Portezuelo del Viento: un mal ejemplo del proceso de toma de decisiones

Portezuelo del Viento: un mal ejemplo del proceso de toma de decisiones

Ahora que se ha vuelto a instalar el tema es importante destacar que se está por cometer otro grave error por no tener un sistema sostenible de toma de decisiones.

Pablo Livio Cazabán

Pablo Livio Cazabán: Abogado, consultor en Compliance

En estos días se ha vuelto a reinstalar el tema de Portezuelo del Viento a partir de la posibilidad –no confirmada pero que es un secreto a voces– de darle los más de mil millones de dólares que se obtuvieran por el reclamo por los perjuicios de la prórroga de la promoción industrial a la provincias vecinas que iniciara de forma decida y valiente el gobernador Arturo Lafalla (1995-1999), continuara el gobernador Iglesias (1999-2003) y acordara el gobernador Cobos (2003-2007) con el entonces presidente Néstor Carlos Kirchner, y que definieran su pago en los gobiernos de Celso Jaque (2007-2011), Pérez (2011-2015) y Cornejo (2015-2019).

El punto principal en cuanto al destino de esa reparación se adoptó entre los gobiernos Cobos, con el entonces presidente Kirchner, y luego el presidente Macri y el gobernador Cornejo; acuerdos en el cual se determinó que los fondos debían ser utilizados en infraestructura de la represa de Portezuelo del Viento u obras hídricas.

Y es aquí donde debemos detenernos, dado que entiendo que se está por cometer otro grave error por no tener un sistema sostenible de toma de decisiones, que constituyen una de las reglas básicas del fortalecimiento institucional que uniforma el compliance público en el capítulo de la gobernanza.

Como se sabe, la decisión inicial de darle un determinado destino a esa cifra millonaria en dólares fue tomada de modo unilateral por parte del entonces gobernador Cobos y luego Cornejo, aceptando las limitaciones que impusiera el ex presidente Kirchner y luego Macri, despreciando cualquier tipo de aportes, opiniones o ideas del resto de los mendocinos. Sin dejar de mencionar que siquiera se puso en discusión si dicha suma debía ser coparticipada total o parcialmente a los municipios.

Esto que parece un tema menor, y que no lo es bajo ningún punto de vista, vuelve a tomar relevancia cuando surgen noticias respecto a que se estaría por tomar la decisión de dejar de lado el proyecto de Portezuelo del Viento ( no entraremos en la discusión de su utilidad, oportunidad y conveniencia) para destinar ese monto multimillonario a otros proyecto, que estaría siendo evaluados por el CEAS (Consejo Económico, Ambiental y Social), todos vinculados directa o indirectamente al tema del recurso hídrico.

En esta probable decisión de redirigir el destino de los fondos obtenidos por el oportuno reclamo de gobierno provincial en las postrimerías del siglo pasado y que se mantuvo como política de Estado por los restantes gobiernos, no debe ni puede cometerse el mismo error en el que incurrieron los anteriores gobernadores (Cobos y Cornejo) que desconocieron las más elementales reglas de la gobernanza; no referimos a que la toma de decisiones sobre esta suma extraordinaria de dinero (o sobre cualquier otro tema considerado estructural o de fondo) no puede ser tomada por una sola persona, más allá del importante cargo que temporalmente ocupa: tampoco, entendemos, se resuelve esa falencia dándole la intervención al CEAS dado que su representación es parcial e indirecta o a la legislatura para que refrende (Ley 7708)

Pensemos que estamos hablando de una cifra de libre disponibilidad equivalente a un tercio del presupuesto del año 2022 tomando la cotización oficial de la divisa norteamericana, teniendo en cuenta que se reciben dólares y no su equivalente en pesos argentinos. Esa cifra se duplica si toma la cotización del dólar contado con liquidación u operación similar, que sería posible realizar.

Tal vez se piense que este tema debe ser resuelto con celeridad y premura, pero nunca pueden aquellas excusa o motivo para renunciar o negar la necesidad de la sostenibilidad de la decisión.

Esa sostenibilidad responde a muchas variables que deben ser tenidas en cuenta, tales como lo financiero, económico, social, ambiental, cultural, político y electoral, teniendo cada una ellas otro número importante de subvariables.

Lo que mencionamos como una toma de decisiones sostenible, y que constituye nada más y nada menos que el concepto de fortaleza institucional, debe ser abordado y respetado en cualquier tema, mucho más en este que trasciende a varias gestiones de gobierno, sectores sociales y económicos, que implica un impacto en el matriz productiva de la provincia, que importan sus efectos a todo el territorio provincial – todos los municipios – y que afectará (para bien o mal) a generaciones futuras.

Los mecanismos participados de toma de decisiones – un tema central del compliance público- constituye la piedra basal de un sistema político democrático, republicano y social que no puede ser soslayado por apuros circunstanciales y menos por especulaciones electorales.

Seguramente una decisión correcta debe tener en cuenta la diversidad de la locación de las inversiones, los sectores económicos directamente beneficiados y priorizados, los sectores sociales impactados, la cuestión ambiental involucrada, entre otras variables a considerar.

Esa decisión que versa sobre el como, cuando, donde, quien, qué respecto a esa cifra extraordinaria, debe ser el resultado de un procesos inteligente y colectivo.

Sin duda alguna, el actual gobernador tiene la oportunidad histórica de corregir un error igualmente histórico que cometiera sus antecesores, estableciendo, ahora si, un mecanismo participado en la toma de decisión sobre el destino de esos fondos.

La opción es clara, o toma la decisión entre pocos o lo hace conforme las reglas del fortalecimiento institucional, con mecanismos precisos, transparentes y sostenibles.

Entendemos que esa decisión respecto al destino de esa cifra extraordinaria debe ser el resultado de una serie de consultas, discusiones y estudios en los cuales deben participar la mayor cantidad de colectivos sociales y la propia ciudadanía.

Para ello, se debería y se debe someter a discusión en distintos ámbitos tales como el mencionado CEAS, legislatura, asambleas sociales donde intervengan los organizaciones libres del pueblo u organizaciones sociedad civil, tales como cámaras empresariales, sindicatos u organizaciones de trabajadores, colectivos de la cultura o trabajo popular, científicos, partidos políticos con y sin representación legislativa, concejos deliberantes, solo por mencionar algunas, y sin descartar el plebiscito popular para el refrendo final .

Este proceso que otorgaría una amplia licencia social es imprescindible para no cometer nuevamente el error antes mencionado por los gobiernos anteriores y que no es más que la reiteración de yerro histórico cuando se dispuso de una cifra multimillonaria cuando se cobraron las regalías petrolíferas mal liquidadas de los ’90 en el siglo pasado, sin que la ciudadanía pudiese expresarse en ningún sentido.

No podemos recaer en la política de los hechos consumados so pretexto que obtener esa licencia social consumiría mucho tiempo, ya que se le otorgaría validez a una decisión inconsulta que pudo ser evitada.

Tal vez algunos digan que ese proceso es engorroso, que lleva mucho tiempo, que las urgencias son más gravitantes que las decisiones participadas, que ya el tiempo de consultar pasó, y una cantidad infinita de excusas; pero lo cierto es que el destino de esa cifra extraordinaria exigen procesos extraordinarios (que debieran ser ordinarios y habituales en el tiempo).

Es hora de para la pelota, de abrir el juego, de hacer parte a todos, de ser inteligentes y dejar de lado las decisiones unilaterales o de un pequeño grupo que más allá de sus loables fines no dejan de hacer primar intereses sectoriales o de algunos poderosos.

Pasaron 25 largos año desde que Lafalla inició el juicio por los perjuicios de la prórroga de la promoción industrial que rigió desde el año 1996 hasta el 2000; transcurrieron casi 16 años desde que la Nación (De Vido) y Provincia (Cobos) firmaron el acuerdo en el que se reconocían dichos perjuicios a cambio de que la Nación financiara la obra – nunca entenderemos por qué razón no se acordó una cifra concreta y que los mendocinos fijáramos su destino -; han pasado cuatro años desde que Nación (Macri) laudó en favor de la Provincia (Cornejo) por la construcción de la represa Portezuelo del Viento generando controversias anteriores y actuales con las hermanas provincias del COIRCO; hemos esperado 2 años - y seguimos esperando – para que se emita un nuevo laudo que finalmente resuelvan los conflictos dentro del COIRCO; y seguiremos esperando más tiempo hasta que se resuelva finalmente el conflicto por la represa.

Ante todo ese tiempo transcurrido, ningún gobierno tomó la decisión de implementar un procesos de toma de decisión participada para darle a ese dinero un destino que contara con legitimidad y licencia social.

Ya es hora que TODOS LOS MENDOCINOS podamos decidir en que, cuando, como y con quien invertir ese capital que es de TODOS y no de unos pocos

Del Gobernador es la responsabilidad de cambiar el rumbo


 

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