El sainete por una reina que terminó desnudando una realidad muy pobre
El mundo está pendiente de la escalada bélica desatada por Rusia en Ucrania, que tiene hasta aquí derivaciones insospechadas. El país, por su parte, sigue detrás del huidizo acuerdo con el FMI que, según el anuncio número cien realizado por el gobierno en las últimas horas, finalmente será presentado por Alberto Fernández el próximo 1 de marzo en la Asamblea de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Y nosotros aquí, en Mendoza, con nuestros conflictos de comarca.
Una salvedad. Podría intentar minimizarse el sainete desatado por Julieta Lonigro, la reina blue de Guaymallén. Pero dos cuestiones hay que tener en claro. Una: el asunto terminó mereciendo la atención del gobernador y de la Suprema Corte de Justicia, las máximas autoridades institucionales de la provincia. Y la otra: no hay caso, por más que se busque sostener que la elección de las reinas es cosa del pasado, a una buena parte de la sociedad mendocina todavía le sigue apasionando el “puterío vendimial” que inevitablemente se renueva año a año.
Un tercer elemento, quizás más de fondo, se puede agregar para entender lo que pasó, alrededor de esta soberana paralela que demostró tener tanta tenacidad personal como respaldo político y jurídico en su cruzada. Lo que ocurrió fue otra muestra de cómo muchas veces en Mendoza se terminan judicializando conflictos que la política no logra resolver. Y la muestra descarnada, asimismo, de un agenda de debate demasiado pobre, en un contexto en que la provincia debería estar discutiendo de qué manera va a salir de cara al futuro mientras sigue desperdiciando oportunidades.
El rezongo de los jueces de la Corte por haber tenido que fallar en el caso Lonigro fue notorio esta semana. Una delicada línea de presión política sobre los magistrados más cercanos al Gobierno, buscó patear una definición para después del Acto Central del 5 de marzo y casi lo logra. La Corte había decidido esperar a que pasara la elección de la Reina Nacional para hacer lugar o no a la medida cautelar de la reina de la discordia.
Pero más allá de esta intencionalidad política, los supremos cayeron en la cuenta de que los plazos judiciales están para cumplirse y (entre miércoles, jueves y viernes) se pusieron a resolver. Para que no los acusaran de frívolos, también sacaron casi en simultáneo la sentencia que involucra a Luis Lobos y confirmaron un fallo de la justicia penal que condenó, en 2019, al ex intendente de Guaymallén y a su esposa a ir a prisión por corrupción.
En este combo departamental, lo que salió de la Sala 2 del tribunal fue una sentencia 2 a 1, en donde José Valerio y Mario Adaro votaron por suspender la vigencia de la ordenanza aprobada en el año 2021 por el Consejo de Guaymallén, que eliminó las elecciones de la reina en ese departamento. Y patearon para adelante la cuestión de fondo que será de qué manera se resolverá a futuro lo que, para muchos, ya es una realidad y es que las reinas de la Vendimia irán desapareciendo paulatinamente. Para ello, la Corte apunta a discutir el tema en el marco de las audiencias públicas que implementó hace años para tratar de zanjar demro de ese ámbito este tipo de discusiones de profundo impacto social y enorme debate que terminan en la Justicia.
El otro integrante de la Sala, Omar Palermo, votó en disidencia. Entendió que desde el punto de vista jurídico era imposible avanzar contra una ordenanza votada bajo todas las condiciones democráticas y desconoció la legitimidad de la elección paralela de Lonigro llevada adelante en Maipú. Nunca lo expresarán públicamente, pero en el Gobierno de Suarez aplaudieron el voto de Palermo.
Así y todo, la reina blue pudo festejar unas horas nada más la sentencia judicial a su favor. La Justicia suspendió la ordenanza guaymallina pero no la habilitó para presentarse como reina departamental, que era su aspiración máxima. Ese lugar, finalmente será ocupado por la reina electa en 2020 después de una trabajosa negociación encarada por el municipio porque la actual soberana, Sofía Grangetto, no quería saber nada con eso de volverse a presentar.
Marcelino Iglesias y los concejales que llevaron adelante esta movida de terminar con los reinados, claramente tiraron la piedra y escondieron la mano cuando el escandalete tomó otra dimensión. Se presentaron en su momento como vanguardia, pero terminaron escogiendo el silencio y escondidos detrás de los problemas que desataron las tormentas y la piedra de esta última semana para no opinar sobre el tema.
Menos mal que Guaymallén consiguió convencer a Grangetto. De otra manera, Rodolfo Suarez hubiera quedado envuelto en un verdadero papelón. Ya a sabiendas del fallo de la Corte, apareció en escena después de meses de no meterse en la cuestión y dijo, primero, que entendía que todos los departamentos tenían que presentar reinas en la Fiesta. Para sumar horas después que, para él, la opción era que Guaymallén fuera al Teatro Griego de la mano de la última soberana electa con normalidad en el 2020.
La pregunta que todos se hicieron el viernes cerca de las diez de la mañana, cuando Suarez apareció en Twitter con su propuesta, fue: “¿Para qué (muchos le sumaron aquí un improperio) se metió en esto?”. No hay mucho misterio: “Quiso evitar lo que hubiera sido un quilombo fenomenal en la semana de Vendimia y en donde Mendoza era el centro de atención nacional”, soltaron.
A decir verdad, el gobernador venía intentando persuadir hace meses a Marcelino para que bajara la ordenanza y volviera a permitir las reinas en su comuna. Pero no lo consiguió. Puede ser un botón de muestra este episodio, pero a esta altura y no pueden ser ocultables las dificultades en la gestión que incluye, por caso, hasta la imposibilidad de convencer a uno propio para que desactivara una bomba que finalmente terminó por explotar.
La Casa Rosada ninguneó hasta aquí el pedido de audiencia con el presidente realizada por Suarez para discutir cara a cara el futuro de Portezuelo del Viento y ya comenzó la cuenta regresiva, que tiene como fecha límite autoimpuesta por Suarez para finales de marzo, en donde se dará por caída la obra. La inseguridad crece y este fin de semana nos enteramos de un robo que tiene un fuerte carácter simbólico. En la noche del viernes un grupo encapuchado y armado protagonizó un violento asalto en una vivienda del barrio privado en donde vive el gobernador. Reflejo de la tragedia: no sería tanta novedad a esta altura que se produzca un atraco en uno de estos espacios cerrados hacia donde mucha gente que pudo, corrió a refugiarse para sentirse más segura. Pero el hecho de que ladrones entren en un barrio privado, en donde además vive el gobernador, tiene una simbología tal que da toda la impresión de que, si no se hace algo, estamos prácticamente listos.
Esta semana comenzó a morir, casi antes de nacer, el ambicioso plan oficial para desarrollar el centro de esquí en Malargüe conocido como El Azufre. La polémica desatada por la “asignación precaria” de 12 mil hectáreas otorgada a un grupo privado para que pudiera desarrollar el proyecto, activó al kirchnerismo mendocino en la voz del senador Lucas Ilardo, quien a su vez movió sus vinculaciones a nivel nacional para intentar ponerle un freno a Suarez. Por ahora eso no sucederá: el gobierno provincial rechazó por “improcedente y maliciosa”, la nota que envió el presidente de la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado , Martín Cosentino, que le pidió directamente a Suarez que paralizara el proyecto.
Pero lo que por ahora aparece como continuidad, no tiene buena perspectiva. Los desarrolladores de El Azufre deberán terminar en la Nación para conseguir, o bien una concesión o bien la venta de esas tierras de montaña y el anticipo de Cosentino da una señal mas que clara acerca de cómo se resolverá en Buenos Aires el tema.
Cuando ya se suman más de dos años de gestión, son demasiados los proyectos de desarrollo y reformas de fondo, prometidas o propuestas, que fueron paralizándose o que quedaron condenados al fracaso uno tras otro. Y aquí entra en juego lo que apunta a ser característico en esta gestión. El gobierno está recostado en las encuestas que le marcan a Suarez que conserva un 63% de imagen positiva (esa última medición es del mes de enero) y que además el gobierno nacional es el responsable de buena parte de los males de esta provincia porque el 62% considera que la discrimina y que además el 59% está convenido de que "el peronismo de Mendoza le está poniendo palos en la rueda al gobernador". Dicho en otras palabras, en Casa de Gobierno entienden que pueden surfear los problemas locales porque, en definitiva, la elección del año que viene se definirá por la cercanía o por el rechazo hacia Alberto Fernández. Y por la evidente buena imagen que arrastra Suarez desde 2020 por el manejo que hizo de la pandemia.
Puede sonar raro, pero para el gobierno lo mejor que puede pasar es que florezcan mil Ilardos en la escena política. Esa oposición dura, entienden, no hará otra cosa que reforzar la sensación de victimización de Cambia Mendoza ante los supuestos responsables de nuestros problemas son el presidente y Cristina Kirchner y el PJ local.
Por su parte Alfredo Cornejo sigue adelante con la construcción de su candidatura nacional para 2023 y no se inmiscuye demasiado en los asuntos de gestión más allá de que se la pasa acumulando críticas en privado. En ese sentido está transitando un camino que ya tiene un recorrido claro, pero que agrega una gran incógnita a su vez.
Desde que asumió su nueva banca en diciembre, apostó por seguir sentado en la mesa de decisión de Juntos por el Cambio y viene trabajando con dirigentes, tanto del radicalismo como del PRO, para darle músculo y sustento técnico a su postulación.
Pero es consciente de algo: sabe que la única forma de que un candidato a presidente radical llegue con chances a una PASO (eventualmente para competir con Horacio Rodríguez Larreta o con Patricia Bullrich o para encarar alguna fórmula cruzada con esta última) es que esa nominación tenga el respaldo unánime de toda la UCR detrás. ¿Existen chances de que esto ocurra el año próximo? Falta tiempo todavía, pero el panorama de disputa actual de los radicales a nivel nacional no muestra un escenario promisorio para que concrete esa ambiciosa aspiración corjenista.
Suarez no oculta lo que es el principal deseo que sostiene a nivel político provincial. Su situación ideal pensando en el 2023, es que Cornejo vuelva a presentarse por la gobernación y eso no solo le terminaría ordenando la discusión interna por la sucesión, sino que además será la salida sin mucho esfuerzo que lo terminará depositando por cuatro años en el Senado de la Nación.
Pero la mirada a largo plazo del exgobernador, por ahora, continúa puesta en el tablero nacional. Si Cornejo no vuelve para presentarse acá, algo ya tienen conversado con Suarez: entre ambos buscarán elegir al candidato del radicalismo dentro de Cambia Mendoza, a través de un acuerdo que evite una disputa interna que podría afectar gravemente la gestión en el último año. De manera informal, funcionarios del Poder Ejecutivo recibieron un planteo de intendentes y legisladores del peronismo para eliminar las PASO provinciales.
Eso no ocurrirá. Si no rompe con la coalición, el gobierno quiere que Omar De Marchi compita en las urnas para dirimir lo que ya está decidido y es que peleará por el lado del PRO por la candidatura de la alianza oficialista. Habrá que prepararse en el 23 para otro verdadero festival de elecciones como ocurrió en 2019. Es muy probable que los caciques del peronismo en las comunas, temerosos de repetir la magra performance del 2021, se separen tanto de la elección nacional como de la provincial para no poner en juego su territorialidad.
Suarez no resignará, más allá de los reclamos de organizaciones académicas y sociales, la atribución legal que tienen los gobernadores mendocinos de acomodar el calendario electoral en la provincia a las necesidades políticas del momento. O dicho de otro modo: con seguridad no desdoblará los comicios locales de los nacionales (como le marca la ley que debe hacer en primera instancia) subido a la convicción que tiene de que la gente no votará pensando en la gestión de los radicales en Mendoza. Sino que en definitiva y como ya se dijo párrafos arriba, lo hará en el marco de la grieta política que atraviesa al país.
En medio de todo esto, el gobernador se prepara para reeditar, luego de que la pandemia se lo impidiera el año pasado, el festejo de Vendimia que acaparará la atención de un puñado de funcionarios nacionales como Julián Domínguez o Matías Kulfas, que se preparan para viajar a Mendoza el próximo fin de semana. Mucho radical de primera línea vendrá a mostrarse en la vidriera, como Gerardo Morales, Martín Lousteau y Facundo Manes y se espera también por la confirmación de que vendrá también Horacio Rodríguez Larreta. Mientras tanto, todos en Casa de Gobierno cruzan los dedos para que el sábado, cuando se cuenten los votos en el Frank Romero Day, Guaymallén no termine siendo el departamento más gritado.