Con graves acusaciones, piden la intervención del gremio estatal más grande de Mendoza
Cinco congresales nacionales de los diez que tiene ATE Mendoza pidieron la intervención financiera y económica del sindicato provincial. Se basan en distintas denuncias contra el secretario general Roberto Macho y su esposa la secretaria adjunta, Adriana Iranzo, por administración fraudulenta y estafa, persecución gremial, afiliaciones compulsivas, amenazas y avasallamiento de la autonomía de las sedes municipales. La mayoría de las causas a las que tuvo acceso MDZ están en la Justicia.
El informe entregado al Consejo Directivo Nacional de ATE el 31 de marzo pasado tiene la firma de los cinco congresales mendocinos y describe las causas penales que pesan contra Macho y lo que llaman "modus operandi" desde la actividad gremial e institucional de la conducción del sindicato mendocino.
-
Te puede interesar
Paritarias estatales: ATE rechazó la propuesta oficial y UPCN la aceptó
Una de las causas de mayor gravedad mencionada es la denuncia hecha el 2 de septiembre de 2021 por la Comisión Administrativa de ATE Luján de Cuyo, contra Macho, Iranzo y los miembros del Consejo Directivo de ATE Mendoza Mihail Zagorac y Graciela Navarro y contra Gabriel y Alejandro Iranzo. La denuncia penal se hizo en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos número 7. Se los acusa de hacer transferencias bancarias millonarias desde las cuentas de ATE y CTA a las cuentas personales propias durante los años 2019/2020/2021.
El Consejo Directivo de la ATE nacional respondió el 6 de diciembre del año pasado a la fiscalía que "no se autoriza a girar fondos a las cuentas bancarias personales de los representantes de los consejos provinciales". Según la nota presentada por los congresales, "actualmente la fiscalía se encuentra haciendo las pericias contables" y además "hay prueba plena de que existieron las transferencias bancarias".
Por otro lado, en el periodo 2015/2019, una vocal de ATE Mendoza, demandó por daños y perjuicios a Macho y a Iranzo por casos de maltrato, violencia laboral y acoso. De acuerdo a la nota enviada a ATE nacional, el 6 de septiembre de 2019 la Justicia condenó al sindicato y a sus titulares por este caso.
El informe también incluye una causa del 27 de julio de 2020, denominada “afiliaciones compulsivas” donde asegura que "miles de estatales provinciales sufrieron descuentos en sus haberes de forma ilegal" y fueron afiliados compulsivamente a ATE Mendoza. El informe sostiene además que Macho fue imputado formalmente ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos número 7. Actualmente espera fecha para el juicio oral y público.
Por otro lado agrega que el 12 de marzo de 2021, cinco integrantes con distintos cargos electivos del Consejo Directivo de ATE Mendoza y de la CTA, realizaron denuncias penales por violencia de género. La Fiscalía ordenó que se realizaran rondines policiales periódicos con firma de planillas cada 4 horas en los domicilios de las denunciantes. De acuerdo al informe, posteriormente " las causas penales pasaron a la unidad fiscal correccional número 6 donde Macho fue imputado por amenazas los días 7 de marzo del año pasado y 3 de mayo de este año".
Actualmente, continúa el texto enviado a ATE nacional, "existe una acefalía en el Consejo Directivo de ATE Mendoza, debido a la cantidad de compañeros con cargos electivos que no están cumpliendo sus funciones por diversos motivos (renuncias, destituciones y separaciones de cargos). Resolver cuestiones de separaciones de cargo, intervenciones, destituciones, bajas de licencias gremiales y expulsiones, requiere de mayorías especiales para resolverlo conforme lo establece el Estatuto Societario de ATE, un debido proceso o sea derecho a defensa, pruebas y que intervenga el CDN de ATE, cuestiones que contempla nuestro Estatuto y que nunca accedimos hasta el momento desde lo Institucional".
El 19 de mayo del 2022 en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza el Consejo Provincial de ATE Mendoza, le solicitó al Gobierno en el punto 15) de un acta paritaria que: " Comunique a todas las entidades dependientes del mismo, que todas las licencias gremiales, permisos gremiales y créditos horarios son autorizados por el secretario general del Consejo Directivo Provincial según normativas y acuerdo vigentes". En la nota enviada a nivel nacional, se afirma que " este requerimiento de Macho al Gobierno significaría en caso que se acceda a su pedido, una reforma del Estatuto Societario de ATE lisa y llanamente, que va a contramano con lo que pretende el Congreso Nacional Extraordinario de ATE aprobar con la reforma estatutaria. Significaría que la provincia de Mendoza tendría un procedimiento propio, donde no tendrían razón de existir las seccionales más allá de lo formal, “avasallando su autonomía", se sostiene en la nota.
Por último, antes de las firmas, se pide a ATE nacional que "se intervenga" y "se arbitren todos los mecanismos para investigar".