Por qué todos miran de reojo el conflicto que vive la Corte Suprema

La relación política entre las provincias y la Nación es compleja, está plagada de interese cruzados y tensiones. Ahora se le agrega incertidumbre, pues el organismo que puede mediar y decidir en esos litigios está atravesado por una crisis interna que lo hace indescifrable. Por eso todos, en particular en Mendoza, miran de reojo el conflicto de poder que afecta los 5 ministros de la Corte. 

Para Mendoza es particular, porque hay decisiones políticas que tienen como uno de los ingredientes una fase especulativa sobre lo que puada hacer la Corte Suprema. Se trata, nada menos, que de la adjudicación de Portezuelo del Viento, la obra de más de 1.000 millones de dólares que se busca hacer en el Río Grande y que tiene en la oposición de La Pampa a su principal obstáculo. Esa provincia ya presentó un amparo ambiental y es de cajón que volverá a la carga cuando la obra se adjudique. En el ámbito jurídico señalan allí la principal amenaza. De hecho desde Fiscalía de Estado advirtieron como uno de los condicionantes las trabas judiciales que pueda haber. 

En la Corte la puja de poder se encarna en Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, quien acaba de quedar como presidente. Pero ambos, que tienen guerra declarada, coinciden en algo en particular; su visión pro ambiente; de avanzar sobre los principios precautorios en litigios donde hay dudas. Justamente los argumentos que La Pampa impuso sobre Mendoza en la causa por el río Atuel y que puede tener para frenar Portezuelo del Viento. La misma Corte ya ha intervenido en conflictos similares, como ocurrió con las represas del Sur. Lorenzetti es "activista"; Rosatti más institucionalista. Pero ambos tienen una impronta ambientalista sobre la que han escrito y que la trasladan a sus decisiones. 

En el máximo Tribunal ya se acumulan 3 acciones para frenar Portezuelo. La principal presentada por el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto y su fiscal de Estado Lorena Schmidt. Otra casi gemela iniciada por la Fundación Chadileuvu y una tercera demanda realizada por la Asociación  Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos. Mendoza no ha sido notificada aún de ninguna de ellas. La clave puede estar en los actos útiles que hagan a la realización de la obra. Hasta ahora la licitación está en marcha, pero no hay adjudicación. Todo cambiará cuando se adjudique y se firme el contrato. 

El cambio de presidente genera más repercusiones políticas que jurídicas, pues hubo un cambio en el mecanismo de toma de decisiones de la Corte que relativiza el poder de quien conduce. Es que las decisiones se toman de manera colegiada. Los conflictos sí pueden demorar fallos, resoluciones y acuerdos. La provincia es testigo de cuánto puede demorar algo cuando no es prioritario. Pasa, por ejemplo, con la demanda que presentó el Estado local por las regalías de los Nihuiles, que se pagan a La Pampa y corresponden a Mendoza. El expediente está inmóvil.