Un gobierno que rompió la inercia y empezó a ocuparse de temas clave

Presionado internamente y con una mirada de muchísima preocupación por el escenario nacional, el gobierno de Rodolfo Suarez rompió la inercia de solo mantenerse a flote en la gestión como venía mostrando hasta acá, para pasar a actuar en algunos asuntos que ya lo habían puesto en jaque.

Tras casi dos meses de conflicto, entre jueves y viernes, logró contener los reclamos de aumentos salariales de los gremios estatales en la reapertura de las paritarias con un método de acción política un tanto desconcertante. El gobierno desactivó los paros de ATE y del SUTE haciendo cosas que dijo que iba a hacer. Pero también llevando adelante una estrategia totalmente contraria a la que había anunciado, es decir, repitiendo hasta el cansancio que no tenía fondos para terminar ofreciendo finalmente un aumento que siembra dudas sobre su sostenibilidad a futuro.

En el caso de la crisis con los docentes se mantuvo firme (y todo apunta a que esa decisión se mantendrá ante los reclamos que se avecinan) en no ceder a la presión para que se devuelvan los días de paro. Esa determinación, que flaqueó dentro del ministerio de Gobierno en un momento, fue una de las claves para restarle fuerza a los cuatro días de paro que ya estaban lanzados por el gremio.

Pero no hay otra manera de entender por qué, al menos por ahora, se desactivaron las medidas de fuerza en la administración pública, en las escuelas y en los hospitales: este acuerdo paritario suscripto le garantiza a los estatales un aumento salarial que ronda el 77% para noviembre y al que le restan al menos dos negociaciones más antes de llegar a fin de año.

La paz firmada será muy corta. Si el SUTE aceptó, fue porque optó por cerrar agosto con un porcentaje de aumento mayor al que había rechazado hace quince días nada más y con la seguridad de que dentro de pocas semanas se sentará a discutir de nuevo. El entorno de Suarez tiene su propia versión de los hechos también. Está seguro de que el influyente secretario gremial del kirchnerismo, Gustavo Correa, levantó la pata del acelerador porque en la Nación está intentando ahora desactivar conflictos docentes en varias provincias porque no está dispuesto a reabrir las paritarias nacionales para los maestros hasta septiembre.

Pero no hay que engañarse: la conducción del gremio ya no podía forzar tampoco cuatro días más de paro a costa de los descuentos en los bolsillos de los docentes. Y del suyo propio también. Si no firmaba la paritaria, el sindicato se quedaba sin una cifra que ronda los $100 millones como resultado del aporte solidario que le corresponde por haber obtenido el aumento.

Hubo un aporte central que operó para que el propio Gobierno lograra salir ( por el momento) de este problema y un hombre cercano al oficialismo lo describió así: “Por lo menos en esta oportunidad los paritarios oficiales sabían qué tenían que hacer”. La frase no describe más que la corrección de un estado de cosas. El Ejecutivo había abandonado las negociaciones bajo cuerda de las paritarias con los líderes sindicales durante semanas enteras y las retomó en este último tramo cuando apareció en escena el tan temido callejón sin salida. En otras palabras, trabajó políticamente.

Ante el delicado panorama de un país que está intentando escaparle a la debacle económica, los aumentos a los empleados públicos traen aparejado un riesgo. La recaudación provincial no repunta desde hace meses y la nacional, que venía en valores estables y en crecimiento producto de la inflación, también disminuyó como consecuencia el parate económico. En consecuencia se abre un camino complejo en donde los acuerdos salariales deben plantearse en base a proyecciones a futuro y no tanto mirando la caja disponible hoy. En julio se pagaron alrededor de $15.000 millones en sueldos, de los cuales el grueso se los llevaron los salarios docentes. Las primeras víctimas de las crisis nacionales, se sabe, son siempre las provincias.

Después de meses de dilaciones, Suarez también dio la impresión de romper el letargo de su administración y apareció para dar por terminada la historia de Portezuelo del Viento. En su lugar, anunció, la provincia va a construir con parte de esos recursos otro dique en el Sur, El Baqueano, que tendrá otra finalidad y que además será más chico.

Hace más de un año que en esta provincia se sabe que Portezuelo no se iba a hacer. Es más, el gobierno siempre sobreactuó su malestar con Alberto Fernández por haber decidido escuchar los reclamos de La Pampa en el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) e imponer así un parate a la obra que, como parte del descalabro en la Casa Rosada, el presidente tampoco termina de dejarlo por escrito. En el fondo Suarez, pero mucho más Alfredo Cornejo, preferían que la obra no se hiciera para utilizar de otra manera esos $1.000 millones que la provincia tiene disponibles.

Los cambios en la Corte

Otra muestra de la reciente reacción política gubernamental que venimos relatando y que se transformará  en la nueva piedra de toque de la relación entre oficialismo y oposición. Un anticipo de lo que viene lo había dado el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, hace un tiempo en el arranque del año judicial y Suarez actuará en consecuencia entre esta semana y la próxima.

El gobierno enviará para su debate legislativo un proyecto de ley que pretende modificar el funcionamiento interno de la Corte que contempla, como dos de sus puntos centrales, la eliminación de las actuales Salas y la posibilidad de que el presidente del tribunal pueda votar si así le toca, cuando hoy esa alternativa está vedada. Si se sanciona el proyecto, los jueces del máximo órgano serán designados por sorteo para determinar a quienes les corresponderá resolver específicamente la causa que ingrese.

El proyecto lo enviará Suarez, pero viene siendo trabajado en el seno mismo de la Corte desde hace meses por los dos magistrados que en su momento propuso Cornejo. Garay había optado por implementar los cambios de manera progresiva, aplicarlos en principio solo para las causas que se deban resolver del fuero administrativo para, con el tiempo, terminar abarcando al resto. José Valerio apuntó siempre a que la tómbola de jueces sea general desde el principio. La iniciativa que finalmente ingresará, irá por este segundo camino.

El gobierno venderá su proyecto como una continuidad de las reformas en la Justicia iniciadas en 2016. Y es entendible el argumento. Pero no se puede soslayar el trasfondo político de la propuesta: en medio de un enfrentamiento duro de Garay con los miembros filo peronistas del tribunal que lleva tiempo y que recrudeció hace menos de un mes, si la ley avanza el efecto inmediato será licuación inmediata del peso de Mario Adaro y de Omar Palermo en la Sala 2 del fuero penal que integran con Valerio. Y también, con la alternativa de que el presidente puede votar, la chance para el gobierno de aplicar las mayorías automáticas que hoy, según denuncia los supremos críticos, se manejan a través de las votaciones plenarias.

El fin de Portezuelo

Después de meses de dilaciones, Suarez también dio la impresión de romper el letargo de su administración y apareció para dar por terminada la historia de Portezuelo del Viento. En su lugar, anunció, la provincia va a construir con parte de esos recursos otro dique en el Sur, El Baqueano, que tendrá otra finalidad y que además será más chico.

Hace más de un año que en esta provincia se sabe que Portezuelo no se iba a hacer. Es más, el gobierno siempre sobreactuó su malestar con Alberto Fernández por haber decidido escuchar los reclamos de La Pampa en el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) e imponer así un parate a la obra que, como parte del descalabro en la Casa Rosada, el presidente tampoco termina de dejarlo por escrito. En el fondo Suarez, pero mucho más Alfredo Cornejo, preferían que la obra no se hiciera para utilizar de otra manera esos 1.000 millones de dólares que la provincia tiene disponibles.

Si se quiere, el gobierno tuvo la habilidad de avanzar en todo ese tiempo con el papeleo de El Baqueano para poder licitar a principios del año que viene. Pero la decisión de hacer este dique sobre el río Diamante en San San Rafael, que estará destinado básicamente a la generación de energía hidroeléctrica, no responde a un plan diseñado en profundidad para poder darle un uso estratégico a esa formidable cantidad de recursos.

Para los pampeanos haber logrado frenar la construcción de Portezuelo del Viento equivale, en lo interno provincial, a haber ganado un Mundial. Y muy posiblemente esto que pasó, fortalecerá la intención de esa provincia de intervenir, desde el Coirco, en la regulación de todos los ríos mendocinos que confluyen en el Desaguadero e incluso extender su influencia hasta los diques que se están construyendo en San Juan y hasta en La Rioja, por más extraño que parezca. Las propias autoridades pampeanas anticiparon que judicializarán la construcción de El Baqueano y desde Mendoza contestaron que no habrá problema, porque nos asiste la razón.

Ya está claro que en la realidad argentina las normas no son las que mandan, lamentablemente. Y Portezuelo es testigo de eso. Alberto Fernández fue desconcertante alrededor de esta obra durante dos años. Si bien paró todo cuando le puso el oído a los reclamos pampeanos en junio de 2020, le garantizó a Suarez en persona que su intención era hacer el dique cuando ambos compartieron el acto de estatización de Impsa el año pasado. Otro de los afectados fuertes de lo que pasó: para salir de sus crisis, la exempresa de Enrique Pescarmona tenía a Portezuelo como su principal cliente en carpeta. Si ahora se encara El Baqueano, también es porque se descarta que a la empresa rescatada irán a parar los contratos para fabricar las turbinas que precisará. De otra manera, nadie puede garantizar cómo será el futuro de la empresa a partir del año que viene cuando deba revisarse el salvataje vigente del Estado.

Portezuelo siempre operó para Suarez como una herramienta a la que apelar para arrinconar al peronismo mendocino contra su discurso y contra la Casa Rosada y, en consecuencia, sacar rédito político de ello. Y ahora hay mucho de eso otra vez. Pero, a decir verdad, esto no parece preocupar a los dirigentes opositores por estos días. En una provincia con marcado perfil antikirchnerista, los referentes del PJ se subieron a la ola de peronistas nacionales que saldrán a marchar y a movilizarse en defensa de Cristina Kirchner. No hay caso: el peronismo mendocino vuelve a atar su destino a ella, sin tener en cuenta que entre sus posibles votantes, sin dudas, existen muchísimos que están más preocupados por la manera en que la inflación los está matando que por el karma judicial de la vicepresidenta. Suarez y Cornejo buscarán sacar provecho y apuntan a ir por todo: ya no son pocas las voces en el oficialismo que están mostrando la voracidad de ir por las mayorías especiales en la Legislatura en los comicios de 2023, lo que dejaría a Mendoza a merced del control total del radicalismo. Con todo lo que ello implicaría.