevancia en el Gobierno provincial, o no haber integrado listas de candidatos a cargos electivos durante una determinada cantidad de años", fue uno de los pedidos puntuales del lujanino en una extensa carta.

En ese sentido, el Partido Demócrata señaló en un comunicado: "Vemos con agrado coincidir con el PRO sobre la necesidad de modificar los sistemas de selección de jueces con el fin de despartidizar la Suprema Corte y asegurar su independencia. Convergemos con la iniciativa de 'incluir' la carencia política como condición para el ejercicio del cargo de juez (y órganos de contralor), proyecto que hemos presentado desde el bloque PD en el 2020. Propuesta que complementamos con un proyecto de enmienda  dirigido a establecer una mayoría calificada para la designación de los Jueces e instaurar el carácter público de sus votaciones, iniciativa que cuenta con preferencia para tratarse en LAC.

Y agregaron: "Celebramos que la discusión sobre la reforma de la Suprema Corte se focalice en  la raíz del problema que afecta la independencia del poder judicial y la calidad de sus servicios:  la politización de las designaciones. Los principios de idoneidad e imparcialidad son los reaseguros de la seguridad jurídica".

Qué dijo De Marchi en su carta

Luego de estudiar el proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo para modificar el procedimiento por el cual la Suprema Corte de Justicia de Mendoza toma decisiones, y de escuchar atentamente los argumentos de caracterizados expositores, creo que, si no se complementa con reformas más profundas, no se conseguirán los objetivos perseguidos de acelerar y mejorar el funcionamiento del órgano cabecera del Poder Judicial. Es más, creo que el actual proyecto tratado en forma solitaria, sin complementar con otras reformas, no sólo que no resuelve sino que complica aún más el proceso de emisión de fallos.

Se intenta asociar la lentitud de las decisiones de la Corte, con la distribución de las causas para resolver en salas estables de acuerdo a la materia o especialidad, sin embargo no creo que por reemplazar la conformación de salas permanentes por salas constituidas por sorteo se resuelva el problema, porque en esencia, las dificultades surgen en la gran cantidad de causas que confluyen al Tribunal. O sea, el disturbio surge antes, porque la organización de los tribunales inferiores no resulta ágil ni expeditiva en determinadas materias.

No obstante, en un análisis más detallado, se advierte que de todas las causas que llegan a conocimiento del alto tribunal, de todas las materias, más del 60% corresponden sólo a las materias Laboral y Penal. Eso indica que es en esos fueros donde debe explorarse eventuales soluciones. Es muy fácil de relacionar el origen del problema a la falta de una instancia intermedia de alzada. En efecto, tanto en materia Laboral como Penal, los fallos del decisor de primera instancia sólo pueden ser revisados por la Suprema Corte, mientras que en materia Civil, Comercial, Familia y Tributaria, existe un tribunal intermedio entre el juez de primera instancia y la Corte que son las Cámaras de Apelaciones, que resuelven en forma definitiva una enorme cantidad de pleitos evitando que saturen la Corte.

Por lo tanto creemos que la solución a la acumulación de causas en la Corte debe buscarse en la creación de esa instancia intermedia, en lo Laboral y en lo Penal, apuntando entonces al origen del problema y no a sus consecuencias.

Por otro lado, asistimos con mucha preocupación a un escenario de naturalización de supuestas pertenencias partidarias de los Ministros integrantes del máximo tribunal, contrariando expresamente el espíritu de independencia y libertad en la construcción de los fallos a través de los cuales se expresa la voluntad del juzgador.

Es normal escuchar o leer en estos tiempos, la distribución de jueces de la Corte entre dos partidos políticos, instalando en la sociedad mendocina, sin ningún prejuicio, la asignación de afinidad directa de cuatro jueces para un partido y tres para otro partido, contrariando expresamente los antecedentes de calidad institucional con los que se honra a nuestra provincia. Es verdad que esto no podría afirmarse de manera indubitable, pero también es verdad que a nadie escapa esa especulación cada vez más evidente.

Justamente, ese clima de sospecha hace que todo proyecto que implique modificar procesos o integración de la Corte pasen indefectiblemente por el prisma analítico de esa hipótesis, aunque las intenciones de cambios sean de buena fe y alejadas de maquinaciones de acumulación de poder que tanto se expanden en los últimos tiempos.

En ese sentido, y lejos de enroscarme en estas hipótesis, porque obviamente me niego a naturalizarlas, creo oportuno que se debe calificar con mayor exigencia las condiciones que debe tener cualquier ciudadano para acceder a integrar el máximo Tribunal de Justicia de la Provincia, entre ellas, es fundamental no haber ocupado funciones ministeriales o de relevancia en el Gobierno Provincial, o no haber integrado listas de candidatos a cargos electivos, durante una determinada cantidad de años. Estas restricciones eliminarían en forma objetiva al menos, la controversia cada vez más presente, de pertenencia directa de un juez supremo a un círculo de poder político en los mismos tiempos donde se ejercen funciones jurisdiccionales.