Legislatura de Mendoza

La modificación a la Ley de Ficha Limpia que impulsa un senador mendocino

El legislador socialista Fernando Alín presentó un proyecto con el que busca añadir un artículo a la ley sancionada en 2020 que tiene como fin garantizar que no haya funcionarios con una condena en primera instancia por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros.

Diego Gubinelli
Diego Gubinelli jueves, 14 de julio de 2022 · 07:04 hs
La modificación a la Ley de Ficha Limpia que impulsa un senador mendocino
Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Fernando Alín, senador provincial del Partido Socialista, presentó un proyecto para modificar la Ley de Ficha Limpia, la cual fue sancionada en noviembre de 2020 y que establece que no podrán ser candidatos ni ocupar cargos de gestión quienes tengan condena en primera instancia por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros.

El legislador oriundo de San Martín tiene como objetivo añadir un artículo que incluya en los requisitos de ficha limpia a aquellas personas que enfrentan una denuncia por violencia de género, sin la necesidad de la existencia de una condena firme.

En detalle, la iniciativa plantea a través de su escrito: "Los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales y municipales a ningún candidato que tuviere denuncias de abuso sexual o violencia de género, mientras dure la investigación".

En diálogo con MDZ, Alín dio más precisiones sobre la idea presentada en la Casa de la Leyes mendocina.  "No es para denuncias tomadas con pinzas. Es para aquellas que tengan pruebas de violencia de género. Ahí estaría en condiciones de no entrar a un cargo del Estado", dijo al ser consultado acerca de cómo se podría implementar de manera correcta y sin caer en denuncias cruzadas con meras intenciones políticas.

"Hay que buscar un equilibrio para que haya denuncias con pruebas fundamentadas y que no haya que esperar la condena. En el proceso puede haber un 'tráfico de influencias' en el medio de la investigación. Al hablar de violencia de género no solo hago referencia a la física, sino también a la laboral, económica y psicológica. Estas últimas también pueden ser ejercidas de una muejr a otra", aportó.

Y agregó que "se trata de mejorar la idea inicial de ficha limpia. Con los tiempos de hoy en día, tenemos que tomar ciertos recaudos para dar el ejemplo y decir: 'Bueno, si hay una denuncia es porque algo pasó'. Cuando hay condena es porque el daño ya está hecho. Es un proyecto que simplemente consiste en agregar un artículo en una ley que ya está promulgada".

"Debería entrar en la Comisión Legislación y Asuntos Constitucionales y nada más porque no tiene presupuesto. Creo que se podría dar el despacho favorable ahí", concluyó.

El senador Fernando Alín.

En qué consiste la ley actual

Los partidos políticos o alianzas electorales, a fin de acreditar el cumplimiento de tales disposiciones, deberán exigir a todos los precandidatos  y candidatos titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, “siendo responsables directos de su presentación” ante los órganos con competencia electoral. Este certificado se deberá acompañar junto con la presentación de listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales.

En caso de haberse advertido su falta de presentación, el organismo con competencia electoral intimará, por única vez, al partido político o alianza electoral al cumplimiento de dicho requisito o al reemplazo del precandidato o candidato, en un plazo de 24 horas. En caso de no adjuntarse el Certificado de Antecedentes Penales correspondiente o, en su defecto, en  caso de no producirse el reemplazo del precandidato o candidato en el término previsto, la lista de dicho partido político o alianza electoral será considerada como lista incompleta y no podrá participar de las elecciones provinciales o municipales.

Por otra parte, si se advirtiese, con posterioridad a las elecciones provinciales y municipales, que alguno de los candidatos electos registrara antecedentes por los delitos mencionados, la situación será inmediatamente comunicada a la Cámara Legislativa o Concejo Deliberante que corresponda a los fines de iniciar el proceso constitucional pertinente a que hubiere lugar.

El texto incorpora el inciso 3) al artículo 37 de la Ley Nº 4746 (Orgánica de Partidos Políticos), estableciendo que no podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos (…), las personas que se encuentren  condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por:

  • a) Delitos contra la administración pública comprendidos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII del Título XI del Libro Segundo del Código Penal;
  • b) Delitos contra el orden económico y financiero comprendidos en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal;
  • c) Delitos contra las personas comprendidos en los artículos 79, 80, 84 bis segundo párrafo, 95 cuando el resultado sea la muerte, 106 tercer párrafo del Título I del Libro Segundo del Código Penal;
  • d) Delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119, 120, 124 a 128, 130, 131 y 133 del Título III del Libro Segundo del Código Penal;
  • e) Delitos contra el estado civil comprendidos en los artículos 138, 139 y 139 bis del Título IV del Libro Segundo del Código Penal;
  • f) Delitos contra la libertad comprendidos en los artículos 140, 141, 142, 142 bis, 142 ter, 144 ter, 145 bis, 145 ter, 146, 147, 148 bis y 149 bis último apartado y 149 ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal;
  • g) Delitos contra la propiedad comprendidos en los artículos 165, 168, 170, 174 inc. 5), del Título VI del Libro Segundo del Código Penal;
  • h) Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional del Título X del Libro Segundo del Código Penal.

La modificación propuesta:

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