La dura advertencia al presidente de la Corte por las consecuencias de la permanencia de Bento como juez
El caso de Walter Bento sigue sumando capítulos y se cierra el cerco alrededor del juez. Manuel Pizarro, actual Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, advirtió a la Corte Suprema sobre las graves consecuencias que tiene el “caso Bento” en la justicia local. En particular, le menciona cómo complica al funcionamiento de la justicia el hecho de que Bento siga en funciones a pesar de estar procesado por delitos graves. Pizarro menciona que se atrasan las causas, que se hace complicada la convivencia en Tribunales y hasta menciona el desprestigio que genera para ese poder que un juez procesado se mantenga en funciones.
A mediados de este mes Pizarro elevó ante el presidente de la Corte de Justicia de la Nación y también del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, una dura nota poniendo en evidencia la grave situación institucional por la que atraviesa toda la jurisdicción cuyo y en especial la sede de los Tribunales Federales. Rosatti es presidente de la Corte y también quedó como titular del Consejo de la Magistratura, organismo que tiene en sus manos la evaluación del desempeño de Bento. De hecho el pedido de desafuero y suspensión quedó dilatado y a resolver. El Consejo tomó otra arista del caso Bento como primera decisión: le negó la posibilidad de rendir para ascender a camarista.
En la nota enviada a la Corte, Pizarro enfatizó la situación procesal del Juez y califica como “particularmente grave” lo que sucede porque la causa penal “tiene como principal acusado al señor juez titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, quien además se desempeña como juez electoral”. “En la causa mencionada se encuentran imputados, además del doctor Bento, su señora esposa (empleada judicial de Juzgado Federal N°1 de Mendoza, la que se encuentra suspendida) los dos hijos del matrimonio (uno empleado del Tribunal Oral Federal N°3 y el otro, secretario de la Cámara, los que se encuentran actualmente con licencia psiquiátrica), además de 30 imputados, entre los que se encuentran un magistrado de ministerio público de la defensa, nueve abogados de la matrícula, y dos funcionarios de la fuerza de seguridad”, agrega. .
Las tres consecuencias
Manuel Pizarro describe tres consecuencias qué, para él, permiten calificar de gravedad institucional la situación que genera el tránsito de la causa penal de Bento. “La primera de las consecuencias está relacionada con la afección del normal funcionamiento de los juzgados federales de esta ciudad de Mendoza, y en particular del Juzgado Federal número tres, cuyo magistrado se encuentra excusado de intervenir en la causa de Bento”, explica el camarista, donde aclara, además, las complejidades que la causa en la que se investiga al juez trae al propio funcionamiento de la justicia. Es que, por ejemplo, en el Juzgado 3 se encuentran “todas aquellas que podemos denominar “conexas”, qué suman un número de más de 46 causas, y como se vinculan al referido doctor Bento, actúan magistrados subrogante de toda la jurisdicción, pero con la intervención de la secretarías del Juzgado Federal mencionado”.
En esa descripción se destaca que en ese Juzgado Federal, donde se encuentran radicadas las causas y que de un total de 100 personas detenidas, “44 de ellas pertenecen a la causa principal que involucra al magistrado o a sus conexas”
Pero además de los problemas jurisdiccionales, está afectada la convivencia dentro de Tribunales porque el juzgado del acusado, así como la Cámara y hasta el Ministerio Público están en el mismo edificio. “Las graves dificultades que acarrea el ministerio público Fiscal, como titular de la acción penal que tiene como acusado al magistrado referido, comparta el espacio físico laboral con este”, alerta el texto enviado a la Corte. “A su vez, no pasa inadvertido para esta alzada, y se pone en conocimiento de esa presidencia que el señor fiscal general de Mendoza, doctor Dante Vega, cuenta con custodia personal las 24 horas del día, la que es proporcionada por una fuerza de seguridad provincial, a raíz de las amenazas proferidas en su contra por uno de los como imputados del juez Bento”.
A los camaristas les preocupa además el desgaste y la mala imagen social que genera el hecho de que un juez federal con procesamientos firmes y acusado de delitos graves, siga en funciones. “La tercera consecuencia tiene que ver con el impacto institucional y mediático que la tramitación de la causa penal ocasión, ya que teniendo en cuenta que el Juez Federal con competencia electoral de la ciudad de Mendoza se encuentra procesado por los graves hechos… trajo aparejado un gran número de notas periodísticas en distintos portales locales y nacionales”, advierten. “Además, es oportuno señalar que la ciudadanía de MENDOZA resulta estar -en general- comprometida e interesada con las consecuencias públicas zozobra y preocupación respecto a la situación descripta y sobre todo por la continuidad en el ejercicio de sus funciones del magistrado que es objeto de gravísimas acusaciones. Todo ello menoscaba la imagen institucional de este poder del Estado”, concluye.
La nota no pide ninguna medida especial, pero sí funciona como advertencia para que la Corte, como máximo órgano jurisdiccional y administrativo, tome cartas en el asunto. En efecto, ahora también tiene a su cargo la conducción del Consejo de la Magistratura.