Cuál es el desafío mayor de los magistrados que juzgarán a Cristina Kirchner
El abogado penalista Pablo Cazabán habló en el programa After Office, de MDZ radio, sobre los tiempos procesales que tiene por delante el juicio por la Obra Pública en el cual están siendo juzgados Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y 10 acusados más. También se refirió a la objetividad que deben tener los jueces que dicten sentencia, sea condenatoria o absolutoria.
Para hablar de tiempos, Cazabán explicó que los alegatos de la defensa comenzarían el 5 de septiembre y se extenderían al menos durante todo ese mes. Luego, conforme a lo que ha anunciado el Tribunal, la sentencia estaría en diciembre. "Hay que entender que es un proceso largo y complejo, con lo cual los jueces usarán todos los tiempos posibles para dar la sentencia y dictar los argumentos en conjunto, algo que no es lo común", explicó.
Consultado sobre cómo se abstrae la Justicia del humor popular, el abogado respondió: "En principio, según el deber ser, no tendrían que tener ningún tipo de influencia. Lo cierto es que para cualquier juez debe ser muy difícil dictar una sentencia en este tipo de juicios sin poner en discusión la objetividad de la decisión en ningún momento. Obviamente y sabiendo que estas sentencias pasarán por varios otros filtros procesales, seguramente irá a la Cámara Federal de Casación y terminará en la Corte de la Nación".
El gran desafío de los magistrados, según el entrevistado, será explicar de forma lo más clara posible los motivos de la decisión del Tribunal, "que sin dudas no dejará satisfechos a todos. Algo que sucede todo el tiempo".
El fiscal, Diego Luciani, considera que Cristina Fernández de Kirchner integró una asociación ilícita, una figura poco común en el plano judicial. Pablo Cazabán destacó, justamente, que "no es una calificación frecuente, entonces esto le agrega una complejidad a la causa. En la práctica, yo tengo 26 años de ejercicio, y he visto muy poquitas sentencias condenatorias por asociación ilícita".
Aquello, teniendo en cuenta el origen de la figura penal de asociación ilícita, que se creó para perseguir y sancionar a las mafias, con lo cual no es tan común en el día a día. Ahora bien, "esto guarda una complejidad extra sobre todo por los protagonistas de la causa, por lo que serán necesarios una serie de requisitos que son muy eficientes para acreditar y verificar la existencia. Eso lo hace algo extraordinario".
Finalmente Pablo Cazabán comentó sobre los dichos de algunos especialistas que cuestionan convertir en judiciables los actos de Gobierno. Como hombre del Derecho, el abogado dijo: "No comparto esa opinión, un funcionario público tiene las mismas o más obligaciones que un ciudadano común, porque tiene el privilegio de administrar fondos públicos. Sí entiendo que está mal judicializar todas las decisiones políticas, pero si de una de ellas se desprende la comisión de un delito no sólo no habría ningún obstáculo para investigarlo, sino que hacerlo es lo más sano para el sistema -no hablando de este caso en particular, sino en general-. La responsabilidad, si hay delito, será mayor porque son ciudadanos en una posición especial con responsabilidades especiales".