Agua, la política y los problemas ineludible: ¿cuál será el legado de Rodolfo Suarez?

Rodolfo Suarez llegó de Brasil y firmó el proyecto de Presupuesto 2023. Es un acto formal, pero tiene una connotación particular. Pues se trata de su último presupuesto. El gobernador, justamente, entró en la etapa final de la gestión y hay varias formas de mirarlo. Puede ser el camino a la puerta de salida o, mejor, el de la construcción de su legado. Cada decisión que el gobernador tome de ahora en más afectará mucho más a sus herederos que a él mismo. Cada acierto y error será traído a la memoria en el futuro cercano por quien ocupe el sillón de San Martín desde diciembre del año que viene.

En una situación normal, el Presupuesto sería la hoja de ruta para saber lo que va a pasar. En Argentina es casi una formalidad, por lo que el legado de Suarez difícilmente pueda estar en la pauta enviada a la Legislatura. Tan relativo es ese texto, que el propio Gobierno desmintió al ministro de Obras Mario Isgró cuando dijo que no habría obras nuevas el año que viene al referirse a la “ley de leyes”. El Presupuesto es más una formalidad que un hecho a consumar. Por eso habrá que interpretar su herencia con otros instrumentos.

El actual mandatario será recordado como el gobernador de la pandemia, como cualquier dirigente al que le tocó gestionar en épocas de covid. Para él fue la crisis de la oportunidad, porque halló en esa contingencia global el modo de reinventarse tras la crisis autoinflingida por la minería. Pero en 4 años y con el vértigo de Argentina, con eso no alcanza.

Un aprendizaje: es la política, estúpidos

En la última semana, el Gobierno tuvo un aprendizaje enorme. Como no había ocurrido antes, se propuso una meta y lo consiguió a pesar de los obstáculos: reformó el funcionamiento de la Suprema Corte, proyecto que tuvo un final distinto a muchas otras iniciativas que Suarez intentó, pero no logró. En el medio hubo algo distinto; hubo gestión política, tensión y negociación, ejercicios sobre los que la política mendocina había perdido la memoria.

El proceso de reforma del máximo tribunal es un hito en la pálida política local. No porque haya sido una reforma tranquila, sino todo lo contrario. Quedaron expuestas en carne viva las internas y los intereses, hubo denuncias cruzadas y la pelea recorrió el límite de la crisis institucional. El oficialismo, que es mucho más que el Gobierno, encontró un límite impensado en el marco de la gula de poder a la que está acostumbrado. Una firma en una comisión y la objeción interna de la Corte fueron los detonantes, pero lo virtuoso fue que hubo salida a la crisis.

El resultado fue un proyecto mucho mejor al que hubiera salido si el oficialismo avanzaba con sus votos propios. Al final la Corte será un “colegio de jueces” como quería y habrá sorteos. La especialización se abandonará, como proponía el Gobierno, y habrá 7 jueces decidiendo. Así, quedó claro que gran parte de la disputa era por la gestión y el poder dentro de Tribunales, pues las principales concesiones vinieron por ese lado. El proyecto resultante, el Presidente de la Corte perdió potestades y se las transfirió al pleno del tribunal, es decir a la decisión colegiada. Todos perdieron un poco, nadie ganó del todo. La trabazón que se generó dentro de Cambia Mendoza dejó secuelas y también puede ser un punto de quiebre para el futuro inmediato.

Para Suarez fue un cambio. Proponer, y hacer; con la política como eje. En el legado que comienza a escribir hay otros temas que pueden tomar el mismo camino, pero con una complejidad mayor. La reforma educativa, la reforma institucional; un pacto para garantizar el equilibrio fiscal. Suarez repite que su impronta es el diálogo. “Es lo que yo quiero”, asegura cuando se refiere a la idea de consensuar temas. Claro que lo dice sabiendo que está entre dos tensiones: la de la oposición intransigente del PJ y la interna, igual de dura para romper puentes.

El legado de Suarez será difícil de leer en lo social, por el contexto macroeconómico que obliga a quemar los guiones. Los indicadores coyunturales marcan algunas mejorías en empleo, pobreza medida por ingresos y leves señales de mejora en la calidad de vida. Pero son datos que se ven más en el espejo retrovisor porque aún no tienen en cuenta la escalada inflacionaria. A nivel más profundo, luego de la pandemia costó remontar la caída y generar una economía virtuosa. Crecieron los empleos precarios, sin garantías y con bajos ingresos, también las estrategias de supervivencia. La economía de Mendoza está diversificada, pero no hay impulsos nuevos: la explotación petrolera no tiene grandes proyecciones (hay dos pozos en Vaca Muerta y la esperanza es la recuperación terciaria), los dos proyectos mineros aprobados están estancados (no aparece la inversión privada) y la única realidad tangible es el turismo, que depende en gran medida de la infraestructura.

Agua, dólares y servicios

Uno de los ejes a los que Suarez le presta atención y puede ser su gran legado es la gestión del agua. Para adaptarse a la realidad de la escasez y para sanear los problemas heredados por décadas de abandono y atraso en la infraestructura. El gobernador prepara para esta semana la presentación de un mega plan de agua para abastecimiento poblacional. La intención es garantizar equidad en el acceso; en cantidad y calidad; supliendo el agua de pozo que nutre a gran parte de la red y también la infraestructura antigua. Eso incluye desde una red de transporte desde fuentes de agua superficial, hasta nuevas plantas potabilizadoras. No es sencillo: hace más de dos décadas que se planteaba abandonar la planta Alto Godoy porque era obsoleta. Eso no solo no ocurrió, sino que esa planta sigue siendo clave. Suarez tiene la idea y buscará el aval de los intendentes. Solo falta un pequeño detalle: el financiamiento.

La gestión del agua “cruda” es otro de los temas clave. Para ello muchos plantean la necesidad de repensar el funcionamiento del Departamento General de Irrigación. También, desde lo operativo, mejorar la inversión. Con 280 millones de dólares se ejecuta el plan de obras previsto por ese organismo. El asesoramiento israelí que se contrató por ahora ha reafirmado diagnósticos ya conocidos. Como sea, hay una realidad innegable que Mendoza ya vive: no habrá más agua y hay que garantizar crecimiento con ese recurso. Irrigación, por ejemplo, se vio obligado a suspender la aprobación de pozos de agua en cuenca del Río Tunuyán por la afectación que tienen los acuíferos.

Hay tres temas áridos que el gobernador no podrá evitar en su testamento político. Uno, el más virtuoso, tiene que ver con el destino de los 1023 millones de dólares que Mendoza tiene disponibles por el resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial. No será Portezuelo del Viento la obra elegida y aún está en evaluación si podrá ser El Baqueano, una represa que es de más sencilla ejecución pero de dudosa conveniencia. De hecho, surgen cada vez más dudas dentro del propio oficialismo. Suarez tiene en sus manos la responsabilidad de marcar el camino para la gran oportunidad que representa tener ese dinero disponible. También la de recuperar parte del tiempo perdido: el dinero comenzó a llegar durante el Gobierno de Alfredo Cornejo. Pasará la gestión y no habrá nada invertido, con una licitación trunca en el medio.

El otro tema complejo que deberá comenzar a resolver es el de la deuda. La intención del Ejecutivo es reconvertir a pesos la mayor porción que pueda, para evitar los enormes vencimientos en dólares que se avecinan. Para ello, como adelantó MDZ, buscarán renegociar con o sin acuerdo de la Legislatura. Ese tema puede condicionar a las gestiones futuras, así como lo puede hacer, puertas adentro del Estado, la política salarial que se siga: con la incertidumbre como constante, hay quienes temen por los efectos que pueda tener la paritaria permanente con los trabajadores.

El tercer eje árido tiene que ver con los servicios públicos. Con la calidad, los costos que tienen y el precio que se cobra. Como anticipó MDZ, Suarez tendrá que resolver una de las peores herencias de los gobiernos del PJ, que generaron un “plazo fijo” a las distribuidoras que ya roza los 100 mil millones de pesos. Es la deuda reconocida por el Estado por los ingresos no percibidos durante la “Convergencia Tarifaria”, esa decisión tomada por Cristina Fernández de Kirchner y Francisco Pérez. El costo del servicio de transporte (que lo absorbe el Estado) es el otro problema, por el volumen de recursos que se destinan a mantener el precio del boleto. La duda que le genera al Gobernador deberá ser resuelta en las próximas semanas para evitar que los impactos se sientan en el año electoral.  

Suarez tiene una relación algo culposa con el cargo y el poder. Suele repetir que desea volver a la tranquilidad de su estudio de abogados, que prefiere la humildad del llano que las luces del poder. Es una verdad relativa, pues difícilmente quede alejado de la política y, a su manera construye. Ahora deberá trazar el mapa de su destino y lo que quiera dejar.