Los intentos de reformas en la Justicia, un deporte argentino

Los intentos de reformas en la Justicia, un deporte argentino

Nuestro país necesita, de una vez por todas, comenzar a transitar un camino de normalidad institucional. Esto significa mejorar nuestras instituciones actuales en lugar de estar cambiándolas permanentemente.

Agustín Pesce

Jorge Capitanich declaró recientemente que quiere construir una “Corte Suprema con representación de carácter federal”. Con ese norte, el Presidente junto con un grupo de gobernadores peronistas impulsan la idea de ampliar la corte a 24 miembros, uno por cada provincia.

Pareciera que con más jueces lograríamos que éstos fallen “distinto”, para que finalmente el país entre en la senda del desarrollo. Sin embargo, la idea de que ampliar el número de miembros redundaría en sentencias “más federales” no tiene ningún sustento, ni viene a resolver ninguno de los problemas reales de la justicia, como la independencia, la calidad de los jueces o la demora en resolver.

Pareciera que los gobernadores no advirtieron que la Corte está compuesta por dos santafesinos (Lorenzetti y Rosatti), un cordobés (Maqueda), y sólo un porteño (Rosenkrantz). Tampoco es posible decir que representan a “la oposición”.

El mandato constitucional de la Corte no es representar a las provincias (porque para eso está el Senado de la Nación) sino resolver las causas según el derecho vigente. Si los jueces representaran a las provincias estaríamos creando un nuevo Senado, donde lo importante no sería cumplir con la Constitución o asegurar el cumplimiento de las leyes sino articular mayorías a favor o en contra de otras provincias (lo que volvería inútil al Congreso de la Nación).

La composición actual de 5 miembros vitalicios que no pueden ser removidos por el gobierno de turno (con la sola excepción del juicio político, el cual requiere de mayorías especiales) y sólo pueden ser nombrados cuando alguno de ellos deja su puesto por voluntad o muerte, tiene un sentido. Consiste en asegurar la independencia del Supremo Tribunal frente al poder político, principio fundamental a fin de que puedan impartir sentencias conforme a derecho y no conforme a la política. Por otro lado, la ampliación a 24 miembros relentizaría aún más el accionar de la justicia, requiriendo la mayoría de 12 jueces para lograr la mayoría cuando ahora se necesitan 3. Como consecuencia, empezaríamos a mirar los fallos con suspicacia, teniendo en cuenta los orígenes de los jueces.

Además, la Corte tampoco no representa los “intereses de la Ciudad de Buenos Aires”, como sugiere el peronismo. En numerosos fallos ha demostrado estar a en favor de su autonomía, lo que (en todo caso) es una “victoria” del federalismo contra un unitarismo de la Nación.

Nuestro país necesita, de una vez por todas, comenzar a transitar un camino de normalidad institucional. Esto significa mejorar nuestras instituciones actuales en lugar de estar cambiándolas permanentemente. No hay experiencias en el mundo en que países que han transitado un camino hacia el desarrollo hayan entrado en una “licuadora legal” reformando todo lo que había, sino más bien sus éxitos radican en dotar de previsibilidad a todo su marco legal e institucional.

Si analizamos el presupuesto que tiene asignado el Poder Judicial de la Nación, observamos el insignificante porcentaje del mismo que se le asigna al rubro “modernización y mejoras estructurales del sistema”. Posiblemente allí se encuentre el principal problema de nuestros tribunales: el margen de recursos disponibles destinados a invertir en mejores de fondo es exiguo. 

Es indispensable, a su vez, que el juez se dedique exclusivamente a impartir justicia, y que alguien especializado en “managment” se encargue de mejorar los procesos internos y modernizarlos, haciéndolos más accesibles y eficientes. Los jueces están capacitados para ser jueces pero no siempre cuentan con habilidades en administración de los juzgados a los cuales pertenecen. El Consejo de la Magistratura debería colaborar activamente en ese aspecto, certificando los procesos de los diversos juzgados e implementando mejoras continuas en cada uno de ellos, pero las permanentes fricciones políticas hacen que no se pueda llevar a cabo.

Deberíamos construir un índice de calidad de funcionamiento de cada fuero y cada juzgado, con variables que indiquen el grado de efectividad, transparencia, independiente y modernización, que cada uno tenga a fin de mostrar verdaderamente que la justicia pueda prestar al ciudadano un servicio de calidad.

Queda claro que detrás de los diversos intentos reformistas que propone insistentemente el kirchnerismo se juegan otros intereses que, precisamente, no son los de mejorar la justicia, sino controlarla y obstaculizarla. De esa forma perdemos todos, ya que sin justicia no hay derecho, y sin derecho no hay leyes.

*Agustín Pesce es miembro del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

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