El Gobierno ya gastó casi la mitad de su paquete económico electoral

Unos 200.000 millones de pesos. Ese es el dinero que el Gobierno nacional ya tiene comprometido para gastar de aquí hasta después de las elecciones legislativas de noviembre; dentro del plan de expansión del dinero que las familias deberían tener en el bolsillo, con el objetivo político indisimulable de reconquistar el voto díscolo. O convencer a la gente enojada que no fue a votar de que vaya. Y que lo haga por el Gobierno.

Esos $200.000 millones son los fondos que los diferentes planes oficiales de expansión de beneficios tienen comprometidos; entre los que se encuentran la reducción del impuesto a las Ganancias, los planes vinculados con los trabajadores sin registrar, créditos para monotributistas y Pymes, las jubilaciones y las registraciones varias. Resta aún un número de dinero mayor, incluyendo los bonos para jubilados y pensionados, los nuevos IFE, créditos para trabajadores en relación de dependencia y más prestamos productivos.

Si se tiene en cuenta que el dinero que proyectó Martín Guzmán para aumentar el gasto público en este período electoral era de un total de 450.000 millones de pesos, correspondientes a un punto del PBI; le quedan al Gobierno un total de $250.000 millones. Sólo haciendo sumas y restas con el nivel de erogaciones que estarían comprometidas con las medidas que se vienen, ese dinero que proyectó el ministro de Economía queda corto. Y se estaría más cerca de la visión del kirchnerismo de dos puntos del PBI para atender "necesidades", que de lo que especificó Guzmán para esta etapa. En otras palabras, avanza la batalla final entre la ortodoxia socialdemócrata de Guzmán y el kirchnerismo duro.

Ya se mencionó en este espacio que el dinero apunta a unos 3 millones de votantes que eligieron al oficialismo en el 2019 y que el domingo de las PASO optaron por una de tres alternativas: no fueron a votar, lo hicieron en blanco o eligieron candidatos de izquierda. Haciendo números rápidos, la "inversión" apunta a gastar (millones más, millones menos) unos $150.000 por votante reconquistado. Y con esta estrategia alcanzar un mejor resultado en Santa Fe, San Luis, La Pampa, Chaco y, fundamentalmente, la provincia de Buenos Aires.

Si este fuera el resultado electoral de noviembre, se recuperarían los votantes idos, y se podría casi empardar la elección de diciembre del 2019. El Plan B es que en lugar de 3 millones se logre el retorno de unos 2 millones de personas, lo que no impediría la derrota en todo el país, pero mostraría un resultado más digno y casi un empate técnico con la oposición. Y luego habría un período de reconstrucción plena entre diciembre y marzo, donde serían tiempos de reedificación política y económica para lo que debería ser una segunda oportunidad de la gestión. ¿Alcanzará el volquete de semejante cantidad de dinero para la reconquista del electorado? Se verá.

Hasta aquí, se confirma que hay un triunfador por puntos en los primeros rounds, dentro de la batalla entre la ortodoxia socialdemócrata y el kirchnerismo duro. Son estos últimos al menos por ahora. Y hasta noviembre continuará Martín Guzmán como ministro intentando controlar que no haya un desborde fiscal inmanejable y que el dinero que se volcará en el mercado interno no dinamite su negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En estas discusiones el titular del Palacio de Hacienda continúa defendiendo la meta de desequilibrio primario en un tope de 4,5% para todo el 2021, y un 3,5% para el 2022; con un sendero decreciente hacia el equilibrio para el 2025. Sólo así habrá negociación exitosa con el FMI. Y Facilidades Extendidas antes o después de elecciones de noviembre, con tope definitivo de firma para marzo de 2022; mes en el que habría que pagarle al organismo unos US$4.050 millones, dinero que Argentina no tiene ni tendrá.

Por lo que se sabe, Guzmán mantendrá su estrategia hasta el final. Y defendiendo su propio modelo fiscal. Como se contó en estas columnas, el ministro le garantizó desde agosto pasado a la coalición gobernante que hay disponible mucho dinero para avanzar en políticas activas en el intento para convencer al electorado esquivo; y que los fondos podrían llegar a un nivel cercano (o levemente superior ) a un punto del PBI.

Es un total de 450.000 a 500.000 millones de pesos para acelerar partidas hasta el 14 de noviembre; sin alterar la barrera impuesta (y para el infranqueable) por el Presupuesto Nacional 2021; que indica la frontera de un desequilibrio entre ingresos y gastos de no más del 4,5% del PBI. La intención original de Guzmán era cerrar el ejercicio con un déficit primario de no más de 4%, como bandera dentro de la negociación que retomó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un acuerdo facilidades extendidas que debería firmarse antes de fin de año.

Al menos esto fue lo acordado en su momento con el kirchnerismo, antes de comenzar la campaña electoral. Según el ministro, esa barrera de 4,5% no impide que no pueda haber expansión monetaria en los próximos dos meses clave para que haya esperanza de mejorar la perfomance electoral del domingo pasado. Pero insiste en que superar ese nivel podría empeorar la situación económica difícil, especialmente en cuanto a las presiones inflacionarias y cambiarias. Y, obviamente, también las proyecciones de metas fiscales y monetarias en su negociación con el FMI.

La estrategia de Alberto Fernández en cuanto a la economía, es tener una segunda oportunidad hasta las elecciones de noviembre; para demostrar que su idea de recuperación de la economía a partir del crecimiento del mercado interno,  puede darse. Considera el equipo económico del presidente (no sólo Guzmán), en que para noviembre la evolución de la recuperación de hasta 8% del PBI sería real, especialmente con el lanzamiento de más dinero en la calle. Y que para el día después de las elecciones, el panorama cambiará sin grandes cambios en la tendencia y sin llegar a la radicalización que se propone desde el bando K. La respuesta final se obtendrá un día después de las legislaturas.