Caso Lucas González: dos imputados se opusieron a ir a juicio

Falta una semana para que se cumplan 5 meses del asesinato de Lucas González, el joven futbolista que el 17 de noviembre de 2021 salía de entrenar con un grupo de amigos y fue atacado por tres policías en el barrio porteño de Barracas. El expediente avanzó rápidamente con los imputados procesados con prisión preventiva.

En ese marco, el fiscal Leonel Gómez Barbella le solicitó a la jueza Paula González la elevación a juicio de catorce efectivos de la Policía de la Ciudad involucrados en el homicidio de Lucas González, la tentativa de muerte de sus tres amigos y el encubrimiento.

Se trata del inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva como coautores de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial, en perjuicio de Lucas González; tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley.

Por otra parte, también se pidió la elevación para el comisario inspector Daniel Alberto Santana; los comisarios de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán, Fabián Alberto Du Santos y Ramón Jesús Chocobar; el principal Héctor Claudio Cuevas; los oficiales Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Dario Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Juan Horacio Romero; y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Vecinal, Roberto Orlando Inca, como coautores de los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas. Además, Cueva e Inca también fueron acusados como coautores de falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados.

A la hora de responder al requerimiento realizado por la fiscalía y la querella, solo dos imputados se opusieron a la elevación a juicio. Se trata de Sebastián Jorge Baidón y Jonathan Alexis Martínez. La defensa del primero solicitó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio efectuado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, mientras que el segundo se opuso y pidió su sobreseimiento al considerar que no cometió delito alguno. La defensa de Baidón entendió “que el requerimiento de elevación a juicio resulta nulo por violación a la teoría de la imputación procesal penal válida”. 

Entre alguno de los argumentos vertidos manifestó que “no hay una descripción del hecho que le sea atribuido a Sebastián Baidón, concretamente en términos de haber prestado ayuda para eludir las investigaciones de la autoridad o para sustraerse a la acción de ésta, a los policías Issasi, Nieva y López”

Además al requerir la nulidad advirtieron “que el Fiscal imputa situaciones fácticas por las cuales Sebastián Baidón no se encuentra procesado, tales como haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas por la división homicidios de la PFA, básicamente porque Baidón no tuvo contacto con personal alguno de dicha división durante la jornada del 17/11/21”.

En su presentación, la defensa de Martinez esbozó que su asistido concurrió “en cumplimiento de su deber policial, a un desplazamiento por enfrentamiento armado, y con ese convencimiento es que al arribar al lugar recibió la directiva de asegurar a los menores, y entregar el procedimiento rápidamente al personal superior interventor, que por jerarquía y función así corresponde, por lo que debe desterrarse de una vez el convencimiento de la fiscalía de proceder antijurídico alguno por parte de Martínez”

Esta semana el representante del Ministerio Público Fiscal deberá dar respuesta a estos planteos previo a que la jueza defina si da por clausurada la etapa y eleva las actuaciones a juicio.

Recordemos que cuando Gómez Barbella realizó el requerimiento dijo que la presente pesquisa tuvo como objeto dilucidar un entramado policial que puede resumirse en dos acontecimientos diferenciados, pero relacionados entre sí: “1) el homicidio agravado de Lucas Santiago González y la tentativa de idéntico resultado en perjuicio de J.A.S, J.Z.G. y N.H.G., por parte de tres integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y 2) todo el despliegue posterior llevado a cabo un gran número de integrantes de la Policía de la Ciudad, muchos de ellos de alta jerarquía, cuya actuación presentó un designio común: la finalidad de obtener sin ambages la impunidad para el integrante de la fuerza que desde los albores del suceso, aparecía al menos sospechado de un actuar ilegítimo".

Para el  representante del Ministerio Público Fiscal, "no se trató en el caso de una simple acumulación de irregularidades en la actuación prevencional -que en modo alguno habría derivado en este proceso penal-, sino de conductas ilícitas planificadas y ejecutadas por funcionarios públicos con el afán de manipular a su antojo el sistema judicial con fines absolutamente ilegítimos".

Además, concluyó que “jamás hubo ‘un enfrentamiento armado’, sino más bien un ataque perpetrado por los oficiales a las víctimas, irracional e injustificado, para lo cual emplearon sus armas a fin de cercenarles sus vidas. Y esto es evidente, por cuanto no existió accionar alguno de los niños que pudiera ser considerado sospechoso, como lo alegaron los imputados, ni elemento que pudiera ser interpretado equívocamente como que podrían atentar en su contra”.

Por su parte, la querella representada por Gregorio Dalbón solicitó que los policías acusados del crimen vayan a juicio, considerando que cometieron un "ataque delincuencial" y que por "efecto simpatía se retroalimentaron para dispararle a las cuatro víctimas”.

En el escrito, el abogado destacó además el trato "de odio por discriminación racial o social" de los efectivos hacia los cuatro adolescentes, algo que también fue remarcado por la fiscalía.