Opinión

Lo que hay detrás y no te cuentan sobre las multas de la RTO

No queremos más a los que buscan gobernar para el enriquecimiento personal, que con el justificativo de la seguridad vial, ocultan la desesperación de armar sus propias cajas a costa del esfuerzo de la clase media.

Mario Vadillo
Mario Vadillo sábado, 16 de julio de 2022 · 14:10 hs
Lo que hay detrás y no te cuentan sobre las multas de la RTO
Foto: Prensa Las Heras

La viveza política no tiene límites para el curro. Siempre encuentra una nueva forma de meter la mano al bolsillo de los ciudadanos con la simple excusa de la seguridad vial, que casualmente siempre es más deficiente por falta del Estado. Tiene una creatividad que aplaudo, la cual se apaga cuando se trata de obras públicas y decisiones que no les llenen los bolsillos.

Está muy difícil mantener una familia o mantenerse uno mismo y parecen no entenderlo. El único bien más cuidado por la gente común es el auto: el que lleva a los chicos al cole, el que te lleva a Potre a tomar unos mates… el que te hace disfrutar la vida. La peor parte es que ellos lo saben. Por eso, saben que pueden recaudar por el auto. Aparte de los aumentos de los impuestos, inventaron los registros y ahora las multas RTO.

El curro de los registros automotores privados

El primer curro: privatizar los registros del automotor, donde la gestión estatal para registrar aeronaves, barcos y bebés lo hace un oficina pública de gestión estatal, pero para automotores se inventó (sin justificación técnica) que solo se debía hacer mediante gestión privada, y que solo puedan ser dueños los que a dedo pusieron “ciertos políticos”: sus familiares, amantes y testaferros. Se crean con cantidad generosa cautiva de patentes, y un precio no relacionado al costo del trámite sino al costo del vehículo (imagínense) en lo que se llevan un 10% de cada transferencia actualizada a valor de plaza.

Nuestra propuesta legislativa es que se vuelva a gestionar en los registros de las personas, la registración de los automotores, con un precio por el costo del trámite y no del automotor.

Como no se han podido crear más registros por la falta de ventas, se tuvo que recurrir en Mendoza a crear otro curro nuevo.

El curro de la RTO

Así surgió el segundo curro, que es la RTO. De muy difícil justificación porque no existe estadística que avale su existencia, imagínense que solo el 2% de los accidentes viales ocurren por fallas mecánicas, pero con una torta de billetes a repartir (120 millones anuales) entre solo unos pocos megatalleres, cuya titularidad esconde a familiares y testaferros, que se habilitan a dedo.

Por lo que se monta desde el Gobierno, mentiras cuidadosamente elegidas sobre cuidar vidas y la “seguridad vial”. Metiendo miedo de la aplicación de multas dentro y fuera de la provincia para lograr doblar la resistencia que el pueblo heroicamente viene ejerciendo contra este curro.

Nuestra propuesta legislativa fue y es la suspensión de la RTO, hasta que se reparen las calles de la provincia que destruyen las cubiertas, tren delanteros y parabrisas, que existan repuestos a precios razonables, y lo más importante que se pueda tener dinero para afrontarla.

El curro de la fotomulta

Por último está creciendo en Las Heras y puede ramificarse en otros departamentos. El Intendente lasherino anda con muchas ganas de presentarse a gobernador de la provincia, y decidió que la campaña política se la pague todo aquel que pase por su departamento en auto, colectivo, taxi o moto. Radares y cámaras caseros son la gran herramienta de recaudación, funcionan 24 x 365, sin pagar agentes de tránsito a cargo.

En plena cuarentena, el Intendente Lasherino aprovechó para poner en cada semáforo y cada calle y ruta de alto tránsito sus aparatitos, pasando por alto las normas técnicas específicas para las fotomultas. Como nadie le objetó, avanzó sobre los límites legales y logró cobrar multas por cientos de millones de pesos a conductores desprevenidos, e incluso les imputó la multa a los dueños de los vehículos (taxis, colectivos, camiones y privados sin transferencia) violando el principio elemental del derecho contravencional de tránsito que es hacer educación vial para el infractor, que incluso puede ser infraccionado con una advertencia o un curso de manejo, cosa que es imposible de lograr a un titular registral.

El intendente lasherino ha montado radares y cámaras en cada rincón de su departamento, para facturar a miles en la forma más eficiente posible, por eso ha evitado cuidadosamente cualquier retardo o freno legal a su apetencia desmedida recaudatoria.

Así no cumple con las normativas de tener equipos homologados en el INTI y registrados en al ANSV, que son costosos, por lo que puso muchos baratitos. No se pone la señalética de advertencia de fotomultas para que sean muchos los desprevenidos, no pone los agentes de tránsito a detener al infractor porque no se podría emitir cientos de multas diarias, ni tampoco se notifica a los 3 días mediante carta documento u oficial público porque es caro en las cantidades que emiten. Por el contrario se notifica multas y sentencias, por carta simple o correos electrónicos que el usuario da para trámites municipales y no son domicilios legales. 

El intendente lasherino armó el curro de las fotomultas, con el embudo de la renovación del carnet de conducir, en forma arbitraria e ilegal no da curso a ninguna renovación sin el libre deuda, de las mismas enormes deudas que él genera con supuestas infracciones que no se sabe cuando y donde fueron multadas, no fueron notificadas por los procedimientos legales, no han tenido defensa y que no usan el único procedimiento de cobro de infracciones que es el apremio en un juzgado con las garantías procesales. En vez de eso se sienta a esperar a que vayan cayendo uno a uno los miles de multados día y noche por sus trampas fotográficas. 

Muchos ciudadanos, que no pueden pagar 30, 60 o 100 mil pesos en multas, se convierten en verdaderos parias del tránsito, no pueden renovar el carnet y andan a las escondidas para evitar controles, no pueden conseguir trabajo con su auto o moto y lo peor es que la falta de carnet le quita la cobertura del seguro, por lo que dejan sin reparación cualquier víctima que se produzca en un accidente vial. Una autentica violación a nuestra Constitución Nacional que asegura la liberta de transitar, ejercer el comercio y trabajar. El uso de una facultad administrativa municipal de control de la aptitud y técnica de manejo, se convierte en herramienta de extorsión de pago de “supuestas infracciones”.

Por último se ha montado un juzgado municipal a la medida de su negocio, que impide defenderse sin abonar previamente,  desconoce el derecho de defensa a estar debidamente notificado, invalidez de los radares, etc. y condena de manera automática con modelos prearmados.

Nosotros queremos un Estado que se ocupe de la seguridad vial como en cualquier país moderno, mediante educación de las reglas de tránsito, de la señalética, del respeto y cuidado a los peatones y demás rodados. Que sea firme en la aplicación de multas cuando existen conductas desaprensivas y peligrosas. Pero no queremos más a los que buscan gobernar para el enriquecimiento personal, que con el justificativo de la seguridad vial, ocultan la desesperación de armar sus propias cajas a costa del esfuerzo de la clase media.

*Mario Vadillo es abogado especialista en consumo y exdiputado provincial de Mendoza.

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