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Las nuevas maniobras dilatorias de Bento para estirar el proceso en el Consejo de la Magistratura

El juez Walter Bento, procesado por asociación ilícita, pidió una enorme cantidad de pruebas y testimonios dentro del Consejo de la Magistratura que podrían dilatar las decisiones.

El juez Walter Bento volvió a apostar a su estrategia para dilatar el proceso que se lleva adelante en el Consejo de la Magistratura y, así, ganar tiempo. El viernes no solo presentó un agregado a su larga defensa, sino que pidió que sumar nuevas pruebas, peritajes y testimonios, incluso de personas que ya declararon.

El Consejo de la Magistratura analiza el desempeño de Bento, en paralelo a la causa judicial. Hasta ahora ese proceso va a paso lento, justo como el acusado desea. Tan lento, que el titular del Juzgado 1 de Mendoza se mantiene en el cargo a pesar de estar procesado por delitos graves y el Consejo ni siquiera ha votado si eso es correcto o no.

La semana pasada terminó su descargo oral ante la comisión de acusación de ese organismo. Desde ese espacio debería surgir un dictamen para que el Consejo en pleno decida si lo suspende y lo enjuicia o no. El Juez ahora vuelve a la carga para extender ese trámite y el 1 de noviembre la comisión debe responderle si le acepta sumar todo lo que pidió o no. Si acceden, pues el proceso se estirará largamente y lo tendrá que abordar la nueva composición del Consejo. Aunque todo puede pasar, hay dudas sobre el éxito que pueda tener el pedido del acusado.

Ese organismo, que tiene representantes de la justicia, la Corte, los abogados y la política, tuvo elecciones y el 20 de noviembre asumen las nuevas autoridades. La comisión que analiza la situación de Bento tiene 20 días para resolver, tiempo que llega justo con el intercambio de consejeros. 

El Consejo de la Magistratura debe decidir si avanza con el juicio contra Bento o no. 

Dilaciones

Walter Bento está acusado de ser el líder de una asociación ilícita que supuestamente otorgaba favores a cambio de coimas a personas acusadas de delitos federales. Por eso está procesado por ese delito y, como causa y consecuencia, por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Tiene pedido de prisión, pero por los fueros que lo cubren esa medida no se ejecuta. En cambio, Bento sigue a cargo del Juzgado Federal 1 de Mendoza, que abarca causas penales y también es el juez electoral.

El Consejo de la Magistratura evalúa su desempeño y aún no toma ninguna decisión. Bento hizo un descargo oral extenso y le agregó otro escrito. Ahora va por más tiempo para sí y pidió nuevas medidas.

Entre otras cosas, solicitó que se envíen al Consejo copias de gran parte de los expedientes judiciales que hacen a la causa madre. Pero hay más: en su larga minuta exige que se piden informes sobre muchos de los testigos que declararon en su contra, entre ellos Diego Barrera y Stuto.

Va más allá y pide informes sobre el accionar del juez Eduardo Puigdéngolas, informes a la AFIP por su declaración patrimonial, al Banco Nación (por el crédito excepcional que le dieron) y a una de las escribanas que actuó registrando bienes a su nombre.

Lo más complejo tiene que ver con los testimonios. Bento pidió que sean citadas a declarar más de 20 personas, entre quienes están todos los funcionarios y empleados de su juzgado y hasta su abogado, Mariano Cúneo Libarona.

En la lista hay otra particularidad. Bento pidió un peritaje académico para validar una prueba. En ese caso, solicita que se sortee un profesor de derecho penal de la UBA para que exponer "como perito o experto". En ese staff hasta podría estar incluido el presidente Alberto Fernández, quien es titular de una cátedra en esa universidad.