Denunciaron penalmente a Roberto Feletti por defraudación

La diputada nacional Marcela Campagnoli, junto a María Victoria Borrego y Luciano Bugallo, denunció penalmente al exsecretario de Comercio Interior Roberto Felletti, a la empresa Molinos Cañuelas y a BICE Fideicomisos por el presunto delito de acción pública, el cual habría sido articulado desde altas esferas de la administración pública con el dictado de una resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, mediante la cual se creó el fideicomiso de administración del “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, y se designó a BICE fideicomiso S.A. como fiduciario del mismo.

Según la denuncia que recayó por sorteo en el Juzgado Federal 12, actualmente subrogado por Ariel Lijo, “uno de los principales -por no decir el principal- beneficiarios de los desembolsos llevados a cabo por el fideicomiso fue 'Molinos Cañuelas S.A.C.T.F.I.A., empresa que se encontraba por ese entonces en concurso preventivo de acreedores en la provincia de Córdoba”.

Según relatan los denunciantes, en aquella causa figura que el pasivo supera en deudas los 31.000 millones de pesos y que entre los principales acreedores se encuentra justamente el BICE. En esencia, la misma entidad financiera estatuida para administrar el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.

“Resulta aún más curioso que la mencionada empresa, “Molinos Cañuelas S.A.”, cumpliera los requisitos establecidos para ser elegible cuando ya en el año 2020 había sido equiparada a “Vicentin” en su operatoria comercial e incluso llegó a ser mencionada por encontrarse siendo investigada, tanto ella como sus principales autoridades, por el delito de lavado de activos”.

Conforme se desprende de la nota periodística que dio lugar a la presentación judicial y del comprobante de transferencia allí inserto, “…de los casi 1.400 millones de pesos que Comercio Interior informó haber pagado el viernes a través de ese fideicomiso (administrado por el BICE), más de 80% fue a parar a una cuenta de Molinos Cañuelas, tal como se confirma en este comprobante de transferencia que llegó a manos de Bichos de Campo. Por lo menos en el sector agroalimentario argentino no se conocía una transferencia de semejante magnitud: fueron exactamente 1.098.951.866,38 pesos que a las 14,52 del viernes cambiaron de manos: pasaron de la cuenta del fideicomiso estatal (que se supone se financia con recursos del aumento de las retenciones a los derivados de la soja) a la cuenta corriente de Molinos Cañuelas en el Banco Supervielle”.

Es decir, aseguran en el escrito que casi el 80% de los fondos destinados fueron remitidos únicamente a “Molinos Cañuelas” en detrimento de los demás molinos, y habría tenido como único fin limitar el precio al que se deben vender las bolsas de harina. “Ello, lejos de proteger a la industria molinera, habría generado un perjuicio económico y habría violado las claras reglas de libre competencia, siendo el Estado quien indirectamente influencia en el valor de mercado de un producto”.

En ese contexto les resulta llamativo el manejo de fondos públicos destinados supuestamente “a proteger el precio de trigo, que se encuentra en manos de una empresa que ha violado y ha sido sancionada por $150 millones de pesos, justamente por haber aumentado el precio de la bolsa de trigo”, sostienen.

Asimismo, no sólo apuntan a la empresa Molinos, sino a sus autoridades al señalar que no es un dato menor que Aldo Adrián Navilli “también fuese investigado por la Justicia por la conformación de sociedades offshore, mientras la citada empresa se encontraba con grandes pasivos y próxima a ser concursada. Tampoco podemos perder de vista que uno de los principales acreedores es el Banco de la Nación Argentina, y que de ser así Navilli se habría hecho de fondos del Estado utilizando a “Molinos Cañuelas” de pantalla y desviando dicho dinero a cuentas personales en sociedades offshore, es decir que indirectamente se habría beneficiado de las arcas del estado utilizando su empresa como pantalla”.

Por último cuestionan que los subsidios percibidos y las multas aplicadas demostrarían el desinterés de la familia Navilli y de todo “Molinos Cañuelas” por observar y cumplir la normativa vigente y más aún cumplir los compromisos que en un futuro pudiera asumir en el proceso concursal en el que se encuentra la empresa.

En la presentación solicitaron varias medidas de prueba para avanzar con la investigación.