Cristina, Alberto y el efecto condena en un país al límite

Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente más influyente y, también, una de las pocas que tiene la habilidad de anticiparse a los hechos y armar una estrategia para actuar en consecuencia. Lo demostró cuando el 18 de mayo de 2019 anunció que Alberto Fernández, el mismo que la había humillado verbalmente, era "su" candidato a presidente. Y lo vuelve a ratificar ahora: desde que cambió el Gobierno forzó a introducir en la agenda pública los cuestionamientos a la justicia, sembró dudas y obligó a jurar lealtades, a sabiendas que tendría varios "días D".

Uno de esos momentos llegó hoy con el pedido de condena a 12 años de prisión ejecutado por los fiscales que actúan en el juicio oral por la sospecha de que ella montó una trama de corrupción alrededor de la obra pública y usando a Lázaro Báez y sus empresas como instrumentos. Cristina cosechó las lealtades de sus seguidores fieles, de los que no tanto y también las obligadas, como las del presidente Alberto Fernández y Sergio Massa, dos furiosos anticristinistas convertidos. Ahora la cuerda se tensará más para que el respaldo a la tesis de Cristina sea apoyada de manera masiva dentro del ecléctico Frente de Todos. Esa posición incomoda a muchos dirigentes, sobre todo a quienes buscan su supervivencia en 2023. 

El problema es que la respuesta del Presidente cruzó una barrera. Alberto Fernández no habló como Alberto, sino en nombre del Gobierno. Puso al Poder Ejecutivo, a la institución que conduce transitoriamente al servicio de la necesidad del Frente de Todos. En el mensaje del Gobierno nacional se denuncia que no hubo respeto al principio de inocencia. Antes, se olvidaron de respetar el principio de división de poderes y la necesidad de la no intervención de un poder sobre el otro.

Los fiscales Mola y Luciani acusan, hacen su trabajo. Son parciales, buscan un objetivo; la condena que ellos creen justa en base a las pruebas que otros deberán sopesar. No son jueces, son parte interesada. Cristina no fue condenada, fue acusada. Su principio de inocencia está intacto y, además, tendrá privilegios que otros ciudadanos no tienen: a ella, como le ocurrió a Carlos Menem, sí le correrá la jurisprudencia sentada por la Corte que indica que para que haya condena firme debe haber una ratificación del máximo tribunal. Tampoco quedará proscripta. En caso de ser condenada en primera instancia también podrá ser candidata, pues el derecho a elegir y ser elegido es, por suerte, una garantía en Argentina. 

El todo del mensaje oficial pone la vida institucional al límite. Un poder intentando deslegitimar al otro. Una acusación gravísima que cruza barreras. 

Pero, claro, no hay que tener lecturas ingenuas. La justicia argentina está penetrada por la política y la acusación contra la vicepresidenta tiene un "efecto condena" para quienes son opositores y también para sus seguidores fieles. Los primeros agitarán para aprovechar el momento. Los segundos, harán lo mismo para victimizar y esquivar el foco que debería tener una defensa: probar inocencia y contrarrestar pruebas y testimonios. Mañana, incluso, habrá un discurso "parajudicial" de Cristina; a quien le negaron la posibilidad de volver a declarar en el juicio antes de los alegatos de parte. 

El resultado del particular proceso, es la grieta a punto máximo; el mismo clima nocivo que tiñe a la comunidad argentina desde hace años y que también tiene captadas a las instituciones. Las pujas políticas distorsionan las causas judiciales. Los relatos intencionados toman más fuerza que los hechos y las reacciones epidérmicas superan a la razón.