Ley del Ministerio Público

Ministerio Público: la pelea de fondo es por el "gobierno" de Tribunales

El oficialismo insiste en impulsar la reforma de la ley que reglamenta la forma de elegir y el funcionamiento del Procurador y que determina cómo se juzga a los fiscales. Por qué es una ley clave para el andamiaje institucional. Mendoza puede ser el banco de prueba.

Pablo Icardi
Pablo Icardi martes, 18 de mayo de 2021 · 08:06 hs
Ministerio Público: la pelea de fondo es por el "gobierno" de Tribunales
Foto: Télam

Parece una decisión intempestiva, pero en realidad es sentido de la oportunidad: el oficialismo busca aprobar la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, una pieza clave en el andamiaje institucional, aprovechando que ahora está más cerca de conseguir los votos en la Cámara de Diputados. La estrategia, incluso, supone una superposición con la voluntad del presidente Alberto Fernández, quien había postulado a Daniel Rafecas como procurador pero el Senado ni siguiera inició el tratamiento de su pliego para supeditar todo a la modificación de la ley. La pelea de fondo es, en realidad, por el "gobierno" de Tribunales, por tratar de cambiar la puja de fuerzas.

El Procurador es quien conduce la tarea de los fiscales federales de todo el país, además de ser el "fiscal" principal ante la Corte. La ley apunta a modificar sensiblemente el funcionamiento de ese organismo; pero hay dos puntos clave que podrían generar, según la visión de los propios fiscales, una dependencia extrema de la política: el cambio de las mayorías para nombrar y para sancionar al Procurador. Entre otras cosas, alcanzaría la mitad más uno de los diputados para iniciar un juicio político y el Poder Ejecutivo podría pedir ese proceso, una facultad hoy exclusiva del legislativo. Además, le darían más poder a la política en el tribunal de enjuiciamiento de los fiscales.

La eliminación de las mayorías especiales es, aseguran los fiscales, "como poner la guillotina sobre la cabeza de cada fiscal" ni bien asume. El ejecutor sería quien tenga el poder. Incluso puede tapar otras virtudes que puede tener el proyecto, como la periodicidad en el cargo. En otros países los jefes de fiscales están mucho más atados a la política criminal de quien gobierna. En Argentina se le da un rol más independiente, en teoría. El proyecto tiene el rechazo del candidato propuesto por el Presidente: Rafecas aseguró que si avanza en el Congreso la ley, él declina de su postulación para ser procurador.

Los fiscales son importantes por la tarea operativa, pero su rol será protagónico en la administración de justicia. Para Mendoza y Santa Fe, por ejemplo, aún más. Es que son los dos distritos donde debe comenzar a regir el nuevo Código Procesal Penal con el sistema acusatorio, proceso en el que los fiscales pasan a tener el control de las causas como instructores, despojando de esa competencia a los jueces (quienes quedarían como garantes). Por eso la importancia de tener influencia en el armado del nuevo mecano del Poder Judicial.

El cargo deseado 

El procurador es un cargo "deseado" por la política. Tanto, que las tensiones partidarias son las que hacen que el cargo siga ocupado de manera interina. Actualmente Eduardo Casal es el Procurador. En el Gobierno lo llaman "ocupa", pero en realidad está en ese sillón por la vía legal. el problema de fondo es que la política no logra sortear sus propios obstáculos. La última procuradora designada fue Alejandra Gils Carbó, quien había sido nombrada por Cristina Fernández de Kirchner. La mujer renunció al cargo a pocos meses del cambio de gobierno y en medio de denuncias que la involucraron a ella y a su pareja por la compra de un edificio del propio Ministerio Público Fiscal.

Luego de la salida de Gils Carbó, Mauricio Macri postuló a la jueza de la Corte porteña Inés Weinberg de Roca. Pero no pasó el filtro político: nunca consiguió el consenso en el Senado para aprobar el pliego. Alberto Fernández retiró esa postulación y elevó el pliego de Daniel Rafecas. En paralelo desde el Senado, de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, impulsaron la reforma a la ley, subordinando cualquier movimiento a ese proyecto. Eduardo Casal quedó, mientras tanto, como procurador por ser el fiscal general de mayor antigüedad.

Rencores

El kirchnerismo asegura que "Tribunales está gobernado por el poder real". Identifican allí a lo que ellos llaman "poderes fácticos". Pero hay enconos particulares. Cristina encarna sus broncas, por ejemplo, contra la familia Mahiques. Juan Bautista Mahiques es el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires y para Cristina Fernández es la "suma de los males del Poder Judicial". Más cuando se analiza los roles que tuvieron los otros integrantes de la familia en causas relacionadas con la vicepresidenta. Carlos Alberto es juez de Casación y fue funcionario de María Eugenia Vidal. Llegó a su actual cargo gracias al apoyo del Consejo de la Magistratura. Ignacio, hermano del Procurador porteño, es uno de los fiscales que más investigó a Cristina y a su familia.

A los Mahiques el kirchnerismo los acusa de ser parte del "plan macrista" dentro de la justicia. Incluso, con capilaridad en las provincias, pues lo vinculan, por ejemplo, con el actual presidente de la Cámara Federal de Mendoza. Curiosidades de la vida de Tribunales: la Cámara Federal de Mendoza avala la investigación sobre el juez Walter Bento que lleva adelante el fiscal Dante Vega, a quien propios y extraños consideran un allegado al oficialismo. El propio Vega fue respaldado por Casal, quien habilitó el trabajo de dos fiscales para ayudar en esa misma causa.

La interna en la Justicia Federal local incluye la aplicación del Código Procesal Penal. En el Gobierno nacional aseguran que ni Casal ni la Cámara ponen la energía suficiente para aplicarla.

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