Abogados de la Fundación Chocobar se defienden con una denuncia

Tras haber sido denunciados por la Inspección General de Justicia por el delito de estafa en relación a la Fundación Chocobar, dado que la misma según el organismo no se encuentra debidamente registrada ni tiene autorización para funcionar, los letrados contraatacaron con una demanda contra el titular de la IGJ, Ricardo Nissen.

Según la presentación a la que MDZ tuvo acceso y que recayó por sorteo de la Cámara Federal en el juzgado Federal 7 a cargo de Sebastián Casanello, los denunciantes manifestaron que mediante la resolución particular nro. 0000435 del 11 de agosto de 2021, "el Inspector General de Personas Jurídicas dispuso realizar una denuncia penal por presunto delito de estafa contra Luis Oscar Chocobar, Ricardo Daniel Galeano y contra los suscriptos. Además también dispusieron formular denuncia ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra el Galeano y contra los firmantes en nuestra calidad de abogados, por presuntas faltas a la ética profesional".

Con ese telón de fondo consideraron que “bajo el ropaje de una resolución administrativa la actividad desplegada por los funcionarios ahora denunciados tuvo, en realidad, la evidente intencionalidad de generar una persecución política contra los denunciados, utilizando para ello la estructura y los recursos de la Inspección de Personas Jurídicas”.

En lo “resuelto” se advierte una intención absolutamente ajena a los objetivos de la institución que representan los ahora querellados, ya que los pretendidos fundamentos evidencian, por lo pueriles, superficiales e inconsistentes que resultan, cuanto menos, impropios de un organismo de esa naturaleza”.

Siempre según el relato de los letrados en solo 48 horas se abrió un proceso administrativo, se ordenó (y se cumplió en 24 horas) un procedimiento de inspección sobre los “presuntos libros y registros” de la “Fundación Chocobar”, se recabó información (información que fue seleccionada deliberadamente) sobre las menciones en los medios de difusión sobre la “Fundación Chocobar”, dejando constancia de una colecta pública de donaciones, se habría verificado la existencia de una página web “creada en consecuencia con la indicación de los datos para efectuar depósitos quienes quisieran colaborar con ese objetivo y se concluyó el proceso dictando una resolución de 'condena'. Sí, en solo 48 horas. Un verdadero récord para la burocracia administrativa”, remarcaron.

Entre otros de los argumentos esgrimidos alegaron que “atribuyéndose facultades de las que carece, el Inspector General de Justicia decidió invadir el honor de Luis Oscar Chocobar, Ricardo Daniel Galeano y los suscriptos, sin más elementos que una especulación sin fundamentos e invocando su cargo para denunciarnos por una hipotética presunción de estafa”.

Añaden entonces que aquello no fue producto de un “error”, ya que "deliberadamente se sesgó la información pública, seleccionado parte de párrafos entero y obviando docenas de notas periodísticas y publicaciones en las redes sociales que dejaban en claro que no se había decidido crear una fundación para obtener donaciones, sino por el contrario, Chocobar había decidido usar el dinero ingresado a su patrimonio personal por donaciones espontáneas para crear una fundación”. Solo obviando deliberadamente esta parte fundamental de la historia (pública y notoria), los denunciantes pudieron armar la calumniosa denuncia de estafa.

Finalmente al requerir la apertura de la causa y que se cite a indagatoria a los funcionarios, los peticionantes arguyeron que la investigación practicada que llevara a la emisión de la resolución particular 0000435 de fecha 11 de agosto de 2021 de la Inspección General de Justicia, constituye los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de secretos.