Cristina, ni presa ni proscripta: un fallo más mediático que operativo

Se juega el honor más que su futuro político. Cristina Fernández de Kirchner estará en condiciones de ser candidata a presidenta, a vicepresidenta o incluso a senadora nacional en las elecciones del próximo año más allá de la sentencia que dictaría esta tarde el Tribunal Oral Federal 2 en la denominada causa Vialidad.

La expectativa desmedida en el fallo alimentada desde las usinas de los medios contrastan con el efecto operativo que tendrá la sentencia en la realidad política de Argentina. El efecto de un fallo adverso podría extenderse durante 72 horas en las tapas de los diarios. Hasta que juegue la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. El 43% de pobreza medida por la UCA y una inflación anual que rozará el 100% centrada en la suba de alimentos son urgencias que ni Alberto Fernández, el kirchnerismo, Juntos por el Cambio o el grupo de Lago Escondido parecen tener como prioridad.

Más de del pronunciamiento del tribunal, que podría condenar a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y/o administración fraudulenta en perjuicio del Estado, la sentencia tendrá efecto suspensivo. Es decir, luego de la previsible apelación de los abogados de la vicepresidenta el fallo no quedará firme hasta que se pronuncie el tribunal de alzada, en este caso Casación.

Y luego, en caso de recibir una nueva sentencia adversa en segunda instancia, la vicepresidenta aún podría apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un final abierto y lejano que, mientras tanto, le permitirá a Cristina Fernández de Kirchner seguir en libertad y postularse al cargo electivo que quiera. Más allá de que el Tribunal Oral Federal 2 la inhabilite "de por vida" para ejercer cargos públicos.

La vicepresidenta y el empresario y dueño de la firma "Austral Construcciones" Lázaro Báez enfrentan un pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Los fiscales reclamaron también la "inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos". Es la pena más alta pedida por los acusadores mientras que la defensa de la exmandataria reclamó la absolución y denunció que la fiscalía cometió "prevaricato", al acusar por hechos "inexistentes". e incurrir en "falsedades".

El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.
En la última audiencia de esta semana, la vicepresidenta hizo uso de su derecho a hablar en sus palabras finales ante los jueces y sostuvo que el Tribunal es un "pelotón de fusilamiento" que tiene sentencia "escrita" por hechos "inexistentes", como parte de una "actividad disciplinadora" para "estigmatizar a un espacio político".

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena. A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.

Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.
Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.

La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico". Al momento del veredicto, los jueces deberán decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas "maniobras" para simular competencia en las licitaciones de las que tomaba parte el grupo Báez.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada. Además, solicitaron diez años de cárcel para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo. Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez. En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.