Obra pública: para la UIF, corresponde la absolución de los acusados
La Unidad de Información Financiera adelantó en el inicio de sus alegatos que “sería irresponsable avanzar en una acusación” al decir que no se cuenta con el grado de certeza para afirmar que hubo sobreprecios. Al descartar que haya habido fraude también manifestó que la asociación ilícita tampoco puede configurarse.
Esto ocurrió ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa que se conoce como el direccionamiento de obra pública en favor de Austral Construcciones, la empresa insignia del empresario santacruceño Lázaro Báez, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal imputada, acusada como jefa de una asociación ilícita.
El organismo, cuando comenzó a hablar, aseguró que la Unidad de Información Financiera debió haber desistido de su rol de querellante porque aquí no se investigan conductas de lavado. “Resulta importante destacar la actuación de UIF como querellante que en 2017 entendió que se hallaba completa la instrucción y requirió la elevación a juicio sin que se hubiera realizado una pericia”.
Alegaron que las pericias se hicieron en la instrucción suplementaria y recién en el debate las partes escucharon a los peritos. “El coloquio profundizó las dudas y debilitó la certeza, dejando huérfana la acusación en este sentido”.
Agregaron que esas dudas “nos impiden tener como certeza la existencia de sobreprecios. Ante tal duda entendemos que sería irresponsable seguir en una acusación. Cuando no se llega a derribar la presunción de inocencia surge el indubio pro reo”, sostuvieron.
Así las cosas, reafirmaron que las dudas alegadas respecto a las conclusiones de las que se partieron y llegaron le quitan aptitud para continuar. “Entendemos que corresponde la absolución de los acusados respecto al fraude. Esto por la pericia que fue realizada en la instrucción suplementaria y no en el momento oportuno”.
Al no contar con el grado de certeza para afirmar los sobreprecios la querella también sostuvo que no existió por tanto una asociación ilícita, aunque consideró que hubo en algunos casos incumplimiento de los deberes de funcionario público respecto de algunos imputados.
Recordemos que el 21 de mayo de 2019 el Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y miembros de su Gabinete como también el empresario Lázaro Báez por presuntas irregularidades en 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, adjudicadas al Grupo Austral Construcciones por 46 mil millones de pesos.
Junto a la vicepresidenta son juzgados el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; y el empresario Lázaro Báez, entre otros.