Con apoyo opositor, Kicillof fue autorizado a comprar vacunas

Luego de arduas negociaciones entre el oficialismo y la oposición, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este martes la ley que autoriza al gobernador Axel Kicillof a comprar vacunas contra el coronavirus para "fortalecer" la campaña de vacunación ante el incremento de contagios en el marco de la segunda ola de la pandemia.

La iniciativa había sido aprobada la semana pasada en Diputados y fue sancionada definitivamente por unanimidad en el Senado, durante una sesión especial que fue convocada por la vicegobernadora Verónica Magario, informó la agencia de noticias Télam.

Con esta nueva ley, el Poder Ejecutivo bonaerense, a través de los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete, queda autorizado “a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado”.

La norma establece también que los contratos a firmarse deberán tener el aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado y, una vez firmados, deberán emitirse informes cada sesenta días a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Emergencia, que funciona en la Legislatura provincial y que tiene facultades para solicitar las cláusulas de confidencialidad de los contratos en los casos en que éstas existan.

Este último punto había sido exigido por el bloque Juntos por el Cambio (que tiene mayoría en el Senado bonaerense) para dar su aval a la ley, dado que amplía la transparencia de las negociaciones y achica posibles márgenes de conflicto político.

En sus fundamentos, el proyecto enviado por Kicillof expresa que en el contexto actual “se presenta como imprescindible dotar al Poder Ejecutivo (bonaerense) de las facultades que resulten necesarias para contribuir a mejorar la disponibilidad de dosis, estableciendo el marco jurídico que demanda esta clase de transacciones en el mercado internacional”. Se prevé, de este modo, facultar al Ejecutivo a iniciar negociaciones y celebrar contratos (incluyendo la moneda extranjera) que resulten necesarios para la adquisición de vacunas.

Con ese propósito, se propone admitir legislativamente que tales contratos contengan cláusulas de confidencialidad y condiciones de indemnidad patrimonial o prórroga de jurisdicción en los casos de litigio judicial.