Expectativa por el alegato de la fiscalía en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner
El gran hermetismo de la fiscalía a cargo de Diego Luciani, quien preparó su alegato junto al fiscal Sergio Mola en el juicio conocido como obra pública, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ante el Tribunal Oral Federal 2 integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, genera una gran expectativa puesto que es el único acusador que queda. Por lo tanto es importante lo que ocurra durante estas nueve audiencias, dado que si decidiera no acusar, el juicio se terminaría cayendo porque sin acusación fiscal no puede dictarse una posible condena.
Como ya hemos contado, la Oficina Anticorrupción desistió de su rol de querellante antes de su exposición y la Unidad de Información Financiera que mantuvo su rol, decidió solicitar la absolución de todos los acusados por los delitos de asociación ilícita y defraudación al entender que a esta altura del proceso “hay más dudas que certezas" y que "sería irresponsable avanzar en una acusación”.
Tras este alegato y el cambio de postura por cómo venía actuando la UIF en la causa, un grupo de legisladores denunció a los titulares del organismo por incumplimiento de sus deberes y “encubrimiento agravado”.
La acusación que recae contra los imputados
En diciembre de 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, al solicitar la elevación a juicio, tuvieron por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”.
Dieron por probada también la intervención de los distintos imputados que permitieron lograr con éxito tal finalidad delictiva, partiendo de “quien la dirigió y sostuvo en el tiempo fue Cristina Fernández de Kirchner pasando por quienes tenían a su cargo la administración de los fondos estatales destinados a la obra pública vial y los direccionaron hacia Lázaro Báez, tanto desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios —Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros) para culminar en el individuo que fue escogido como destinatario del enriquecimiento, el amigo personal y socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Antonio Báez”.
La fiscalía entendió, en su extenso documento, que “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.
Recordemos que durante su indagatoria en diciembre de 2019, Cristina Fernández de Kirchner en un tramo de su indagatoria desconoció su amistad con Báez, el acusado de ser el principal beneficiario de obra pública. Allí remarcó: “No soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo, eso hacía la dictadura con la gente que aparecía en las agendas”. Allí ya había arremetido contra el Tribunal asegurando que a ella la historia la iba a absolver pero a ellos (los jueces) los iba a condenar.
Hace dos semanas la vicepresidenta emitió en sus redes un mensaje con críticas a la Corte pero también al tribunal que la juzga y aseguró que su condena ya está escrita, algo que había mencionado durante su indagatoria.
Una vez finalizado los alegatos de la fiscalía, se espera que para fines de agosto las defensas comiencen con sus exposiciones donde intentarán demostrar su inocencia. Cada uno tendrá tres audiencias para hacerlo. Tras ello el tribunal Oral Federal 2 estará en condiciones de dictar un veredicto que se espera para fin de año. En caso de recaer condena, la misma no quedará firme hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no la confirme.