Sin lugar a tregua, Alberto Fernández arremetió otra vez contra la Justicia
Tal como anticipamos a horas del inicio del discurso presidencial en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, dos ejes en los que hizo hincapié Alberto Fernández fueron la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, al referirse al Poder Judicial, volvió a solicitar una "reforma integral del sistema de administración de Justicia Federal". La misma que fue enviada en el 2020 y aprobada por el Senado pero que por el paso del tiempo y la falta de tratamiento “ha perdido estado parlamentario". Recordemos que distintos gobiernos buscaron la posibilidad de tener una reforma judicial y ninguno lo logró.
Previo a comenzar a hablar de esto apuntó a la Justicia respecto a la querella iniciada por el acuerdo con el FMI durante el Gobierno de Mauricio Macri. Aseguró que acordar ahora “no releva a la Justicia de avanzar en investigar la deuda. Los argentinos tienen el derecho a saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tales desatinos”, aseguró.
Hoy la causa que tiene la jueza María Eugenia Capuchetti está avanzando con medidas solicitadas por el fiscal Franco Picardi. Por otra parte el procurador del tesoro Carlos Zannini pidió a fines de diciembre que se cite a declarar a miembros del organismo de préstamo al tiempo que llegaba al expediente un informe proveniente del FMI. Estos dichos del jefe de Estado dieron lugar a que parte de la oposición se levante de sus bancas y se retire.
En su discurso Alberto Fernández fue crítico con la oposición y dijo: "Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del Gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la Justicia Federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py". Justamente los juzgados de retiro son siempre los apuntados porque son los que investigan a la política. También analizar la conformación de la Corte Suprema y solicitó un Poder Judicial independiente de los poderes económicos.
Fernández recordó que el proyecto enviado hace dos años, además, contemplaba la creación de un Juzgado Federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, “instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico". Ahora bien más allá de que es importante la creación de estos juzgados sobre todo por la situación actual que se vive en la provincia en materia de seguridad, es importante destacar y como lo explicó el colega Martín Angulo en una nota publicada en Infobae el 22 de septiembre de 2021, que en Rosario el 37% de los cargos de jueces y fiscales federales están vacante.
“No hay jueces y fiscales. Con el agravante de que algunos de esos lugares están en condiciones de cubrirse desde hace cuatro años”. Es decir, más allá la necesidad de poner en funcionamiento nuevas sedes judiciales sería importante que hubiera personal para lo cual se precisan concursos y acuerdos para aprobar pliegos. Y eso urge. Eso sería una “justicia eficiente” como dijo Alberto Fernández.
Volvió de este modo a pedir en relación a esa cuestión que el Congreso la aborde y se generen los consensos necesarios. Además recordó que ya envió el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Hay que rememorar que en diciembre pasado la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo del año 2006 y dio un plazo hasta el 15 de abril para cumplir con una nueva integración o una ley -lo que ocurra primero- so pena de declarar nulo todo lo que se decida desde esa fecha.
Reiteró ante los legisladores su idea de terminar con los sótanos de la democracia y apuntó directamente contra el espionaje ilegal, manifestando que puso “fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos. En síntesis, dije nunca más a esos sótanos que propusimos desmantelar y por eso los desmantelamos".
Fue más allá en su discurso y aseveró: "Hoy no hay espionaje político. No se intervienen teléfonos sin causa judicial, en la Argentina de hoy cada uno piensa y dice lo que se le da la gana”, de este modo como hizo en otra ocasión destacó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia que dejó al descubierto esas prácticas, según sus palabras.
A través de redes sociales, el abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse, aseguró tras el discurso donde apuntó a su defendido que “el presidente sigue construyendo el pretenso relato de un inexistente aparato estatal de supuesto espionaje sistemático. Nada más lejos de la verdad. Ello sólo se explica en su interés de querer dar aparente sostén al ficticio lawfare que busca garantizar impunidad a la corrupción K”.
El jefe de Estado anunció el envío de un proyecto de ley "que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia".
En otro orden de cosas, sumó críticas en relación al aumento de precios en los servicios de telecomunicaciones y acusó a “algunos jueces que dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital", sin resolver la cuestión de fondo y les endilgó “un acto de complicidad judicial con el poder económico".
Ante este panorama planteado habrá que ver si puede lograr en el Congreso los consensos necesarios para avanzar en alguno de los proyectos. Por lo pronto, la necesidad de una reforma o nueva integración del Consejo de la Magistratura los corre. Como ya mencionamos el plazo vence en un mes y medio y no hay lugar para la duda.