Memoria Activa pidió justicia y dijo que los fiscales los ignoran
Memoria Activa es una de las principales agrupaciones que forma parte del colectivo de organizaciones y actores que reclaman esclarecimiento y justicia en la causa del atentado terrorista a la AMIA, uno de los hechos más importantes y sangriento de la historia de Argentina. Hoy, en conmemoración de los 27 años de ocurrido el desastre, pidieron "tener fiscales idóneos y creíbles".
El acto de conmemoración y reclamo de justicia se realizó de manera virtual. Allí, volvieron a criticar al procurador Eduardo Casal por haber designado "al fiscal (Sebastián) Basso a cargo de la UFI AMIA para lavar, vaciar y cerrar la causa lo más rápido posible".
La agrupación nuclea a familiares de las víctimas de la AMIA, entre ellos se encuentra Diana Wassner, quien sostuvo que "en los hechos la UFI AMIA hoy es gerenciada por estrechos colaboradores del fiscal Alberto Nisman con la misma opacidad y ausencia de resultados" y pidió tener "fiscales idóneos y creíbles".
En el acto virtual hubo un reparto de reclamos que alcanzaron a funcionarios del entonces gobierno de Menem, a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y al del expresidente Mauricio Macri. En resumen, las solicitudes y reclamos no dejaron a ninguna gestión a salvo.
El abogado e integrante de Memoria Activa, Eial Moldavsky, fue el encargado de presentar el acto virtual. En su momento, sostuvo que "hubo un juicio a (Carlos) Telleldín y lo absolvieron. Elevaron la causa de Memoria Activa contra el Estado argentino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se hicieron públicas las presiones que ejerció el gobierno de Mauricio Macri contra los jueces".
Al respecto, aseguró que "la evidencia encontrada en el teléfono" de Darío Nieto quien fue secretario de Macri es otro "indicio más de la existencia de maniobras desde las esferas más altas del gobierno anterior para influir en el tribunal que estaba juzgando el encubrimiento del atentado a la AMIA".
Pero también cargaron contra quienes eran entonces funcionarios del Estado argentino. En este sentido, Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), reclamó al Estado "no haber prevenido el atentado" e incluso de intentar "tapar" y "desviar" la investigación.
Por su parte, confió en que "la Corte de acá a año y medio, dos años, va a sacar finalmente una sentencia donde termine de corroborar el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino, va a condenar al país y tenemos expectativas que fije algunas líneas de reparación muy importantes para las víctimas y familiares".
A su turno, Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa, aseguró que no tiene "esperanza de justicia" pero sí de que haya "condenas" ahora que la Corte Interamericana de Justicia debe emitir una sentencia y agregó "el Estado tiene que rendir cuenta de las cosas que hace". Además aseguró que "hace cuatro años" los familiares están "en la misma nebulosa" porque los fiscales "nos ignoran".