El Gobierno oficializó los aumentos en las tarifas de luz y gas

La Secretaría de Energía oficializó este sábado el aumento de las tarifas de gas y electricidad que se pagarán a partir del 1° de junio. En cuanto a la tarifa de gas, el incremento para los usuarios que no tengan tarifa social será de entre 18,55% y 25%, mientras que en la luz será de 16,53% en promedio.

Ahora resta que la suba sea convalidada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a cargo de Federico Bernal y Soledad Manin respectivamente, quienes responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Hoy se publicó en el Boletín Oficial la resolución 2022-403, en la que la Secretaría de Energía habilitó un aumento de 41,7% en el precio del gas en boca de pozo, incremento que recibirán en su totalidad las empresas productoras. Esta suba implica entre 18,55% y 25%% de aumento en la tarifa que pagarán los usuarios, puesto que la producción de gas explica un 39% de lo que se cobra en la factura final (los impuestos representan otro 27%; las distribuidoras, 24%, y el transporte, 10%).

En tanto, en el caso de la electricidad hubo una resolución similar que también se publicó hoy, en la que se consignó que la adecuación de los precios implicará un incremento para las empresas productoras de 21,6%. Al igual que ocurre con el gas, en este caso tampoco se traslada todo ese incremento a la factura final que pagará el usuario, ya que hay también otros componentes que forman el precio de la electricidad que llega a los hogares.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que se cumplió con el pedido de que las correcciones tarifarias sean inferiores a la variación de los ingresos de la gente. Por ahora, nada se especificó sobre la segmentación de tarifas, que iba a implicar que el 10% de los usuarios con mayor poder adquisitivo pagaría el precio total del gas, sin subsidio. 

En su momento, Adigas, la cámara que agrupa a las distribuidoras, mencionó en una de sus presentaciones en las audiencias públicas donde se trató este tema, que poner en práctica la segmentación de tarifas iba a implicar una demora de por lo menos dos meses.

De esta manera, Economía empieza a recorrer el tortuoso camino de la reducción de subsidios energéticos, que son uno de los principales componentes del gasto público y, por lo tanto, grandes responsables del déficit fiscal que, en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió a bajar.