El millonario juicio que ganó el Gobierno por el Banco de Mendoza
A más de 20 años de la privatización de los bancos oficiales, la Justicia falló a favor de Mendoza en una demanda millonaria iniciada en 2007 por Magna Inversora y Grupo República contra el Gobierno de la provincia por "por daños y perjuicios". De esta manera, se eludirá el pago de 22 millones de pesos que reclamó el grupo inversor en aquel momento, que al día de hoy se trataría de una suma de aproximadamente 150 millones de pesos.
Este martes la jueza María Paz Gallardo, a cargo del tribunal de Gestión Asociada N1, dictó sentencia rechazando la demanda en su totalidad. El reclamo que se le hizo a la provincia fue por daños y perjuicios derivados de los hechos, actos, omisiones, ocultamientos y defectos de previsión por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los estados patrimoniales de dichas instituciones al 30 de noviembre de 1995.
No obstante, la Justicia rechazó de plano las acusaciones del grupo empresario liderado por Raúl Moneta, argumentando que el tiempo otorgado para el proceso de análisis previo fue suficiente, entre otras cuestiones.
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Fiscalía de Estado llevó a cabo la defensa del patrimonio oficial en el reclamo millonario y aguardará que la sentencia no sea apelada ante un tribunal superior.
El Banco República, junto a Magna Inversora (en aquella época integrado por la desaparecida AFJP Fecunda y un grupo de 35 empresas de Cuyo), pagó por los dos bancos provinciales 30 millones de pesos casi lo mismo que reclamaron años después. Estas entidades reunían en ese momento un total de 600 millones de pesos en depósitos, 1100 empleados y una red de 100 sucursales en todo el país.
Cuándo fue privatizado el banco
El hecho ocurrió en la década de 1990, durante el gobierno de Rodolfo Gabrielli, donde el exmandatario buscó privatizar el Banco Mendoza y fusionarlo con el Banco de Previsión Social.
El grupo inversor regional Magna se hizo cargo junto al Banco República de armar un consorcio a fines de 1996, con Arturo Lafalla como gobernador de Mendoza.
Ambas eran entidades estatales que constituyeron el Banco de Mendoza, que fue suspendido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en 1999 y cerró luego de escandalosos autopréstamos en los dueños que causaron un importante vaciamiento.