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Alfredo Cornejo insistió con avanzar en la regulación de la Eutanasia

El senador radical presentó en la UNCuyo su proyecto sobre "muerte digna" y realizó un emotivo homenaje a Daniel Ostropolsky, reconocido abogado mendocino que promovía la iniciativa.

El senador nacional y exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, la diputada nacional Jimena Latorre y el doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires, Mario Sebastiani, presentaron el proyecto de regulación de la Eutanasia, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Lo realizaron frente a un auditorio colmado de estudiantes y profesionales, en el marco de las VIII Jornadas Nacionales y 1° Jornadas Mendocinas de Derecho de Salud, organizadas por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y la casa de altos estudios.

El objetivo de la iniciativa presentada por los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio busca “regular el derecho de toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir”, a través de la legalización de lo que se conoce como “eutanasia asistida”.

Cornejo se comprometió con este proyecto porque “creo que es un derecho que falta” y señaló que aún le cuesta generar este tipo de debates “cuando la crítica sobre la gestión es impresionante. Muchas veces creo que, más que legislación y generar derechos, lo que falta es calidad de gestión en el Estado”. 

Asimismo, dijo que “es políticamente correcto poner algunos derechos, pero se olvidaron de este derecho, porque el sistema político funciona sobre la base de la demagogia y el populismo y no sobre la base de la racionalidad y los principios de las libertades”. Sostuvo que evitar la confrontación con la eutanasia es lo políticamente correcto, pero hay que deliberar con la sociedad sobre los principios de racionalidad y la superación de esas ideas confrontativas”.

El senador instó a los legisladores a tratar el proyecto y fue tajante al decir que “ya me dijeron que es muy conflictivo el proyecto, pero en realidad el no se atreven aún a decirlo en público”.

Latorre fue en el mismo sentido y no sólo dijo que hoy es “tema tabú”, sino que profundizó en que sin una ley, “estamos condenando a las personas a morir en soledad”. 

“Es tiempo de hablar de muerte y eutanasia, de buena muerte”, dijo la legisladora mendocina y comentó que es un tema que merece tratarse con todo el respeto que implica, pero, por sobre todo, “tenemos que ver que hoy no le damos a la persona el derecho de ser asistida y a que se pueda morir en un ambiente cálido y no en soledad”. 

Latorre aseguró que “es nuestro deber como legisladores hablar sobre eutanasia y llevar como representantes de la sociedad el tema al Congreso”, porque “en nuestro país está penado tener una ‘buena muerte. Esto nos lleva a la clandestinidad, nos lleva a morir solos”.

También comentó que cuando fue presentada la iniciativa en el Congreso empezaron a aparecer distintas posiciones, lo que consideró sano para el debate: “Aquí aparecieron fundamentos y fundamentalismos, que no es lo mismo. Los detractores muchas veces tienen fundamentos religiosos y plantean que la eutanasia es un fracaso de la medicina, de la sociedad que no supo acompañar, del Estado, de la Salud y consideran que no nos debemos ocupar del tema. Pero nosotros que somos parte de un Estado laico como establece la Constitución, estamos hablando de regular derechos y de libertad, por lo tanto la religión no tiene lugar en esta discusión”.

Luego hizo un repaso por los países que han abordado el tema y cuentan con una ley. Afirmó que en Uruguay, en octubre pasado, se le dio media sanción al proyecto, pero antes se realizó un sondeo y el 70% de la sociedad uruguaya apoyaba la legalización de la eutanasia. “Este es un tema que nos atraviesa a todos los partidos políticos como pasó en el vecino país”, afirmó la legisladora e hizo hincapié en que no se puede rivalizar entre cuidados paliativos y eutanasia porque no son excluyentes.

Caso testigo

Cornejo explicó que fue la historia del mendocino Daniel Ostropolsky, de 72 años, la que llevó a entender la necesidad de que quienes sufren “una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, puedan solicitar “la prestación de ayuda para morir dignamente”. Además, detalló que el objetivo es que la ley se aplique en todo el territorio nacional y que sea el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales los que se encarguen de aplicarla.

Explicó que esta ley “es algo que hace falta y es superadora a la muerte digna que queda incompleta”. Además, el legislador comentó que esta legislación ya la tienen muchos países y algunos estados de los Estados Unidos: “En todos los lugares donde se ha aplicado, se actúa con estricto profesionalismo” y comentó que la parte jurídica del proyecto fue trabajada con Ostropolski, “quien sufrió una enfermedad inhabilitante en primera persona”.

La iniciativa

En otras palabras, el proyecto de ley establece una reglamentación, con requisitos básicos a verificarse a través de la comisión de asistencia y análisis médicos, donde el paciente plantea su voluntad. No hay un listado de enfermedades, sino que debe implicar un sufrimiento que sea incompatible con la dignidad humana, la apreciación de eso lo hace un cuerpo interdisciplinario. Una vez que la persona queda sin la posibilidad de comunicarse, la familia puede tomar la decisión.

Quiénes y cómo pueden pedirla

El legislador informó que el proyecto alcanzará a todos aquellos que no puedan valerse por sí mismo, “que lleven asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico”. También dejó en claro que sólo podrán solicitarla quienes hayan manifestado su voluntad expresa de recibir la eutanasia asistida con anterioridad a perder el pleno uso de sus facultades.

De esta manera, agregó que el paciente debe haber “suscrito un documento de directivas médicas anticipadas, instrucciones previas, testamento escrito o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento”. Según el proyecto, “la valoración de la situación de incapacidad de hecho, por el médico responsable, se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.