El FMI, las tarifas, el kirchnerismo y la batalla por $325.000 millones
Cuando Washington y Buenos Aires terminen de cruzar información sobre cómo quedará la traducción final del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en definitiva un problema burocrático -no técnico ni político-, se presentará en sociedad el programa de Facilidades Extendidas que ya está negociado entre las partes. Probablemente sea esta tarde o mañana por la mañana. Pero no mucho más. Luego entrará en el Congreso y comenzará otra etapa.
Mientras tanto, el último capítulo que quedó por cerrar ya puede adelantarse. Las tarifas de los servicios públicos de la electricidad, el gas y el agua deberán aportar un recorte del 0,5% del PBI, con lo que el incremento final deberá medirse en términos fiscales y no porcentuales. Esto es, en dinero. Que, por otro lado, deberá ser recaudado de los bolsillos de la clase media, media alta y alta de todo el país; algo que, como se sabe, los políticos (de todo color) quieren naturalmente evitar por razones obvias.
El ajuste tarifario que deberá aplicar el país, por arriba de las alzas que ya se anunciaron del 20% en el servicio de electricidad y gas deberá duplicarse, y trepar a los 325.000 millones de pesos. Un total de 0,5% del PBI, en reducción de subsidios. El cuadro conocido hasta ayer incluía un ajuste cercano al 0,2%, esto es unos 130.000 millones de pesos; cifra a la que se llegaría con la eliminación del beneficio en algunas zonas puntuales de la Capital Federal y el conurbano bonaerense; más el incremento de 20% promedio anunciado para el primer semestre del año, y que para gran parte de la coalición oficial (especialmente el kirchnerismo) debía actuar como incremento máximo para todo el año.
Ahora el gobierno de Alberto Fernández deberá avanzar en un nuevo programa de ajuste en las tarifas de electricidad (fundamentalmente) que elevaría el alza a más del 40% y que obligaría al oficialismo a aplicar un nuevo ajuste en el segundo semestre del año. El porcentaje de incremento dependerá de dos cuestiones. El primero, la marcha de la meta de déficit fiscal de 2,5% de PBI comprometida por el ministerio de Economía para todo el 2022. Si hacia septiembre Martín Guzmán se acerca a ese nivel, el ajuste podría ser menor. Si se aleja, el alza tarifaria se profundizará, y combatirá contra el incremento de la inflación. En este caso, para saber el ajuste final de las tarifas eléctricas y del gas, habrá que esperar el incremento que muestren los salarios privados y públicos en blanco. Si, por ejemplo, estos crecen por encima del 50% ante una aceleración inflacionaria, el alza tarifaria final también subirá por arriba del 40%, acercándose incluso al 45%.
Pero el capítulo de los incrementos no quedaría allí. Hay un compromiso explícito del Gobierno ante el FMI, por el cual la eliminación de los subsidios directos deber pasar del 0,08% ya anunciado a un 0,1% del PBI. Esto es, de unos 6.500 millones a 65.000 millones de pesos. ¿Cómo se logrará este incremento? Aplicando el mismo criterio que se anunció para la Capital Federal y algunas, pocas, zonas del conurbano; a unas 9 regiones de todo el país; entre las que se incluyen el resto de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, la Patagonia y el norte argentino. En semanas se anunciarán zonas urbanas y rurales de todo el país, donde se ubicarían inmuebles de alto valor y supuesto nivel de ingresos de sus habitantes, a los que se le eliminaría el 100% de los subsidios.
Por otro lado, y como adelantó MDZ, el Gobierno argentino y el FMI, avanzarán en un acuerdo con el Banco Mundial para que financien un estudio urgente que determine la mejor manera de avanzar en una más eficiente segmentación de las tarifas de los servicios públicos. La entidad que maneja David Malpass financiará un estudio (así está escrito en el acuerdo final) que determine en un nuevo esquema que determine la manera de aplicar una eliminación, reducción o mantenimiento de los subsidios a las tarifas eléctricas y del gas en todo el país. La intención es que para septiembre se anuncien ya los resultados del informe, para que en 2023 ya esté en funcionamiento pleno la nueva segmentación tarifaria.
La intención de las partes es tener un plafón serio e institucional (al menos a los ojos del FMI), sobre cómo avanzar en el conflictivo capítulo de las tarifas y los subsidios; pero respetando la intención del Gobierno nacional de incrementar las tarifas en un 20% máximo este año. Con un leve muy leve retiro de los subsidios a un puñado ínfimo de los usuarios. Especialmente de la Capital Federal. El trabajo financiado por los dos organismos de crédito internacional, debería determinar cuál sería la mejor fórmula para avanzar sobre el tema, lo que le permitiría al Gobierno ganar al menos un año en la aplicación de un ajuste severo. Y evitar el reclamo del propio FMI de avanzar en la eliminación de subsidios, con un ajuste que según los cálculos del organismo podría trepar hasta el 180%. Sin contar la inflación de este año.
Todo el ajuste tarifario ya negociado y cerrado con el FMI, implica un ajuste total de 325.000 millones de pesos totales; de los cuales unos (aproximadamente) 150.000 millones ya están acordados con las subas tarifarias ya anunciadas más la tenue eliminación de subsidios en CABA y la provincia de Buenos Aires. Restan unos 175.000 millones que deberán provenir desde la eliminación de más subsidios y, fundamentalmente, una nueva alza de las tarifas. Será, seguramente, la batalla política más importante que deberá enfrentar el oficialismo para lograr consenso interno mirando la aprobación de la ley en el Congreso Nacional. Se librará en horas.