La ley clave que no está reglamentada ni los jueces mendocinos cumplen
A pesar de que hace 4 años se aprobó la Ley de Niñez, llamado “Régimen jurídico de protección de personas menores de edad”, aún no está reglamentada, ya que el Ejecutivo debe fijar pautas para su cumplimiento. Además, la Justicia incumple los plazos máximos para la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en los hogares transitorios, lo que genera también retraso en las adopciones. Las críticas vienen de la concejal radical por Godoy Cruz, Marcela Fernández, quien impulsó la norma como subsecretaria de Desarrollo Social en 2018.
El Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad del Aconcagua trabaja desde el sector académico en la visibilización de la falta de aplicación de esta norma en la provincia. En ese sentido, hizo un análisis junto a Fernández sobre esta ley que es clave.
Luego la edil, en diálogo con MDZ, sostuvo que “es muy grave que la norma no se haya reglamentado, porque el mismo Ejecutivo fue quien mandó la norma a la Legislatura. Pero más allá de esto, no hay voluntad de funcionarios del Ejecutivo ni del Poder Judicial en su implementación, a pesar de que fue una norma que se trabajó durante mucho tiempo y con mucho debate”, explicó Fernández, quien a pesar de ser oficialista, recalcó su postura.
El 20 de diciembre de 2018, la Legislatura aprobó introducir las modificaciones con respecto a la anterior ley, en lo que refiere al rol del Estado y a las obligaciones de toda la sociedad hacia niños, niñas y adolescentes. Pero pese al paso del tiempo, la norma no tiene reglamentación y además hay otro hecho grave: los tiempos máximos que marca la ley para que los menores estén en los hogares, no se cumplen.
“Desde la Justicia, Teresa Day, quien hoy es jueza de la Suprema Corte, fue quien puso los plazos en la norma. Acordamos máximo 6 meses para que los niños y niñas estuvieran en los hogares. Pasado ese tiempo deben volver a sus familias o comenzar un proceso de adopción. Nada de esto ocurre porque los jueces toman los plazos como orientativos y no ejecutorios, que es lo que vino a aportar la ley”, sumó Fernández.
En ese sentido, aportó que los niños y niñas alojados en esos establecimientos sufren ”deterioros físicos y psíquicos producto de permanecer tanto tiempo institucionalizados. Esto está estudiado, la institucionalización afecta a la psiquis, y este aspecto es lo que se buscaba evitar con la ley que aprobamos en 2018”.
Por eso, pidió celeridad en la aplicación tanto para funcionarios del Poder Ejecutivo como para la Justicia.