FMI: la curiosa coincidencia entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio

En algo coinciden Juntos por el Cambio (JxC) y el kirchnerismo ortodoxo y puro (Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner). Ambos frentes políticos no harán público su apoyo claro y directo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta no conocer, al menos, la Carta de Intención del Facilidades Extendidas que aún se está negociando. Esto se dará cuando el Ejecutivo envíe al Congreso Nacional el proyecto de ley que incluirá los términos de todo el acuerdo, completo, que Argentina deberá respetar desde, seguramente, el segundo semestre del año y que marcará y limitará a fuego la política económica del país durante los próximos 10 ejercicios; gobierne quién gobierno.

Para que el texto se conozca en Diputados (será la cámara donde comience el tratamiento; para luego pasar al Senado); habrá que esperar aún. Mínimo, la segunda quincena de febrero. No antes. Y esto ocurre por una razón simple: aún las partes tienen que negociar dos capítulos fundamentales del acuerdo. Argentina y el FMI deben discutir la política cambiaria y la monetaria. En el primer caso, como reducir de más de 100 al 50% la brecha entre los dólares oficial y financiero. En el segundo, como puede garantizar Martín Guzmán que el déficit fiscal anual ya discutido y acordado; sea cubierto en un 70% con colocación de deuda y un 30% de emisión. Como se ve, negociaciones clave y fundamentales; y que como lo ya cerrado, condicionarán las políticas económicas de los próximos años. Mientras tanto, y con los datos que ya se conocen, aún no está claro el destino del proyecto de ley que se conocerá este mes.

El kirchnerismo, hasta el momento, no dio ni dará su opinión formal sobre el acuerdo hasta que al Carta de Intención llegue al Congreso. La posición pública de Cristina Fernández de Kirchner no cambió desde su única aparición sobre el tema el 28 de noviembre pasado. La vicepresidenta puso en manos de Alberto Fernández, Sergio Massa, Juntos por el Cambio y algún kirchnerista perdido la responsabilidad de votar a favor el proyecto de ley de metas macroeconómicas plurianuales, que la semana del 6 de diciembre el Ejecutivo enviará al Congreso.

La letra de la norma será luego una presión para los técnicos y el Board del FMI para que avale el contenido de la Carta de Intención de eventual Facilidades Extendidas. Lo que se reserva la vicepresidenta es el poder de veto. No sólo al Presidente. Sino a toda la clase política que apoye el acuerdo. Si algún legislador decide no hacerlo, eventualmente podría tener su bendición o no. Hacia adelante, todo será así. En la carta pública que emitió ese día, se dejó en claro que ella se reservaba el derecho de no votar este acuerdo y de dejar en manos del Congreso Nacional -conformado tras la votación del 14 de noviembre pasado-, su éxito o el fracaso y su eventual denuncia pública si provocaba, según sus propias palabras "el hambre en el pueblo".

Algo de lógica tiene la posición. En realidad, la aprobación del acuerdo no depende de su voto; el que sólo aparecería si hubiera empate. Algo difícil de acontecer, si finalmente hay acuerdo para avalar la ley (como se supone ocurrirá) entre el Ejecutivo, los legisladores nacionales del oficialismo que no responden a la vicepresidenta (hoy muchos, especialmente los que dependen de los gobernadores) y la mayoría de los diputados y senadores de Cambiemos; no tendría que haber preocupación por lo que opine o desopine la titular del Senado sobre el proyecto de Facilidades Extendidas. Tiene espacio entonces para un lujo: tomarse más tiempo (quizá más allá del 2022) para no ser del todo clara en su posición definitiva, y dejar abierta la puerta de la disconformidad si lo cerrado no es de su agrado. Dejó sí en claro, la vicepresidenta y el resto del kirchnerismo, que responsabilidad final es de Alberto Fernández. Será sobre los hombros del Presidente que recaiga la sentencia final de la principal accionista de la coalición gobernante.

En el caso de JxC, tampoco hay novedades. Juntos por el Cambio apoyará en el Congreso un proyecto de ley sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), siempre que su contenido esté consensuado con el organismo financiero que maneja Kristalina Georgieva. Si este proyecto incluye metas fiscales, monetarias, cambiarias y macro generales que hayan sido negociadas y acordadas con el FMI, y no especulaciones del Gobierno nacional, los legisladores de la oposición no tendrían problemas en dar quórum y dar su voto positivo, tal el reclamo que ayer hizo el propio Fondo sobre el acuerdo que se negocia desde fines del 2021. Pero siempre que todo el contenido sea parte de la negociación y sean metas cerradas y consensuadas, y no especulaciones del oficialismo sobre lo que el Fondo debería aprobar.

"Si tiene el certificado de autenticidad, aceptamos". Con esta frase, una alta fuente del principal frente de la oposición confirmaba la posición del frente electoral, ante el anuncio de Alberto Fernández de enviar el proyecto y llamar a la oposición a discutir algunos temas económicos en el próximo Congreso Nacional, diseñado a partir de la elección del domingo, sobre la base del FMI bajo el algo pomposo título de "Programa Económico Plurianual". La segunda condición de JxC, es que antes de su apoyo público y total, haya una definición del propio bloque del oficialismo de Diputados, que comanda Máximo Kirchner, sobre si votarán o no a favor del proyecto. Y, otra vez, lo único que se sabe de este político, es que mantiene una posición pública que ya había expresado durante diciembre del 2021. Esta es clara, simple y, políticamente complicada: hasta que no se conozcan todos los números y porcentajes del Facilidades Extendidas, no habrá posición pública.