El cargo clave que el oficialismo posterga con complicidad de la oposición

El cargo clave que el oficialismo posterga con complicidad de la oposición

Desde el año 2009, la Defensoría del Pueblo de la Nación mantiene vacante el puesto del Defensor del Pueblo, máxima autoridad del organismo designado. La razón se debe a una falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos.

Luciana Gesto

Luciana Gesto

La Defensoría del Pueblo nació con la Constitución de 1994 pero la política logró ponerse de acuerdo con sólo dos candidatos para ocupar el cargo en los últimos 27 años. Esto resulta ser preocupante debido al rol que cumple la Defensoría en la sociedad, cuya función es la de representar los derechos de los habitantes ante los poderes del Estado y las grandes empresas. Actualmente, para aparentar la falta de acefalía, quien parecería ser la autoridad de la institución es el subsecretario general, Juan José Böckel, que si bien preside la institución, su cargo presenta muchas limitaciones. El subsecretario general obtuvo la dirección de la defensoría en 2015, después de reiteradas renuncias de defensores adjuntos a lo largo de los años.

“En 2016 el poder Judicial estableció que era inconstitucional la falta de nombramiento de la autoridad y le ordenó al Congreso que avance en un proceso de designación”, aclaró Clara Lucarella (Abogada del Programa Fortalecimiento de ACIJ) a elDiarioAR.

Igualmente, el Congreso Nacional estaría incumpliendo por décimo tercer año consecutivo con lo dictado por la propia Constitución Nacional, demostrando que la falta de acuerdo político antecede lo establecido por la ley. Siendo ya 2022, Argentina sigue sin un Defensor del Pueblo de la Nación. Dicho cargo resulta de vital importancia para la defensa de los derechos de los ciudadanos ante posibles faltas o abusos de poder cometidos por los poderes estatal, político y económico. Su rol es fundamental porque tiene la capacidad para poder intervenir en conflictos tales como desalojos, incremento de tarifas, problemas ambientales, represión, protesta social, etc. 

En febrero de 2021, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski, se reunió con el entonces jefe de gabinete, Santiago CafieroBelski le planteó la necesidad de que el oficialismo avance en la elección de una o un candidato para la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero, a cambio recibió una respuesta vacía diciendo que “era muy complejo”.

Lo que llama la atención, es que, ignorando la inconstitucionalidad del hecho, sigue sin ser tomado como tema de agenda (tanto por el oficialismo como por la oposición). Al parecer, no es un tema que convenga a los intereses en juego de los funcionarios actuales del Congreso de la Nación. El nombramiento de esta autoridad con mandato constitucional posee, al parecer, mucha más complejidad que la del Procurador General de la Nación (jefa o jefe de los fiscales del país) y que la de un juez o jueza de la Corte Suprema. 

El procedimiento consta de que la elección del futuro candidato cumpla con el siguiente requisito: debe ser elegido por los dos tercios de los presentes en ambas cámaras parlamentarias. Algo que parecería ser inalcanzable si consideramos la creciente grieta que, me animo a decir, llegó al punto de perjudicar a la política misma. 

En diciembre del año pasado, aproximadamente 40 ONGs realizaron una protesta en las cercanías del Congreso, bajo el lema “Defensor/a del pueblo YA”. “Tanto las y los nuevos diputados y senadores como quienes continúan en sus bancas deben superar las diferencias políticas y ponerse de acuerdo para saldar esta deuda con la sociedad que lleva más de 12 años”, explicaron las organizaciones en un comunicado.

 Si bien, como pasan los años y la situación no parece presentar cambios, la ciudadanía argentina no debe llegar al punto de acostumbrarse a este tipo de anomalías inconstitucionales. Lejos de interesarle al gobierno de turno y a la oposición, recae, en última instancia, a los argentinos hacerle recordar al gobierno la inconstitucionalidad permanente de eludir la designación del Defensor del Pueblo. Ya que será la figura, de carácter constitucional, que defienda los derechos de los argentinos, debiendo ser independiente de la política y teniendo la capacidad para dialogar con todos los sectores involucrados sin renunciar a su imparcialidad.

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