De inquilino a propietario: IPV, la caja política de los partidos tradicionales

Un matrimonio fue al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por una de las tantas promociones publicitarias de planes para vivienda. Por un Dúplex en Guaymallén le pidieron:

• 3 millones de pesos para inscribirse al plan
• $180 mil de ingresos en blanco
• Una cuota mensual (ajustable) de $45 mil por 240 meses.

Ellos alquilan en ese monto, pero no tienen esos millones pedidos.

Desde el 2020 al 2023 el IPV se comprometió a entregar 8.000 casas. Después de 3 años solo alcanzó las 1.704. En muchas charlas, los inquilinos autoconvocados de Mendoza nos expusieron su bronca con la falta de oportunidad de ser propietarios. Sin embargo, existe una herramienta legal dada en el Código Civil (art. 1227) que es el contrato de leasing, por el cual "el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio".

En palabras fáciles, el leasing permite ir pagando la propiedad mes a mes, en vez de su alquiler, sin tener que disponer de una millonada en ahorros, solo cumpliendo los mismos requisitos que hoy solicitaría cualquier inmobiliaria. El IPV podría disponer de un plan para convertir los inquilinos en propietarios. Pero no lo hace. Las familias siguen bajo el régimen de alquiler, por lo que deben pagar mensualmente o son desalojados. La enorme diferencia con el leasing es que mes a mes van cancelando la vivienda que alquilan. Así, en un plazo de 10 a 15 años, pueden optar por pagar el saldo de precio adeudado (muchas veces con la venta de un automotor, ayuda familiar o incluso un préstamo personal) para que se le transfiera la vivienda.

La principal ventaja es dar accesibilidad a un enorme universo de familias a una vivienda, sin el riesgo de la mora o la falta de pago que ha llevado durante décadas a la desfinanciación constante del IPV. Este círculo de la riqueza no solamente beneficia a los inquilinos, sino que enciende el motor de la construcción, que es de los pocos que tienen la capacidad de amplificar los ciclos económicos, por lo que, cuando se empieza a construir, esta industria lo hace a un ritmo que duplica o triplica al del crecimiento del PBG (producto bruto geográfico), genera rápidamente puestos de trabajo, multiplica la inversión en nuevos proyectos y derrama beneficios en los 130 eslabones de su cadena productiva.

Con la gran ventaja competitiva de la provincia de tener en su territorio abundante materia prima para la construcción, elaboración y producción (cemento, cerámicos, yeso, ladrillos, piedra, etc.) y mano de obra capacitada en colegios técnicos y universidades, para poder brindar la última tecnología en casas industrializadas que permiten bajar los costos, mejorar la eficiencia energética, ser pasible de ampliaciones y por sobre todo, que se puedan vender en otras provincias.

Nuestra gran desventaja es el propio IPV: los partidos mayoritarios lo han usado por décadas como una caja política, con más de 50 mil créditos en mora, con cuotas irrisorias por su congelamiento y muchos otros que nunca fueron pagados por ser dados a punteros políticos, amigos y familiares.

Como tercera fuerza verde, nos comprometemos siempre con aportar una mirada crítica y soluciones concretas, en este caso proponemos transformar el IPV en la API (Agencia Provincial Inmobiliaria) para que sea un organismo conducido por cargos concursables, con auditoria contable externa y legislativa, que logre como primera misión la urbanización de lotes, los desarrollos inmobiliarios con la participación público/privado, y así también captar inversiones de pequeños y medianos ahorristas.

El IPV debía ser una herramienta para la gente, pero en Mendoza solo se trata de una caja política.

*Mario Vadillo es abogado especialista en consumo y ex diputado provincial de Mendoza.