Alerta por contaminación: piden imputar a funcionarios y exdirectivos de YPF por alterar un acuífero subterráneo

Alerta por contaminación: piden imputar a funcionarios y exdirectivos de YPF por alterar un acuífero subterráneo

El acuífero subterráneo del Río Mendoza está contaminado por la actividad de la refinería de Luján. Hay un proceso de remediación en marcha, pero investigan el aumento de la concentración de contaminantes en algunos pozos. La justicia pide imputar por contaminar a los responsables.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

El paisaje es bucólico. Viñas, cordillera y una ruta que une la provincia con Chile. Sin embargo hay un problema invisible y queda fuera de esa postal de Luján de Cuyo, en la zona de la refinería de YPF: el agua que corre por el subsuelo está contaminado con hidrocarburos; una realidad que fue escondida por años, aunque hoy hay más herramientas de detección que en esa época. Hubo acciones de mitigación, pero por la demora en el proceso de remediación la pluma de contaminación se expandió en un área que supera los 8 kilómetros de extensión, por más de 3 kilómetros de ancho en el “lago” subterráneo. Se trata del caso de contaminación más grave de los registrados en la provincia y que se produjo en la refinería de Luján de Cuyo, la segunda planta industrial productora de combustibles más grande de Argentina.

Ahora, según documentación a la que accedió MDZ, la preocupación crece. Desde el año 2018 comenzó un  complejo proceso de remediación para intentar sanear el agua. Pero en los últimos meses hubo un alerta: se detectaron anomalías en algunas mediciones porque hubo incrementos en la concentración de los contaminantes. Por eso hasta hay sospechas de que puede haber nuevos problemas. La presencia de nuevos indicios relacionados con mediciones que se fueron de lo esperable, es un dato que sugiere que el acuífero puede estar en riesgo nuevamente. Sin embargo, hay quienes piensan que las variaciones son parte de la dinámica del propio acuífero. 

La justicia había tenido un rol zigzagueante en el tema y ahora hubo un avance clave: la fiscalía de Delitos no Especializados pidió imputar a los ex funcionarios de Irrigación y exdirectivos de YPF que, a entender de la justicia, no ejecutaron a tiempo un plan de saneamiento como se habían comprometido.

El área impactada es parte de la subcuenca El Carrizal, zona de recarga del acuífero del Río Mendoza y que abastece a una zona productiva fundamental. Los dos contaminantes principales detectados son Benceno y MTBE, sustancias peligrosas que se usan para producir combustibles. Como explicó MDZ, los primeros indicios se dieron en la década de los 90, pero se mantuvo en secreto. Incluso los informes donde se alertaba del impacto fueron calificados como reservados. Recién en 2003 comenzó a transparentarse algo de la situación. A pesar de las alertas y los planes realizados, pasaron al menos 15 años sin que el plan elaborado y prometido haya entrado en plena vigencia. Hubo tareas de mitigación, pero el inicio del programa de remediación demoró. Si el sistema de remediación funcionara, se calcula que en 2032 podría concluir. Pero aparecieron nuevos indicios que podrían indicar algunos yerros en esos cálculos y una posible ampliación de la zona afectada. En el proceso de remediación ya se extrajeron más de 89 toneladas de contaminantes (según cálculos matemáticos de la consultora contratada para ese fin) y se han invertido unos 50 millones de dólares. 

El tema está en la justicia provincial, donde tuvo un zigzagueante recorrido. Sin embargo, ahora hubo un avance clave, pues además de dar por probado que se contaminó el agua (delito tipificado en el Código Penal) se avanzó en la negligencia por la falta de control y acción durante más de una década. Por eso desde la fiscalía de Delitos no Especializados elevaron un duro informe en el que se sugiere imputar a los funcionarios  ex directivos de YPF que tuvieron algo que ver. 

La causa está en esa unidad fiscal luego de un larguísimo recorrido y dos archivos intempestivos. De hecho  hasta cambió el sistema penal. Pero la clave fue la aparición de nuevos elementos. La jefa de la fiscalía de Delitos no Especializados, Laura Rousselle, elaboró un informe donde advierte sobre las irregularidades históricas que hubo y los nuevos hallazgos. Por una particular normativa interna, al haber involucrados funcionarios públicos debe pedir "asesoramiento" al Ministerio Público Fiscal, es decir a sus superiores. En el informe se mencionan a todos los ex jefes de Irrigación y algunos de la Refinería para su imputación o para que se les tome declaración informativa. El delito por el que se pide acusar está establecido en el artículo 55 de la ley de residuos peligrosos, que estipula con penas graves a quien "utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

El fiscal adjunto al que le recayó el tema se apartó por tener cercanía con uno de los posibles acusados. Y fue designado el fiscal Héctor Fragapane para "supervisar" la investigación y el pedido de imputación. El trámite se demora por un pedido de aclaración interna que hizo Fragapane. 

Desde las partes involucradas aseguraron no tener novedades sobre los movimientos judiciales, e informaron que el proceso de saneamiento y monitoreo sigue vigente. 

Alerta

Los monitoreos  del acuífero están a cargo de YPF, la Universidad Nacional de Cuyo y el INA (que audita toto).  A fines del 2019 comenzaron nuevamente los problemas. Las dudas están en la posible expansión de la zona contaminada y la razón por la cual se detectaron mayores concentraciones de contaminantes de lo esperado. En los informes del INA se advierten diferencias en las concentraciones detectadas por laboratorios diversos. 

En la red de pozos de agua que se monitorean frecuentemente hubo uno en particular que llamó la atención. El pozo S6A, que está en la periferia de la refinería y a poco menos de 2 kilómetros de un barrio se detectaron niveles más altos de los esperados de benceno y MTBA. Incluso se hallaron sustancias en “Fase Líquida no Acuosa”. Ambos indicadores hacen presumir que puede haber algún foco de contaminación activo, es decir que se esté impactando el acuífero nuevamente.

BTEX (Tolueno. Etilbenceno y xileno) y MTBE (Éter Metil Terbutílico) son las siglas de los productos contaminantes detectados y que se usan en la producción de combustibles. De ese grupo, el benceno es el más peligroso. En el caso del MTBE se genera una paradoja: comenzó a implementarse cuando se eliminó el plomo de las naftas, cuestión que mejoraría la calidad del aire. Pero en Mendoza la misma sustancia contaminó el agua. Las dos fuentes generadoras de la contaminación eran, según las investigaciones, una fuga en un tanque de almacenamiento 111 y otra en la zona de poliductos que transporta combustibles desde la refinería de Mendoza hacia el centro y el Este del país (San Luis, Córdoba, Rosario y hasta La Matanza). Ahora investigan si hay otra fuete que pueda generar problemas. 

El otro dato que llama la atención en las auditorías tiene que ver con la diferencia en los resultados analíticos entre el laboratorio de YPF y el de la Universidad Nacional de Cuyo. Por eso el propio INA y el INTI pidieron que se investigue las razones de esa diferencia. 

La "pluma" de contaminación tiene 8 kilómetros de largo. 

Sequía 

Mendoza está camino a tener otro año de sequía extrema, crisis que lleva más de una década. La falta de nieve en la cordillera hará depender cada vez más el abastecimiento de otras tres fuentes de agua: los glaciares, que están en retroceso, las lluvias de verano, que se espera que sean más frecuentes, y, sobre todo, el agua subterránea. Justamente se trata de áreas impactadas por las actividades productivas (como el agro y el petróleo) y que tienen como contra la falta de visibilidad. 

Los primeros informes sobre la contaminación en el acuífero surgieron en 1994 y fueron registrados por  el Centro Regional de Aguas Subterráneas (INA). Esos informes eran reservados: la petrolera, que entonces era propiedad de la española Repsol, firmó un contrato de confidencialidad que ahora puede representar un problema legal para los ex directivos de la empresa. Es decir, sabían que se había contaminado el agua y no hicieron nada. El informe secreto 148 del CRAS es el primero que advierte sobre la existencia de residuos químicos en el agua. Esos indicios se profundizaron en el informe 179 del mismo organismo precisa los posibles orígenes del problema. Ahora se mantiene el aporte de documentación porque aseguran que hay informes posteriores que salvan algunas de esas dudas y que "la barrera hidráulica funciona".

El Departamento General de Irrigación detectó contaminación en el acuífero en el 2000. Recién tres años después se emitió una resolución para intimar a la empresa a mitigar y remediar el problema. Pero nunca se concretó nada hasta 15 años después. Entre que Repsol - YPF supo del problema y comenzó a ejecutarse un plan, pasaron 24 años. Por eso, por ejemplo, la contaminación afectó a fincas de primera línea, como la gestionada por la empresa española Codorniú. YPF tuvo que sanear el problema y hasta compró fincas aledañas a la refinería. También hay asentamientos poblacionales afectados, pues se abastecen con agua de pozo.  Por eso en paralelo se investiga si hubo consecuencias para la salud de esa población por el consumo de agua durante décadas.

La planta de depuración y reinyección de agua, luego de ser saneada. 

La petrolera debía mitigar el impacto y sanear el acuífero. Por un lado se crearon "barreras hidráulicas" (desde el 2006), que constan de pozos para captar el agua contaminada para filtrarla y luego derivarla a los usuarios (fincas de la zona) o para el uso interno de la refinería. Los "tanques" que contienen a los filtros se pueden ver desde la ruta 7. Ese plan no alcanzaba y por eso se ideó la "tercera barrera hidráulica".  Se trata de un complejo sistema para extraer el agua, purificarla y reinyectarla en el acuífero a alta presión. Eso se realiza en la planta llamada Famben Sur, que está al sur de la ruta 7. 

Bajo la superficie hay un "lago" estimado en 1700 hectómetros cúbicos (en toda la subcuenca El Carrizal). Son más de 4 diques Potrerillos. De ese total, hay al menos 38 hectómetros cúbicos donde hay presencia de MTBE, un 2,2% de la subcuenca. Y, según el cálculo realizado por la empresa, hay un 0,3 por ciento del total impactado con benceno y las otras sustancias tóxicas.  La plata tiene una capacidad de procesamiento de 10 millones de metros cúbicos de agua que son extraídos, limpiados y reinyectados a las napas o distribuidos en las fincas que fueron afectadas por la contaminación.

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?