La justicia investiga las negociaciones con Pfizer

El juez Daniel Rafecas delegó al fiscal Ramiro González la investigación tras la denuncia presentada el 27 de mayo por el Dr. Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación y que, por lo tanto, se presentaba a fin de denunciar diversos hechos que daban cuenta que “en diversos medios periodísticos se ha difundido el contenido de una entrevista realizada el día domingo 23 de mayo del corriente en el programa La Cornisa. En ella, la Sra. Patricia Bullrich, exfuncionaria nacional y actual presidenta del partido Propuesta Republicana denunció que el contrato con el laboratorio Pfizer para la compra de vacunas contra el virus SARS COV-2 no había avanzado debido a conductas del exministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García que podrían ser penalmente reprochables (...)". 

Además, especificó: "(...) en particular la entrevistada hace referencia a que una de las condiciones impuestas por el Dr. González García fue la de utilizar un intermediario nacional. Y aseguró: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”.

Tras verificar las entrevistas, para dar impulso a la pesquisa, el fiscal solicitó varias medidas, entre ellas al Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, para que remita todos los expedientes y documentación -en soporte digital- relativa a las negociaciones efectuadas con la firma Pfizer, tendientes a la obtención de vacunas contra el covid-19.

También “toda la documentación -en soporte digital relativa a los términos en los que se efectuaron las pruebas sobre humanos de la vacuna elaborada por Pfizer contra el virus Sars Cov-2 en el Hospital Militar Central”. El mismo requerimiento fue efectuado a la empresa Pfizer Argentina para que remita toda la documentación

Una vez que se reciba y compulse toda la información que fue requerida, el fiscal González decidió fijar una audiencia para recibirle declaración testimonial a la Dra. Patricia Bullrich.

El Ministerio de Salud, por su parte, pidió en su presentación que se investiguen las declaraciones de la dirigente porque puede configurarse un delito, ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña. Y, además, podrían impactar en las negociaciones en curso.

Alegaron que tras lo manifestado en las entrevistas, el laboratorio Pfizer, al cual se le habrían puestos las condiciones para la adquisición de las vacunas, emitió un comunicado sosteniendo que “…no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19”.

“En virtud de la gravedad institucional que tiene, no solo para esta cartera, sino para toda la Nación la acusación realizada públicamente, es que se realizan las presentaciones con el fin de avanzar en la investigación de los extremos denunciados”.